En caso de que no haya una compensación suficiente

Pimec gesta la primera causa masiva de empresas contra las AAPP por la Covid

La patronal catalana de la pequeña y mediana empresa encarga un informe jurídico para cimentar una posible reclamación colectiva de daños y perjuicios a Estado y Generalitat por la gestión de la pandemia.

El presidente de Pimec, Josep González, quiere forzar a las AAPP a reparar los daños causados a las empresas.
El presidente de Pimec, Josep González, maniobra para compensar los daños a las empresas.
Pimec

"Nuestra intención no es iniciar una ofensiva jurídica contra las Administraciones Públicas pero sí  queremos dotarnos de las herramientas necesarias para fortalecer nuestra posición a la hora de reclamar medidas justas para el tejido empresarial". El presidente de la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa, Pimec, Josep González, ha justificado así este viernes la decisión de la organización empresarial de encargar un informe jurídico para tener una fotografía clara de los canales a disposición de las empresas para exigir una reparación a las Administraciones Públicas, tanto la del Estado como la Generalitat, por los daños causados por las restricciones e incluso cierres de negocios decretados en el marco del estado de alarma declarado para contener la propagación de la Covid-19, en caso de que éstas no ofrezcan compensación alguna por ello.

Se trata de la primera iniciativa de esta naturaleza que patrocina una gran organización empresarial, aunque sea una posibilidad que muchas organizaciones sectoriales llevan valorando desde hace tiempo ante la falta de respuesta de las Administraciones Públicas a sus reivindicaciones. El presidente de Pimec ha realizado un nuevo llamamiento a las Administraciones Públicas de todo tipo para agilizar las compensaciones a las decenas de miles de negocios "que están en riesgo de quiebra para las restricciones a la actividad y los cierres a los que han sido obligados" por las decisiones que éstas han tomado. "Sin ayudas justas", ha advertido Josep González. "tendremos más cierres de negocios de los que habrían sido posibles y a las Administraciones les saldrá más caro", en términos de menos empleo, menos cotizantes y menos empresas en actividad.

El presidente de la organización empresarial defiende que la salud pública debe ser compatible con la actividad de las empresas y cuestiona las restricciones impuestas por las autoridades que no ve justificadas y que están causando un perjuicio que será irreparable en el caso de muchos negocios. "Sin pymes y autónomos no habrá generación de riqueza, sin pymes y autónomos no habrá futuro", ha advertido en el transcurso de la jornada 'Rescatar a las pyme, rescatar a los autónomos' en la que ha reivindicado una actuación más decidida de apoyo al tejido empresarial por parte de lo público.

Josep González pone en el punto de mira el estado de alarma de seis meses decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que en su opinión supone una carta blanca para que las Administraciones prolonguen las actuales restricciones e incluso impongan otras nuevas con un mínimo control parlamentario. Y es la posible falta de fundamentación jurídica de esas medidas el flanco débil por el que el catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de Girona, Joan Manuel Trayter, al que Pimec ha encomendado ese informe jurídico, se podría reclamar una reparación económica por el daño causado a la Administración.

Responsabilidad patrimonial de la Administración

El catedrático entiende que hay base jurídica para reclamar a la Administración el perjuicio económico causado por la limitación de aforos, las restricciones de movilidad y por supuesto por los cierres decretados por las autoridades en el contexto de la pandemia siempre que los afectados demuestren la existencia de un daño efectivo, evaluable económicamente e indemnizable. "La legislación es muy generosa en este aspecto...la que no es tan generosa es la interpretación que hacen los tribunales de estos principios", advierte el profesor Trayter.

Desde su punto de vista, el principal desafío es la acreditación de la relación directa entre las medidas adoptadas por la Administración y el perjuicio económico causado. En este sentido, el catedrático entiende que desde la Administración se podría alegar que las medidas adoptadas se justifican por una causa de fuerza mayor ajena a su actuación e imprevisible, como es una pandemia, pero también advierte que existe la certeza de que la crisis se podría haber gestionado con la aplicación de medidas menos dañinas para el tejido empresarial, lo que avalaría el derecho a reparación.

De momento, Josep González ha avanzado que Pimec no prevé promover ninguna actuación a corto plazo, a la espera de que tanto desde el Estado como desde la Generalitat se actúe de forma más decidida para compensar a los negocios afectados por las restricciones impuestas por las autoridades.

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