¿Penalizar la edad de jubilación? Para Yolanda Díaz "no es el camino correcto"

El pasado miércoles, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, anunció una endurecimiento de la jubilación, de modo que estudia mejorar los incentivos a la jubilación demorada y ajustar penalizaciones a la anticipada. La medida aún está sobre la mesa y no es definitiva, tanto que incluso dentro del Gobierno hay voces detractoras de la misma. 

Así lo ha hecho saber la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz en una entrevista concedida a La Hora de la 1, de TVE. "Penalizar las carreras profesionales en un país que tiene una estructura productiva que no es la de los países europeos, es decir, penalizar que limpiadores, albañiles, gente que está en el comercio, muchas dependientas que tenemos en los comercios de todo el país trabajen más allá de esa edad no es el camino correcto". 

En el marco del Pacto de Toledo

Insiste, eso sí, Díaz que "esto se está dialogando en el marco del Pacto del Toledo y entre el partido de Unidas Podemos y el del PSOE". 

¿A qué edad está fijada la jubilación?

La edad legal de jubilación en la actualidad está fijada en 65 años y 8 meses, aunque los trabajadores que cuentan con más de 37 años pueden retirarse a los 65 años. No obstante, esa edad solo será la válida en 2020, la norma está en transición desde 2013 para que finalmente a partir de 2027 se fije la edad de retiro en 67 años y únicamente puedan retirarse a los 65 años los trabajadores con un periodo de cotización igual o superior a los 38 años y seis meses.

Retrasar la edad de jubilación busca, principalmente, contener el gasto y aumentar los ingresos. Hay que tener en cuenta que al acceder a la jubilación anticipada el trabajador deja de aportar al Estado, a través de las cotizaciones, antes de tiempo para convertirse en pensionista, incrementando el gasto.

Entre los trabajadores con mayores salarios esa base supera la pensión máxima que se fija cada año incluso después de aplicar el coeficiente reductor y el importe al que tienen derecho es el mismo que si no se hubiera aplicado la penalización. La norma corrige esta situación pero con una penalización adicional de solo el 2%. Esos "elementos distorsionantes" son los que el Gobierno pretende corregir para motivar a los trabajadores a continuar su vida laboral.

La situación provoca un desequilibrio de ingresos y gastos para el sistema que pone en duda su sostenibilidad, especialmente ante el envejecimiento de la población, según señaló en su análisis el ministro.