Pedro Sánchez va a dejar una gravosa herencia al Gobierno que salga de las urnas este domingo–que podría ser el suyo propio– y que tenga que gestionar el sistema de las pensiones durante la próxima legislatura. En el mes de diciembre el Ejecutivo volverá a romper la 'hucha' para abonar a los pensionistas la paga extra de Navidad, pero con eso no será suficiente. Además, tendrá que liquidar lo que queda del préstamo concedido por el Tesoro a principios de año para hacer frente a los picos de máxima tensión financiera. Este movimiento disparará la deuda de la Seguridad Social hasta desbordar los 55.000 millones de euros, lo que equivale a 6.000 euros por cada uno de los cerca de nueve millones de pensionistas que sostiene el sistema público en estos momentos.
La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, ya ha avisado de que retirará 3.500 millones del Fondo de Reserva para pagar parte de la extra de Navidad, lo que dejará la hucha de las pensiones prácticamente liquidada, con apenas 1.500 millones de euros, de los cerca de 70.000 millones que llegó a acumular en épocas de bonanza económica. Pero esa cantidad no bastará para abonar la nómina extraordinaria, que rozará los 9.800 millones de euros, sino que harán falta también los 6.330 millones que quedan del préstamo que concedió el Estado en marzo a la Tesorería General de la Seguridad Social por valor de 13.830 millones de euros (los otros 7.500 millones se consumieron para la extra de verano).
En consecuencia, la deuda de la Seguridad Social cerrará el año en 55.024 millones de euros, un 33% más que a finales de 2018 y el triple que en 2016. Un pasivo récord que, dividido entre los casi nueve millones de pensionistas, equivale a 6.000 euros por cabeza. O, lo que es lo mismo, si los beneficiarios de las pensiones públicas tuvieran que pagar de su propio bolsillo la deuda generada por el sistema para hacer frente a sus pagas, cada uno tendría que utilizar el equivalente a medio año de sus ingresos, ya que la pensión media se sitúa en 994 euros mensuales.
Una carga que, en cualquier caso, no se puede achacar únicamente al Gobierno socialista. Sánchez ya recibió una herencia difícil de asumir. Y es que la falta de liquidez para afrontar las pagas extraordinarias que habitualmente se abonan a los pensionistas en verano y Navidad ya obligó al Gobierno anterior a recurrir a financiación externa a las cotizaciones sociales. En concreto, Mariano Rajoy pidió un crédito de 10.129 millones de euros en 2017 y otro de 13.830 millones en 2018, cuantía que se prorrogó calcada para este año a falta de Presupuestos Generales del Estado.
En total, la Seguridad Social ha necesitado 37.789 millones de euros en los últimos tres años para poder hacer frente a las obligaciones con los pensionistas que se presentan en julio y diciembre, cuando se juntan la nómina ordinaria y la extraordinaria y el desembolso supera los 18.000 millones de euros en un solo mes. Pero las tensiones de liquidez no se relajan ni con financiación externa. En paralelo, los sucesivos gobiernos han ido vaciando el Fondo de Reserva hasta contar a día de hoy con exiguos 5.000 millones de euros, que se quedarán en 1.500 tras el abono de la extra de estas Navidades.
Una población envejecida
En el Ministerio de Trabajo se muestran optimistas respecto a la evolución de la recaudación por cotizaciones sociales y restan importancia a la abultada deuda del Sistema. Y ello a pesar de que la Autoridad Fiscal (AIReF) ha advertido ahora que España ha abandonado el brazo correctivo de Bruselas al reducir el déficit por debajo del 3%, las autoridades comunitarias van a poner el foco en la deuda pública y a vigilar los gastos de la Seguridad Social, que pasarán a formar parte del perímetro de consolidación de la regla de gasto. Cuando esto ocurra, nuestro país "tendrá un problema", avisó José Luis Escrivá, con la vista puesta en la jubilación de la generación del 'baby boom'.
En un informe reciente, la agencia de calificación crediticia Moody's advierte de que, en ausencia de reformas estructurales que impongan planes de choque, la deuda pública española escalará en las próximas décadas hasta situarse en el 125% del PIB en 2040 (ahora roza el 98%), debido precisamente al gasto que conllevará el envejecimiento de la población. En el estudio, los analistas comparan a España con países como Italia, donde la población envejecida provocará que la deuda pública llegue al 250% del PIB, y Japón, donde alcanzará el 300%.
A más corto plazo, la deuda pública seguirá lejos del objetivo europeo del 60% del PIB durante los próximos años. Ayer mismo la Comisión dio a conocer sus previsiones económicas de otoño y el panorama que dibujan no es nada halagüeño. Según sus estimaciones, la deuda pública cerrará este año en el 96,7%, para estancarse en el 96,6% en 2020 y en el 96% en 2021. Y ello en un contexto de desaceleración de la economía mucho más intensa de lo que preveían hace solo unos meses. Ahora Bruselas proyecta que el PIB crecerá un 1,9% en 2019 y un 1,5% en 2020, en ambos casos, cuatro décimas menos que en las anteriores previsiones.
Frenazo del empleo
Y la peor parte del frenazo se la lleva el mercado laboral. El Ejecutivo comunitario estima que el ritmo de creación de empleo pasará del 2,2% de este año al 1% en 2020, lo que implica que España pasará de generar 412.000 empleos a apenas 184.000 en doce meses. Esto mermará considerablemente los ingresos por cotizaciones, lo que tensará aún más las cuentas de la Seguridad Social, que cada vez soportan pensiones más caras gracias a las mejores carreras profesionales acumuladas por los nuevos jubilados.
Este es el cóctel con el que tendrá que trabajar el próximo Gobierno. Todo apunta a que los cambios en la legislación laboral y la reforma de las pensiones serán los grandes retos de la legislatura. El Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria responsable de indicar por dónde va el camino hacia la reforma más adecuada, volverá a empezar de cero cuando se constituyan las Cortes. El principal reto pasa por depurar los ingresos y gastos del sistema para hacerlo sostenible, garantizando al mismo tiempo el poder adquisitivo de los pensionistas. Los partidos ya han puesto sus recetas sobre la mesa. La campaña electoral termina hoy, y el domingo 37 millones de españoles decidirán en las urnas, entre otros muchos asuntos, qué modelo de pensiones públicas prefieren.
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