La investidura de Pedro Sánchez ha dado el pistoletazo de salida a una nueva etapa política y no hay tiempo que perder en ningún ámbito, tampoco en el diálogo social. Tras prometer ayer su cargo, el presidente del incipiente Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos dará a conocer la composición de su Ejecutivo la próxima semana y en cuestión de días los ministros y ministras tomarán posesión. En todas las quinielas gana enteros la diputada de En Marea Yolanda Díaz para tomar las riendas del Ministerio de Trabajo en sustitución de Magdalena Valerio y los representantes de empresarios y trabajadores ya se están preparando para la primera toma de contacto con la que va a ser la responsable de pilotar la política laboral durante esta legislatura.
La patronal y los sindicatos esperan ser citados a la mayor celeridad en el Palacio de la Moncloa. Así sucedió en junio de 2018, cuando Sánchez recibió a los agentes sociales apenas 10 días después de tomar posesión como presidente del Gobierno tras desbancar a Mariano Rajoy con una moción de censura. Él y Valerio departieron con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, y los entonces presidentes de CEOE y Cepyme, Juan Rosell y Antonio Garamendi. Fueron los primeros invitados a la Moncloa de Sánchez, un gesto del líder socialista para dar prioridad al empleo y las pensiones en el nuevo periodo político. Y en aquella reunión quedó claro que el PSOE no derogaría la reforma laboral, sino que se limitaría a modificar sus aspectos "más lesivos".
En esta ocasión, tanto la patronal como los sindicatos también esperan ser los primeros llamados a la Moncloa. Pero todo apunta a que la interlocutora en el área de Trabajo habrá cambiado. Será Díaz quien ocupe ese sitio en la nueva mesa del diálogo social que abrirá la coalición progresista, aunque no se descarta que Valerio pueda conservar un puesto destacado en el apartado de la Seguridad Social y, por tanto, un sitio en la mesa, toda vez que la gestión de las pensiones seguirá bajo el mando del PSOE. Todo esto, siempre según ha trascendido en las últimas semanas de las negociaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para el diseño de la estructura de su gabinete conjunto.
Fuentes de ambos frentes del diálogo social bipartito dan por hecho que la cartera de Trabajo cambiará de titular y preparan el terreno para la política laboral que se avecina con Díaz al mando. Del bando empresarial advierten de una apuesta por la liquidación de la reforma laboral mucho más firme que en la anterior legislatura y de los riesgos de elevar los costes laborales a las empresas. Mientras, los sindicatos valoran que este será el Gobierno de la recuperación de los derechos de los trabajadores y dan la bienvenida a medidas como la subida del salario mínimo (SMI).
Precisamente el SMI será una de las cuestiones a tratar en este primer encuentro. Sánchez e Iglesias han pactado avanzar progresivamente a lo largo de la legislatura hasta alcanzar el 60% del salario medio, lo que según algunos cálculos supone unos 1.200 euros. Si bien han acordado consultar previamente a los agentes sociales. No quieren repetir errores del pasado, pues hay que recordar que ambos líderes se saltaron el diálogo social cuando fijaron el SMI para 2019 en 900 euros a puerta cerrada en las negociaciones para los Presupuestos fallidos. Patronal y sindicatos pusieron el grito en el cielo por aquel pacto.
Ahora van a hacer las cosas bien. Pero los tiempos son ajustados. Los socios del Gobierno de coalición quieren que la subida del salario mínimo sea una de las primeras medidas de su andadura conjunta pero se han comprometido a esperar la recomendación de los agentes sociales. La Información ha podido saber que CEOE, Cepyme, CCOO y UGT ya han iniciado los contactos, pero por el momento no han llegado a un acuerdo. Los sindicatos quieren una subida de 100 euros mensuales, hasta alcanzar los 1.000 euros, mientras la patronal intenta rebajar esa cuantía que el propio Garamendi ha calificado como "una barbaridad".
Empresarios y sindicatos intentarán modular sus propuestas para llegar a una recomendación que puedan llevar de manera conjunta a la reunión con Sánchez y Díaz. Aunque lo cierto es que el líder socialista ya tiene en mente una cuantía para el SMI. La ha pactado con Iglesias y según fuentes conocedoras de las negociaciones la cifra es cercana pero inferior a los 1.000 euros. En cualquier caso, el Gobierno se ha comprometido a escuchar a los agentes sociales pero la decisión última está en su mano.
En la primera reunión tripartita Ejecutivo-sindicatos-empresarios también se hablará de la contrarreforma laboral. Será el tema estrella y el más peliagudo. El acuerdo programático de la coalición progresista da un paso más en la hoja de ruta que hasta ahora habían planteado los socialistas y apuesta por la derogación total de la ley de 2012, un avance que ha gustado a los sindicatos pero ha encendido las alarmas en CEOE y Cepyme. En un duro comunicado las patronales cargaron contra el programa PSOE-UP y expresaron su "honda preocupación" por las medidas "más cerca del populismo que de la ortodoxia económica" y el daño que pueden ocasionar a la economía y el empleo.
La patronal rebaja el tono
Sin embargo, los empresarios han cambiado el paso. Tras el triunfo de la investidura de Sánchez optaron por un tono tibio e institucional, dieron la bienvenida al nuevo Gobierno y le ofrecieron su "total colaboración". Fuentes de la patronal revelan que en conversaciones internas Garamendi ha transmitido a sus socios la necesidad de rebajar el tono. La idea es simple: les guste o no, tendrán que negociar con el Ejecutivo y es preferible un posicionamiento moderado que les permita mitigar ciertos cambios en materia laboral. En definitiva, pactar, acotar y hacer "control de daños", comenta un miembro de la Junta Directiva.
Pero el flanco empresarial lo va a tener complicado. Si bien la apuesta por el diálogo y la negociación es compartida por los agentes sociales, la mayor cercanía en materia laboral de los sindicatos con el nuevo Gobierno que se conformará la próxima semana, sin duda, les va a favorecer en las negociaciones. En UGT incluso consideran que hay aspectos de la reforma laboral que el Ejecutivo podría derogar sin pasar siquiera por los agentes sociales, como el despido objetivo por absentismo, e incluso de la reforma de las pensiones, como el Índice de Revalorización o el Factor de Sostenibilidad.
Los sindicatos han pedido a la coalición progresista que saque adelante estas cuestiones en sus primeros Consejos de Ministros. Consideran que no hay tiempo que perder para recuperar derechos sociales y laborales. Y con esa filosofía afrontarán la primera reunión con el presidente del Gobierno y su nuevo equipo del Ministerio de Trabajo. Mientras, la estrategia de la CEOE va a pasar por pedir moderación y estabilidad. Dijo ayer Garamendi que en el debate político hay un "momento de calentón" y que "el globo se tendrá que ir deshinchando de alguna manera".
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