El objetivo de la iniciativa es "combatir que las mafias organicen ocupaciones ilegales de viviendas, aprovechándose del vacío legal actual para extorsionar al pequeño propietario que quiere recuperar su piso".
"No queremos dar la espalda a esta realidad en defensa de los particulares así como también de las administraciones que tienen ocupadas viviendas destinadas a alquiler social", argumenta la diputada independentista.
Según la portavoz de Justicia del PDeCAT en el Congreso, Lourdes Ciuró, "si la iniciativa prospera, quien ocupa ilegalmente una vivienda deberá desalojarla por orden judicial inmediatamente, a menos que acredite en un corto plazo de tiempo un título de propiedad o alquiler que le habilite para permanecer en ella".
NO VALE PARA GRANDES PROPIETARIOS
Eso sí, Ciuró recalca que la medida no se podrá aplicar para desalojar a personas que impagan rentas de alquiler o las cuotas hipotecarias, ni tampoco podrán acogerse a la normativa los grandes tenedores de fincas.
"La 'okupación' ilegal no puede ser una forma establecida y tolerada de acceso a una vivienda --recalca--. Simultáneamente, es imprescindible garantizar a las personas que lo necesitan, un parque de vivienda social que permita atenderlas de manera rápida, ágil y eficaz".
La iniciativa ha desatado las críticas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que asegura haberla recibido con "alarma" y que ha pedido que no sea tomada en consideración por el Congreso porque abunda en el desahucio automático sin alternativa habitacional.
"Hay propuestas legislativas que, más que buscar solucionar a un problema real, parece que sirvan para gesticular y contentar ciertos sectores --sostiene la PAH--. Quizá lo que le pasa al PDEcat es que la dura realidad y la presión ciudadana no le ha dejado otra opción que apoyar medidas que siempre había rechazado; y ahora con este gesto quieren contentar a los de siempre, no sea que defendieran más de la cuenta los derechos de la mayoría".
A su juicio, "mientras no se garantice el derecho a la vivienda de forma efectiva, y no se ataquen las causas reales del problema y sus responsables, existirá el caldo de cultivo para que las familias sufran, las pequeñas mafias ganen y algunos pequeños propietarios tengan problemas".
Otros grupos de la izquierda, como el que comparten Unidos Podemos y En Comú, han expresado su rechazo a la iniciativa de la antigua Convergència. "Así no se combaten las mafias, así se criminaliza a quien ocupa en precario. No aprenden", ha escrito en redes sociales la diputada Lucía Martín, de En Comú.-
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