A la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y su propuesta para la reforma del mercado eléctrico europeo le crecen los enanos. Hasta ocho patronales del sector energético español y una portuguesa se han conjurando contra la propuesta y consideran que un modelo de mercado de electricidad basado en la compra centralizada de la mayor parte de la energía inframarginal (generada con renovables, nuclear e hidráulica) con contratos a precio fijo, que podrían imponer los Estados miembro, podría afectar al mercado y a la comercialización, "fragmentando el mercado interior y desincentivando el desarrollo de la flexibilidad del sistema".
"La reforma del mercado eléctrico debe preservar las seguridades jurídicas para inversores y consumidores", señalan en una carta enviada a Bruselas un día después de reunirse con la propia Ribera y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen. En este sentido, reclaman que la reforma preserve las seguridades jurídicas para inversores y consumidores sin permitir cambios retroactivos que alteren los flujos económicos ya acordados o el marco jurídico existente", con el fin de salvaguardar un clima de confianza en los mercados financieros.
Ribera defiende un diseño que se base en un mercado de corto plazo (diario e intradiario) "muy líquido y transparente", combinado con un mercado a plazo de energía y servicios de capacidad y flexibilidad adaptados a las necesidades particulares de cada Estado miembro. La propuesta del Ejecutivo se sustenta en que el regulador contrate con las centrales inframarginales energía a largo plazo, mediante contratos por diferencias (CfDs) a precio fijo y orientado a costes, e introduzca mercados de capacidad para las centrales que ofrecen capacidad firme o flexible, como son las de ciclo combinado.
De este modo, Transición Ecológica explica que si el precio en el mercado diario es más alto que el de ejercicio, la instalación renovable devuelve el exceso a los consumidores reduciendo el valor medio de esa hora. Por el contrario, si es más bajo, es el sistema el que compensaría al productor renovable para que tenga asegurado los ingresos mínimos. Por su parte, para la nuclear e hidráulica ya existentes propone CfDs con un incentivo por disponibilidad, para que puedan captar parte del mayor ingreso en los momentos en los que el mercado diario es más caro, si están disponibles. España también pide que se permita a cada Estado miembro establecer una retribución regulada de forma obligatoria para estas dos tecnologías.
Las patronales opinan que los CfDs "deben ser voluntarios tanto para la generación como para la demanda. "De lo contrario, una asignación de los costes o pagos creados por los CfDS a toda la demanda puede distorsionar el mercado, el despliegue de los PPA (Power Purchase Agreement) y la actividad comercial", subrayan en el escrito. En cuanto a los PPA, reconocen que incentivan de manera eficaz la inversión en renovables, "al tiempo que permiten a los consumidores reducir la volatilidad de los precios de la electricidad". "Es necesario promover su desarrollo eliminando las barreras existentes", apuntan.
Las patronales firmantes creen que es necesario "promover el desarrollo eliminando las barreras existentes"
Las patronales firmantes son la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), la Asociación de Representantes en el Mercado de Electricidad (Armie), la Asociación de Productores Independientes de Energía Eléctrica en Régimen Ordinario (Aprie), la Asociación de Fabricantes de Bienes de Equipo Eléctricos (Afbel), la Asociación de los Agentes y Empresas Eléctricas y de Servicios Energéticos (Entra), la Asociación de Empresas de Energías Renovables (Appa Renovables), la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la Asociación Española de baterías y el almacenamiento energético (Aepibal) y la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive). También la rubrica la portuguesa Elecpor.
La reforma del mercado eléctrico es la principal disyuntiva que enfrenta ahora a la Unión Europea (UE) tras salvar el tope al precio de las importaciones de gas. España es la principal defensora de acabar con el actual diseño marginalista del pool, mientras que una coalición de siete países, liderada por Alemania, reclama que se mantengan los beneficios reportados por el sistema en la última década y que no se comprometa los objetivos climáticos y energéticos marcados por el Ejecutivo comunitario.
La Comisión Europea (CE) cerró el 13 de febrero la consulta pública para la posible reforma del mercado y los reguladores europeos también opinaron. Coinciden con el Ejecutivo español en que la utilización de contratos bidireccionales por diferencias o de acuerdos similares es una "forma eficaz de mitigar el impacto de los mercados a corto plazo sobre el precio de la electricidad y de apoyar las inversiones en nuevas capacidades". Sin embargo, reclaman un "diseño cuidadoso" y una armonización europea para tales contratos a través de las directrices de la Comisión. Lo que no apoyan es que se imponga su uso.
Durante su intervención este jueves en un evento organizado por Nueva Economía Forum, la vicepresidenta ha comentado que la propuesta de Bruselas para reformar el mercado se conocerá a mediados de marzo. Asimismo, Ribera "tiene la impresión" de que recogerá las posiciones de los diferentes Estados miembro participantes en el debate y no solo la de España.
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