Las buenas noticias van llegando con cuentagotas cuando han transcurrido ya ocho meses de pandemia. Si el lunes saltaba a la luz que la vacuna de la farmacéutica Pfizer y la alemana BioNTech contra la Covid tiene una efectividad que supera el 90%, desatando la euforia a nivel mundial, este miércoles el Gobierno anunciaba que España va a exigir a los viajeros internacionales procedentes de países de riesgo una PCR negativa en las 72 horas previas a su llegada para poder entrar en el país. Dos noticias que, si bien por sí mismas no constituyen ninguna garantía de recuperación económica plena a corto plazo, sí insuflan algo de aire al sector turístico en el momento más crítico de su historia reciente.
El anuncio de una suerte de 'pasaporte sanitario', que va a sumarse a los controles que ya se llevan a cabo a los pasajeros internacionales, como la medición de la temperatura corporal, ha sido bien recibido en distintos ámbitos del sector turístico, que lleva meses reclamando al Gobierno la puesta en marcha de estos corredores seguros. Aunque en un principio se optó por permitir la entrada de turistas sin prueba PCR para no perjudicar a los negocios, ahora las patronales consideran que la inversión en estos test es nimia en comparación con el ahorro directo que obtendría el Estado de la reactivación económica del sector y la desafectación de miles de trabajadores de los expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).
Dicho lo cual, los empresarios siguen reclamando la ampliación de los ERTE hasta el 30 de junio de 2021, la reducción del IVA turístico al 7% hasta 2022 y determinadas bonificaciones o exenciones en los impuestos recaudados por las comunidades autónomas y municipios, entre otras medidas de choque para encarar los próximos meses con garantías de supervivencia. Así lo reclamaba este miércoles la Mesa del Turismo, que elevaba hasta los 135.000 millones de euros su estimación de las pérdidas que el sector sufrirá este 2020 como consecuencia de la pandemia y abogaba por la implementación "inmediata" de corredores aéreos seguros como estrategia para reactivar la llegada de turistas a España a partir de abril de 2021.
Dicho y hecho. A partir del 23 de noviembre, España pedirá un test PCR negativo a todos los viajeros internacionales que lleguen de países de riesgo, tomando como referencia los criterios contemplados en la Recomendación UE 2020/1475, del 13 de octubre, sobre un enfoque coordinado de la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia de Covid-19 en el caso de los países de la UE y Schengen. En cuanto a los países terceros, la referencia básica será la incidencia acumulada por 100.000 habitantes en 14 días. En líneas generales, las zonas de riesgo son aquellas en las que los nuevos contagios superan los 50 casos por cada 100.000 habitantes y el porcentaje de test positivos es de más del 4% o cuando los nuevos casos notificados rebasen los 150 por 100.000 habitantes.
Como novedad, el Formulario de Control Sanitario que todo pasajero debe cumplimentar antes de su entrada en España recogerá a partir de ahora una pregunta sobre si dispone de una PCR negativa realizada en las 72 horas previas a la llegada a España. En cualquier momento, se podrá solicitar al pasajero la acreditación del resultado de la prueba, que podrá ser presentado en formato papel o electrónico. Aquellos pasajeros que, tras la realización de los controles de temperatura visual o documental, se determine que existe sospecha de que puedan padecer Covid-19 deberán someterse a la realización de una prueba diagnóstica en el aeropuerto, a su llegada a España, según han explicado desde el Ministerio de Sanidad.
La ministra de Turismo, Reyes Maroto, admitía tras conocerse la noticia que se trata de una medida muy esperada, ya que desde el punto de vista del mercado turístico aporta confianza en cuanto a la seguridad en la movilidad. Asimismo, consideraba que con la exigencia del PCR se refuerzan los controles que ya se estaban haciendo en puertos y aeropuertos, y adelantaba que se requerirá un incremento del personal de Aena para una mayor supervisión. Además, matizaba que en el caso de Canarias, que es actualmente un destino turístico abierto, refuerza la orden que había publicado el Ejecutivo autonómico, que también exige PCR negativo a los turistas, tanto nacionales como internacionales, que se alojen en algún complejo turístico del archipiélago.
Entre los principales afectados por la medida se sitúan las aerolíneas, que valoran positivamente la estrategia de los corredores seguros en un momento en el que, tras el levantamiento de las restricciones a la movilidad en verano, la ansiada recuperación se ha visto frenada por la nueva oleada de contagios de Covid y la sucesión de vetos europeos a los viajes a España. Unas turbulencias que, sumadas a unas pésimas previsiones para la temporada de invierno, han obligado a rehacer las estrategias empresariales para ahorrar costes volviendo a incorporar a sus trabajadores a los ERTE para así traspasar las nóminas al SEPE y que sea la Seguridad Social la que se haga cargo de la factura de las cotizaciones sociales durante los próximos meses.
Persisten las incertidumbres
Las perspectivas para los próximos meses son poco optimistas. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) augura que durante toda la temporada de invierno, que engloba hasta febrero de 2021, las operaciones seguirán en el entorno del 50% en comparación con el mismo periodo del año pasado. La patronal aérea, que agrupa a unas 80 compañías que operan en el mercado español, advierte además de que no se recuperarán los niveles de demanda previos a la pandemia hasta 2024. Con todo, medidas como las PCR negativas obligatorias en origen, unidas a las buenas noticias que llegan respecto a la vacuna, podrían favorecer una recuperación más temprana, según auguran fuentes del sector que avisan, no obstante, de que la incertidumbre sobre la evolución de la crisis sigue siendo muy elevada.
Por un lado, la PCR negativa en el país de origen puede evitar contagios durante el vuelo, pero es imposible asegurar que los pasajeros no están incubando el virus y pueden propagarlo en el destino. Es una forma, en definitiva, de limitar la llegada de asintomáticos, pero sin cuarentenas en destino (algo que sí remataría al sector turístico) no hay garantías absolutas de evitar la entrada de infectados en el país. Por otro lado, las probabilidades de que la vacuna de Pfizer y BioNTech salga al mercado son muy altas, pero siguen existiendo dudas sobre su eventual eficacia. El Gobierno espera recibir 20 millones de dosis con las que se podrá vacunar a 10 millones de personas contra el coronavirus -se requieren dos dosis por persona- si bien el presidente Pedro Sánchez anunció hace unos días que las primeras campañas de vacunación no llegarían a nuestro país hasta mayo de 2021.
