Pastor califica de "problema gordo" la situación de las autopistas en quiebra

  • La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha calificado hoy de "problema gordo" la situación de las autopistas españolas en concurso y las elevadas cuantías que la justicia obliga a pagar a los propietarios de los terrenos expropiados para su construcción.

Barcelona, 27 sep.- La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha calificado hoy de "problema gordo" la situación de las autopistas españolas en concurso y las elevadas cuantías que la justicia obliga a pagar a los propietarios de los terrenos expropiados para su construcción.

Durante una visita al Salón Náutico de Barcelona, Pastor ha recordado que en las autopistas en concurso la ocupación que se había previsto "no cubre ni el 25 % de lo esperado", lo que las ha llevado a la actual situación de quiebra.

A este problema se suma el elevado precio que la Administración tiene que pagar por las expropiaciones, ya que en muchos casos el precio final fijado por los tribunales por un metro cuadrado en un secarral de Toledo, ha dicho la ministra, "es como un metro cuadrado en la Castellana de Madrid" o una de las principales vías de Barcelona.

Por todo ello, Pastor, ha reconocido que se trata de un "problema gordo y embalsado".

Precisamente, según publica hoy el diario Cinco Días, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJC) ha notificado esta semana a las partes un auto de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a Fomento a hacer frente a las reclamaciones de los expropiados por la construcción de las autopistas en concurso, como la madrileña Radial 3 y un tramo de la circunvalación M-50 cercano a Vallecas.

Los expropiados, según el auto al que hace referencia Cinco Días, deben cobrar en un plazo de dos meses desde la notificación, con lo que la deuda quedaría saldada antes del cierre del ejercicio.

La ministra Pastor ha subrayado que el Gobierno va a cumplir "con los compromisos de la Administración de Justicia", aunque también va a defender sus intereses.

Si todos los afectados reclamaran, la deuda de Fomento ascendería a unos 2.000 millones de euros.

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