El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha tomado dos decisiones de calado en el marco del plan de choque contra las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania: por un lado, el incremento del 15% de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital, que ya está en vigor, y por otro lado, el aumento de la nómina de las pensiones no contributivas en la misma proporción, que operará a partir del próximo mes de julio. Ambas medidas, destinadas a proteger las rentas de 1,7 millones de ciudadanos vulnerables, estarán en vigor hasta finales de año, cuando el Gobierno tendrá que decidir si las considera un derecho adquirido de cara al próximo ejercicio y consolida el gasto en los Presupuestos o da marcha atrás y recorta ese 15% extra en las ayudas a estos colectivos de rentas bajas.
La subida del IMV está vigente desde el pasado 1 de abril. El Gobierno incorporó el incremento del 15% en el decreto anticrisis que estará en vigor más allá del próximo 30 de junio. El Ejecutivo ya ha confirmado que se prorrogará este escudo social al completo y que se incorporarán nuevas medidas que aún se están debatiendo entre el PSOE y Unidas Podemos. Pero lo que es seguro es que la prestación del ingreso mínimo, que se ha visto incrementada en abril, mayo y junio, continuará inflada, al menos, durante los próximos tres meses, en concreto, hasta el 30 de septiembre, según lo anunciado por el presidente Pedro Sánchez. Si bien el ministro Escrivá ya ha adelantado su intención de mantener el aumento del 15% hasta final de año.
El titular de la Seguridad Social hizo este anuncio el pasado jueves, al ser preguntado durante la presentación del avance de afiliación quincenal sobre la posibilidad de mantener activa la medida hasta diciembre. "Estamos trabajando, pero el real decreto todavía no está terminado. El horizonte es que las medidas de protección social se extiendan hasta final de año", afirmó el ministro. Así, Escrivá adelantó que mantendrá intacto el incremento del 15% en el IMV durante los próximos seis meses y que replicará ese alza en las pensiones no contributivas, para las que contempla un "diseño análogo" al de los beneficiarios del ingreso mínimo.
Hay que recordar que, a cambio de su abstención en la ley de planes y fondos públicos de pensiones, Escrivá pactó con Bildu aumentar un 15% las pensiones no contributivas, que son aquellas por invalidez o jubilación que se conceden a quienes se encuentran en situación de necesidad, no tienen recursos propios y nunca han cotizado… o si lo han hecho, no lo suficiente como para alcanzar el mínimo exigido que permite cobrar una pensión contributiva. El acuerdo alcanzado con los abertzales recoge que el Gobierno incluirá esta medida en la prórroga del decreto anticrisis y que la mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2022, "cuando sean los Presupuestos Generales del Estado de 2023 los que deben determinar la revalorización".
En este sentido, Bildu aspira a que el Ejecutivo mantenga el incremento del 15% en las pensiones más bajas en los próximos Presupuestos, pero no está claro que vaya a ser así. Es la 'patata caliente' de Escrivá, que tendrá que decidir en el último trimestre del año si incorpora esta medida a las negociaciones presupuestarias, primero en el seno del Gobierno y después con los socios parlamentarios y el resto de fuerzas políticas de la oposición. Y lo mismo con el Ingreso Mínimo Vital. El ministro de Seguridad Social deberá determinar una vez finalizado el plazo de aplicación del incremento del 15% si lo mantiene de cara al próximo año o lo elimina para volver a la nómina anterior. Una decisión compleja que dependerá en gran medida de la evolución de la inflación en la recta final del año.
Suprimir este derecho supondría adoptar una decisión absolutamente impopular y el ministro es consciente de ello. Entre los 1,2 millones de beneficiarios del IMV que figuran en la actual nómina mensual del Ministerio y el medio millón de perceptores de pensiones no contributivas suman 1,7 millones de ciudadanos en situación de vulnerabilidad frente a los que Escrivá tendrá que justificar su decisión. No es fácil, porque el ministro debe tener en cuenta la factura que supondría mantener el alza del 15% para ambos colectivos. Para este ejercicio, el incremento de las pensiones no contributivas va a suponer un coste mensual de unos 30 millones de euros (180 millones hasta final de año) y el del IMV también implica unos 30 millones al mes (270 millones en total, ya que se aplicó desde abril).
Explicaciones a Bruselas
En total, un gasto extra de 450 millones de euros en 2022 que, de mantenerse la medida para el año próximo, se elevaría por encima de los 700 millones de euros que se consolidarían en los presupuestos anuales y que irían in crescendo, ya que el Gobierno aspira a ir aumentando paulatinamente los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital, mientras los perceptores de pensiones van creciendo cada año por la propia evolución demográfica. Un escenario de incremento del gasto público que el Gobierno tendrá que justificar ante Bruselas en un momento en el que la Comisión Europea ya ha advertido a España de que debe poner coto al gasto, especialmente cuando va a aprobar una subida histórica del conjunto de las pensiones públicas para garantizar el mantenimiento de su poder adquisitivo ante la escalada del IPC.
Y es que para 2023, Bruselas ha instado a España a "proseguir una política fiscal encaminada a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar una reducción gradual de la deuda que sea creíble y la sostenibilidad de las finanzas públicas". También ha avisado al Gobierno de que, aunque las reglas fiscales estén suspendidas, esto no implica una 'barra libre' en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que continúa vigente, ya que la cláusula general de escape "permite una salida temporal de los requisitos presupuestarios normales, siempre que ello no ponga en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo". Y ha anunciado que en otoño de 2022 volverá a evaluar la pertinencia de proponer la apertura de procedimientos de déficit excesivo sobre la base de los datos de ejecución de 2021.
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