El Gobierno de Pedro Sánchez no va a tener nada fácil sacar adelante los Presupuestos Generales de 2019. El tira y afloja con el Govern no solo se centra en exigir la libertad de los exdirigentes en prisión. Los independentistas también reclaman al Ejecutivo central el pago de casi 10.000 millones de euros de deuda, según ellos, pendiente. Se trata de compromisos adquiridos por el Estado que se encuentran perfectamente cuantificados por los socios de la moción de censura -ERC y PDeCAT-, unos partidos a los que ahora el presidente vuelve a necesitar para sacar adelante sus cuentas públicas.
La Generalitat ha elaborado un informe -al que ha tenido acceso La Información- en el que distingue la "relación de deudas e incumplimientos del Estado con la Generalitat". En el apartado dedicado a las "deudas específicas con Cataluña", el Govern cuantifica en 5.235,2 millones los "agravios". En dicha partida económica se incluyen los "incumplimientos de los acuerdos con Cataluña", tales como el "incumplimiento de la Disposición Adicional Tercera del Estatut del año 2008" -inversiones en infraestructuras-, cuantificado en 759 millones; el "incumplimiento de la Disposición Adicional Tercera entre los años 2009 y 2013", valorado en 2.951 millones; y la financiación de los Mossos d'Esquadra con 688 millones.
De estos 4.398 millones, Govern y Estado ya acordaron el pasado mes de septiembre en la comisión mixta de asuntos económicos el traspaso de una partida de 1.459 millones por el citado "incumplimiento de la Disposición Adicional Tercera de 2008", junto con otros 700 millones destinados a la financiación de los Mossos d'Esquadra (aunque la reclamación de la Generalitat era de 688 millones).
La lista de quejas de los independentistas continúa con el apartado dedicado a "insuficiencias de Cataluña". El capítulo más importante se refiere a la "pérdida de recaudación de los impuestos suspendidos por el TC" por valor de 817 millones. La Generalitat añade otros conceptos como el incremento de personal en los nuevos órganos judiciales desde 2010 (10,9 millones), los nuevos órganos judiciales creados durante 2017 (7,4), la eliminación de la tasa de contratación pública y el cumplimiento de la sentencia del Constitucional sobre la cadena alimentaria (ambos con 500.000 euros).
Deudas de Hacienda con Cataluña
La Generalitat también incluye en su informe sobre "incumplimientos" del Estado otros 4.567 millones por diferentes conceptos. Uno de ellos lo identifican dentro de la partida dedicada a la "lealtad institucional". Ahí se contempla la "falta de financiación estatal de la dependencia", valorada en 3.238,2 millones; el impacto del cambio en la gestión del IVA que introdujo Montoro, por 411,8 millones; el incremento salarial a los funcionarios, por 404,5 millones; o el impacto de la disminución de la base liquidable del IRPF, por 100,9 millones, entre otras.
Por último, el Govern cuantifica en 334,3 millones la "disminución de las transferencias finalistas entre 2010 y 2017". En este concepto incluye las políticas de empleo (131,5 millones), los programas de educación (115), los programas de agricultura (63), programas de atención a la inmigración (15,6) y programas de salud (9,2).
Todas estas son las condiciones económicas que los independentistas han puesto en la mesa de sus negociaciones con el Gobierno. La operación cortejo de Moncloa para convencerles de aprobar los Presupuestos de 2019 ya se está produciendo no solo entre los vicepresidentes Calvo y Aragonés, sino que diferentes ministros están contactando con dirigentes y diputados catalanes para atraer a los secesionistas hacia el sí o la abstención, en el caso del PDeCAT.
¿Y los presos, qué?
Junto a estas reivindicaciones económicas los independentistas han solicitado que el Gobierno socialista solucione la situación de los exdirigentes de la Generalitat en prisión. Pero Moncloa asegura que no puede influir en el poder judicial. Joan Tardà, portavoz en el Congreso, afirmó, por ejemplo, este domingo que su partido ya ha transmitido a Sánchez que ni siquiera se sentarán en la mesa para negociar los Presupuestos de 2019 si la Fiscalía no retira la acusación de rebelión. "No negociaremos nada", aseguró dejando claro que la única salida para ellos es la "absolución" de los procesados. Idéntico mensaje transmitió el PDeCAT en boca de Míriam Nogueras, también diputada y número dos de la formación que lidera Carles Puigdemont.
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