La reforma de las pensiones, que deberá garantizar la sostenibilidad del sistema y las prestaciones futuras, será aprobada por el Parlamento, si todo sale según lo previsto, antes de fin de año y el Gobierno cumplirá de esa forma con el plazo fijado por Bruselas para que España reciba una parte de las partidas del Fondo de Recuperación. El pasado septiembre, el Ejecutivo logró que el Congreso diese el visto bueno, con 194 votos a favor, al primer paquete de medidas que contempla el proyecto -revalorización de las prestaciones con la inflación, premios al retraso de la jubilación y penalizaciones a las anticipadas-, un claro indicio de que mucho se tienen que torcer los planes para que la ley no esté lista antes de la Navidad y se pongan en marcha las primeras medidas el próximo año.
El camino, hasta ahora, no ha sido fácil, con importantes cesiones a las centrales sindicales y a los socios de Gobierno, que han dejado aparcado, entre otras cosas, el aumento el cómputo de años para calcular la pensión, ha borrado de un plumazo el Factor de Sostenibilidad del Partido Popular y ha forzado un compromiso para que las prestaciones suban siempre igual que la inflación, un contrato de por vida que provocará que la factura del sistema aumente de forma progresiva e importante en las próximas décadas, como lo hará el próximo año debido a la repentina subida del Índice de Precios al Consumo (IPC).
Durante el último año, después de que a finales de noviembre de 2020 se alcanzase un amplio acuerdo en el Congreso de los Diputados para refrendar las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo, también ha habido tiempo para los globos sondas y los mensajes de advertencia para que los ciudadanos se mentalicen de que el dinero para pagar las pensiones -ya hay diez millones de beneficiarios en el sistema- deberá salir de los sacrificios de la generación más numerosa y que está a punto de jubilarse, la del 'baby boom'.
Los jubilados actuales tienen aseguradas sus pensiones y los próximos al retiro no sufrirán la reforma. Solo quedan los 'boomers' para afrontar el gasto
Con las prestaciones de los actuales pensionistas garantizadas y con subidas anuales para mantener su poder de compra y con el compromiso añadido de que la reforma de pensiones no afectará a las personas que están a punto de jubilarse -la generación 'baby boom'- los que afronten los recortes y un aumento de cotizaciones, que se traducirá en un recorte de su sueldo, en un escenario en el que el coste de las pensiones pasará de los 143.500 millones actuales tres veces más, 450.000 millones.
En pleno verano, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, lanzaba en Televisión Española un mensaje contundente y claro que hizo temblar a más de uno: la generación del 'baby boom' "podrá elegir entre un ajuste pequeño en su pensión o alternativamente podría trabajar algo más". Añadía el ministro que el problema de la sostenibilidad de las pensiones estaba "muy concentrado coyunturalmente" en los 'boomers' y que esa responsabilidad, tras décadas trabajando y afrontando las pensiones otras generaciones, la 'pagarán' a través del Factor de Equidad Intergeneracional, el mecanismo que sustituirá al Factor de Sostenibilidad, y que básicamente penalizará cobrar la pensión durante más años por la mayor esperanza de vida. Al día siguiente matizó, aunque el mensaje ya había calado, asegurando que no fue su mejor día.
Poco meses antes, la Airef, el organismo que Escrivá presidió entre 2014 y 2020, actualizaba su informe sobre previsiones demográficas y gasto en pensiones, dibujando el panorama del sistema dentro de 30 años. Del estudio se desprende cualquier variación en los indicadores macroeconómicos -desde el Producto Interior Bruto (PIB) al Índice de Precios al Consumo (IPC)-, laborales -tasa de paro, activos en el mercado de trabajo y flujos de migratorios- o demográficos -nacimientos y fallecimientos- puede hacer hacer las previsiones actuales, pero en un escenario moderado habrá 16,5 millones de pensionistas en 2050, 6,5 más que actualmente, y sus prestaciones prácticamente se duplicarán, pasando de apenas 1.000 euros de media a 1.954.
No será fácil. El IPC deberá crecer el 1,8% de media, el PIB, el 1,4%, la tasa de paro debería situarse en el 7% en 2050 y se deberá abrir la puerta a la inmigración
Y todo eso con la prestaciones subiendo cada año al ritmo de la inflación y ésta creciendo un 1,8% de media en los próximos 30 años -el próximo año ya lo hará prácticamente el doble-, con alzas promedio del PIB del 1,4% entre 2020 y 2050 y con una tasa de paro de 7% en este último año -la mitad que la actual-. Para cubrir a factura de las pensiones contributivas serán necesarios 450.000 millones, el 200% más que en la actualidad. También advertía el informe de la eficiencia de las medidas que se ha ido quedando en el camino o se han sido aplazando, como el retraso en la edad efectiva de jubilación y la ampliación del periodo de cotización, que ayudarían a contener el gasto en torno 2,9 puntos del PIB nominal, que según la previsión se situará en 3,1 billones de euros dentro de 30 años.
La Airef prevé en su escenario central que la nómina de las pensiones públicas suponga el 14,2% del PIB en 2050, frente al 10,9% actual, siempre que la crisis generada por la Covid sea temporal. La nueva previsión supone un incremento del gasto de un punto con respecto a la estimación de 2019, debido en un tercio a la revalorización por encima del IPC de las pensiones no contributivas y de los complementos a mínimos. Revalorizar las pensiones públicas de acuerdo al aumento de la inflación, algo que ya se ha consensuado con los sindicatos y que empezará a aplicarse en 2022, impedirá un ahorro de 2,3 puntos del PIB previsto para dentro de tres décadas, destaca el organismo.
Mientras, la pregunta de dónde saldrá el dinero para compensar medidas no realizadas o los cambios coyunturales imprevistos ya tiene respuesta, y la ha vuelto ha dar el ministro el pasado martes. Escrivá quiere recaudar 52.000 millones con los que pagar la jubilación del 'baby boom' y ese dinero vendrá básicamente del bolsillo de estos ciudadanos, que siguen trabajando, y de los empresarios que los han contratado. El Gobierno contempla subir las cotizaciones de los trabajadores de esta generación cinco euros mensuales por cada mil de salario bruto. La propuesta ya está en la mesa del diálogo social, lo que evidencia que está meditada y no ha sido fruto de otro mal día.
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