En el diálogo social, como en la política y en la vida misma, en ocasiones, tres son multitud. Es la conclusión a la que han debido llegar la patronal y los sindicatos para crear una mesa bilateral de negociación sobre la reforma laboral, al margen del Ministerio de Trabajo. La intención de las organizaciones empresariales (CEOE y Cepyme) y sindicales (CCOO y UGT) es abordar de manera conjunta los aspectos en los que podría haber cierto consenso, así como aquellos donde se antoja más difícil llegar a un acuerdo, para plantear después a Yolanda Díaz un punto de partida. La ministra ya ha remitido a Bruselas su plan de reformas y ahora sí, se activa la maquinaria para la derogación de los aspectos más lesivos de la legislación vigente.
La idea de los interlocutores sociales es "marcar el timing y las prioridades" en materia laboral, según explican desde dentro de las organizaciones. "La mesa todavía no está operativa, pero la primera reunión se celebrará próximamente", avanzan las fuentes consultadas. El objetivo, añaden, es "saber en qué punto estamos". Cabe recordar que, antes de que se interrumpieran las conversaciones por el estallido de la pandemia en marzo de 2020, patronal y sindicatos ya habían alcanzado amplios consensos sobre algunos de los aspectos capitales de la reforma, en el seno de la mesa tripartita con el Ministerio. La intención ahora es retomar esos trabajos.
El debate comenzará por la derogación de los aspectos de la normativa aprobada por el Partido Popular en 2012 que el Gobierno de coalición ha señalado como "más lesivos". Recuperar la prevalencia del convenio sectorial y la ultraactividad son temas en los que la patronal podría ceder, pero el asunto de la limitación de la subcontratación a la actividad principal de la empresa es espinoso. Los empresarios ya se plantaron ante la propuesta de Trabajo, compartida por los sindicatos, por entender que apareja graves consecuencias para el tejido productivo y el empleo. Pero ahora Yolanda Díaz tiene además el respaldo del Tribunal Supremo, lo que complica la baza patronal en este asunto. "Va a ser la gran batalla", auguran desde CEOE.
Pero hay otros muchos asuntos a abordar. El pasado 19 de enero el Gobierno trasladó a los agentes sociales un documento que recoge las reformas relativas al mercado laboral remitidas a Bruselas en el ámbito del Plan de Reformas e Inversiones necesario para acceder a los fondos europeos. El texto, al que ha tenido acceso La Información, contempla hasta 17 reformas "para un mercado laboral dinámico, resiliente e inclusivo". El Ministerio de Trabajo, así como el de Seguridad Social y, en conjunto, el área económica del Ejecutivo, se comprometieron a abordarlas y concretarlas en el marco del diálogo social, pero, previamente, patronal y sindicatos mantendrán su propia discusión en la mesa de negociación bilateral.
En el citado documento aparecen algunas reformas ya implementadas, como la del trabajo a distancia o las dirigidas a reducir la brecha de género, así como las que se pretenden llevar a cabo en el ámbito de la negociación colectiva o de la subcontratación de actividades empresariales. También figuran otras en proceso de negociación, como la regulación de los trabajadores de reparto de las plataformas digitales, los conocidos como riders. Esta última, por cierto, se encuentra atascada por la negativa de la patronal a laboralizar al colectivo de falsos autónomos, tal y como ha dictaminado el Tribunal Supremo. Esta semana está prevista la que se espera que sea la última reunión y el Ministerio ya ha advertido de que no renunciará a su responsabilidad de legislar por el veto de la CEOE.
En paralelo, se contemplan otras reformas como la modernización de la normativa sobre expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para avanzar hacia un modelo permanente que refuerce esta herramienta de flexibilidad interna frente a los despidos, financiado a través de un fondo tripartito entre Estado, empresas y trabajadores. También se busca reordenar las modalidades de contratación laboral para generalizar el contrato indefinido, devolviendo la causalidad al contrato temporal. Todo ello, junto a una revisión de las bonificaciones a la contratación para focalizarlas en los fijos y en la empleabilidad de los parados.
Esos son, a grandes rasgos, los cambios de mayor calado que planea el Gobierno en materia laboral a medio plazo. Todos se abordarán en el marco del diálogo social y previamente serán analizados en la mesa bilateral entre los sindicatos y la patronal. La ministra Yolanda Díaz, en cualquier caso, ya ha advertido de que el Ejecutivo legislará en este ámbito aunque no haya acuerdo con los interlocutores sociales, porque no se va a otorgar derecho de veto a los empresarios. Toda vez que los sindicatos, en líneas generales, comparten la agenda del Gobierno en lo que se refiere a las modificaciones previstas sobre la regulación del mercado de trabajo.
Es más, las organizaciones sindicales están presionando al Ejecutivo para que empiece a desplegar las medidas laborales cuanto antes. CCOO y UGT han acordado llevar a cabo movilizaciones para pedir al Gobierno de coalición que cumpla con las reformas comprometidas. En concreto, exigen el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) -ahora congelado en 950 euros mensuales tras el fracaso de las negociaciones por el plante de la patronal a finales del año pasado-, la derogación de las reformas laborales y la supresión de la reforma de pensiones del año 2013. Los sindicatos defienden que "ahora sí toca" y han convocado movilizaciones para presionar al Ejecutivo desde este jueves, 11 de febrero.
