
Fumata negra. No hay acuerdo para la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). Tras otra reunión maratoniana en la que los ministerios de Trabajo y Seguridad Social se han empeñado en defender su propuesta de protección diferencial por sectores, la patronal y los sindicatos han cerrado la puerta al pacto. Aunque seguirán negociando, fuentes conocedoras de las conversaciones aseguran que, si el Gobierno no da un giro radical en su planteamiento, tendrán que aprobar un real decreto ley que no contará con el aval del diálogo social.
Nueve largas horas de encuentro no han servido para acercar posturas. El frente común de CEOE, CCOO y UGT ha rechazado de plano la propuesta del Gobierno, que pretende focalizar las ayudas en los sectores más afectados por la crisis sanitaria y en sus cadenas de valor, y se ha levantado de la mesa, eso sí, a la espera de que Trabajo y Seguridad Social le den una vuelta a su planteamiento y elaboren un nuevo documento para seguir negociando, previsiblemente, el próximo lunes, a las puertas del Consejo de Ministros. Fuentes del diálogo social matizan que no se ha roto la negociación y esperan poder llegar a un acuerdo de aquí al martes, pero insisten en que los avances alcanzados, aunque sustanciales, son insuficientes.

Patronal y sindicatos coinciden, en esta ocasión, en que los ERTE deben prorrogarse en todas las actividades para no generar agravios comparativos. Pero el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha dejado claro esta misma mañana que las "restricciones presupuestarias" obligan a diferenciar las ayudas y evitar el "café para todos". Aunque la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad, asegurando que sí hay dinero para los ERTE, Escrivá ha admitido que ya se ha gastado todo el fondo de la UE para este cometido y que, ante las previsiones de que la situación se alargue, hay que asegurar los recursos.
Tanto los empresarios como las organizaciones sindicales coinciden, además, en la necesidad de mantener las rebajas de cotizaciones a la Seguridad Social de manera generalizada, pero rechazan el esquema actual que incentiva las reincorporaciones de plantilla con mayores exoneraciones. Consideran que este sistema, diseñado y defendido a capa y espada por Escrivá como mecanismo de impulso a la recuperación del empleo, es ineficaz y erróneo, y apuestan por destinar esos recursos a la protección de los desempleados y de las empresas que verdaderamente lo necesitan a través, por ejemplo, de los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
Ante estas discrepancias, que se han puesto de manifiesto durante la larga reunión de este jueves, sindicatos y patronales se han negado a firmar el acuerdo en el día de hoy y esperan que los equipos de Díaz y Escrivá revisen su propuesta y envíen un nuevo documento. "Si no lo hacen, no habrá pacto", aseguran fuentes del diálogo social. Desde la CEOE, con especial dureza, afirman que si el Gobierno no modifica su postura "van a conducir a España al precipicio" y garantizan que "no será con nuestro aval". Es decir, que si Trabajo y Seguridad Social mantienen su diseño de protección diferencial, tendrán que aprobar un real decreto ley en solitario.
El tiempo apremia, porque la actual regulación expira el próximo 30 de septiembre, en apenas una semana. La ministra Díaz había asegurado que los agentes sociales no se levantarían de la mesa hasta alcanzar un acuerdo, pero este no ha sido posible por el momento, ni en la reunión de ayer ni en la que ha transcurrido durante la jornada de hoy. Los negociadores seguirán intentando acercar posturas en los próximos días, aunque todavía no hay fecha fijada para una nueva reunión y el acuerdo se antoja difícil.
Acuerdos
Sí se han conseguido cerrar algunas cuestiones, sobre todo las relativas a la protección de los trabajadores. Tras algunas discrepancias iniciales, Gobierno, patronal y sindicatos han acordado mantener la cobertura de las prestaciones en el 70% transcurridos seis meses en ERTE, frente a la rebaja al 50% que obliga la ley actual, y además han pactado continuar con el denominado "contador a cero" para que los trabajadores que se hayan visto inmersos en estos expedientes no consuman tiempo de paro de cara al cobro de futuras prestaciones. Asimismo, la mesa coincide en la necesidad de aprobar una prestación extraordinaria para trabajadores fijos-discontinuos especialmente afectados por el parón del turismo.
También hay coincidencia en torno a la figura del ERTE de rebrote, que permite acogerse a las empresas afectadas por nuevas restricciones. Tal y como anunció la ministra Díaz, seguirá vigente mientras así lo exija la pandemia. Si bien aquí los técnicos están haciendo un trabajo casi quirúrgico para rediseñar la herramienta y adaptarla a las nuevas situaciones que se están produciendo de confinamientos selectivos en determinadas regiones como, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. La idea es reformular este tipo de ERTE para hacerlo más flexible y accesible para las empresas ante los requisitos de la autoridad laboral.
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