Escrivá topa con un 40% de anticipadas, 250.000 prejubilados y el retiro forzoso

Las últimas estadísticas de pensiones, con una parte de la reforma ya en marcha, muestran un ligero aumento de la edad de retiro, algo fundamental para el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José María Escrivá; y una moderación en el incremento de las nóminas, aunque no en el gasto en prestaciones de jubilación, que subió en mayo un 7% debido a la continúa llegada de la numerosa generación del 'baby boom' a la edad de retiro. Pese a los avances, todavía hay importantes obstáculos a los objetivos marcados, que además hacen que algunos colectivos y perfiles de trabajadores tengan más 'privilegios' a la hora de jubilarse y que puedan hacerlo incluso a la carta.

Entre los que forman parte de este muro de contención para reducir gastos y avanzar en el retiro tardío se encuentran más de un cuarto de millón de prejubilados en la gran empresa, que han salido del mercado laboral a partir de los 50 años, con 'huchas' que alcanzan hasta los 400.000 euros y a diez o 15 años vista de la edad legal para la jubilación; 1,5 millones de trabajadores con cláusulas de jubilación forzosa, que perdurarán, en el caso de los convenios firmados en 2021, hasta 2024; y un 40% de los trabajadores que se jubila de forma anticipada. Además de cerca de 900.000 funcionarios podrán acceder a la jubilación antes de los 65 años, un colectivo que se puede jubilar a partir de los 60, algo que hacen mayoritariamente, unido a los numerosos colectivos que que desempeñan trabajos excepcionalmente penosos, peligrosos, tóxicos o insalubres y la ley dispone que se jubilen anticipadamente sin penalización.

Escrivá ha puesto en marcha algunas medidas para salvar en parte esos muros -no todos-, pero los resultados no se verán hasta el medio y largo plazo. El pasado 1 de enero entraba en vigor una nueva redacción del Estatuto de los Trabajadores con el objetivo de que en los convenios colectivos dejasen de aparecer cláusulas que forzasen la jubilación antes de los 68 años, una práctica demasiado habitual, sobre todo en grandes empresas, la banca y corporaciones municipales, que suponía un importante freno al objetivo de ir prolongando la edad legal del retiro a los 67 años, incluso más, a través de incentivos. El 10% de los convenios suscritos en 2019 y casi el 12% de los de 2020 incorporaban estos acuerdos, además de los firmados en 2021, que podrán seguir aplicándose hasta pasados tres ejercicios de su entrada en vigor.

Los trabajadores que se retiran con menos de 65 años desembarcan con una pensión de 1.727 euros, frente a los 1.316 de los que lo hacen a los 65 o más tarde

Más de 1,5 millones de trabajadores, cuentan con este atajo a la jubilación, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y casi la mitad de los convenios firmados en 2020 contemplaban algún tipo de cláusula de la jubilación. Otro frente prioritario es el de las jubilaciones anticipadas, un recurso al que acuden mayoritariamente los asalariados por cuenta ajena con largas carreras y sueldos constantes y elevados. La estadística de pensiones del departamento de Escrivá, muestra que los trabajadores que se retiran con menos de 65 años desembarcan con una pensión de 1.727 euros, frente a los 1.316 de los que lo hacen a los 65 o más tarde, un retiro muchas veces obligado en busca de una pensión digna.

La penalización del retiro anticipado y el incentivo al tardío son dos de los ejes de la reforma de pensiones para reducir en parte el gasto que supondrá la subida de las pensiones de acuerdo al Índice de Precios al Consumo (IPC) una carga presupuestaria acumulable que ya supone 2.063 millones cada mes, fruto de la revalorización de las prestaciones de los ejercicios pasados. Los planes de Escrivá han dejado de lado, de momento, a los funcionarios jubilados, pese a que la gestión de las Clases Pasivas pasó a sus manos hace un año. Los retiros de los funcionarios se producen a partir de los 60, una opción prevista legalmente a la que recurren mayoritariamente. En este momento hay 900.000 funcionarios que podría optar a este privilegiado retiro.

Las diferencias entre el Régimen de Clases Pasivas y el de la Seguridad Social son importantes, además de la edad de retiro -una importante diferencia de cinco años-, respecto a la cuantía de las prestaciones. Los funcionarios de carrera, blindados contra el desempleo en las crisis económicas, aunque expuestos a congelaciones salariales durante los periodos críticos, alcanzan una prestación media cuando se jubilan de 2.300 euros, según se desprende de la estadística de pensiones de Clases Privadas de marzo que elabora mensualmente el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La cantidad percibida por estos empleados públicos es 900 euros mayor que la que reciben los jubilados del Régimen General de la Seguridad Social, que se situó en 1.400 euros en el tercer mes del año, una diferencia de un 64%.

Un millón de transportistas, 325.000 enfermeras, 1,2 millones de la construcción o los agentes forales aspiran a jubilarse antes de los 65 años

La última pata, posiblemente la más justificada, tiene que ver con los trabajadores que desarrollan actividades peligrosas y penosas, que pueden anticipar su retiro bastantes años que la mayoría de los trabajadores. El catálogo es ya importante y en el que reclaman entrar 325.000 enfermeras y enfermeros; más de un millón de transportistas de mercancías y viajeros; cerca de 1,2 millones de los trabajadores de la construcción o los agentes Policía Foral Navarra. Recientemente se ha reconocido el derecho a los trabajadores que han estado en contacto con el amianto de adelantar su jubilación sin ningún tipo de penalización, una opción de la que ya disfrutaban bomberos, pilotos, policías locales, artistas, toreros o los miembros de la Ertzaintza, que desempeñan trabajos excepcionalmente penosos, peligrosos, tóxicos o insalubres. 

Algunos pueden incluso salir del mercado laboral mucho antes de los 60. Es el caso de los mineros del carbón, con pensiones que superan los 2.700 euros, que por su condición laboral especialmente penosa gozan de un régimen de protección excepcional respecto al resto. El Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón reconoce una reducción de la edad de acceso a la jubilación de acuerdo con el tiempo que se ha desarrollado la actividad, sin que pueda ser nunca inferior a 52 años. Mientras, los policías locales pueden iniciar su retiro a los 59 años y 36 años cotizados sin sufrir recorte alguno, ya que este colectivo sobrecotizar, junto a las administraciones, para poder pagar su pensión anticipada.