El futuro de las pensiones

Escrivá carga 2.000 millones al Estado para pagar retiros anticipados por ERE

La Seguridad Social gana terreno y suelta el lastre de los gastos impropios para evitar una imagen distorsionada sobre la sostenibilidad del sistema. Las transferencias del Estado supones 36.000 millones.

José Luis Escrivá
Escrivá ha logrado que el Estado ya asuma buena parte de los gastos impropios.
Europa Press

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá está decidido a soltar lastre para que el sistema de pensiones, que experimentará una profunda reforma durante los próximos años, sea sostenible. Para ello resulta fundamental que los pagos conocidos como impropios y que hasta ahora asumía la Seguridad Social acaben siendo responsabilidad del Estado en los Presupuestos Generales. Las cotizaciones son la principal fuente de ingresos de la Seguridad Social, pero el Estado ya asume el 30% de los gastos del departamento a través de transferencias.

De cara a 2022, unas cuentas que todavía siguen negociándose, Escrivá ha conseguido colocar algunas partidas significativas al Estado, que ya financia  la destinada a cubrir el coste de la pensión anticipada involuntaria en edades inferiores a la ordinaria de jubilación Esto retiros están especialmente derivados de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), pero también de la jubilación de colectivos profesionales  cuyos trabajos son de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 contemplan hasta 2.072 millones para este fin, una cantidad que vendrá de la aportación el Estado al presupuesto de la Seguridad Social con el objetivo de cubrir el coste de las pensiones anticipadas involuntarias en edades inferiores a la edad ordinaria de jubilación, que tras el reconocimiento del retiro con 59 años de los policías locales -hay más 66.000 en activo- disparó su cuantía y el número de afectados. Pese a que este año el Gobierno de Pedro Sánchez no ha incorporado el detalle de jubilaciones anticipadas forzadas en el presupuesto, estas sumaban entre enero de 2015 y agosto de 2020 -último dato disponible-, más de 250.000, una cantidad que se verá incrementada considerablemente con los ERE ya ejecutados por las grandes empresas, sobre todo las entidades bancarias.

Las transferencias del Estado a la Seguridad Social aumentan el 16%, más de 5.000 millones. Supone un récord histórico y marca la línea de Escrivá

Las cuentas públicas para el próximo año muestran que las transferencias del Estado al departamento de Escrivá sumarán 36.276 millones, frente a los apenas 31.177 millones de 2021, un 16% más. La cifra supone un récord histórico y viene derivada de las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo de dejar de asumir determinados gastos que no están directamente vinculados a las cotizaciones de los trabajadores. Dejar de responsabilizarse de estos miles de millones permitirá cierto relajo el pago de las prestaciones de 9,8 millones de pensionistas, que ya suponen más de 10.200 millones mensuales en 14 pagas en el caso de las contributivas.

La separación de fuentes de financiación para liberar al sistema público de pensiones, que deberá afrontar en los próximos años el desembarco masivo de la generación 'baby boom', de los gastos impropios, con el objetivo de evitar la imagen distorsionada de un sistema de pensiones en quiebra, es una de las bazas del ministro Escrivá, que poco a poco va sacando su reforma, aunque no con ciertas dificultades, para que los pensionistas puedan seguir cobrando su prestación en 2050. La intención de Escrivá, según consta en el documento remitido a la patronal y los sindicatos al que ha tenido acceso La Información, es que la transferencia anual de 13.929 millones de euros aprobada en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 se vaya incrementando progresivamente en los ejercicios 2022 y 2023, hasta alcanzar un importe suficiente que cubra todos los gastos impropios que en estos momentos todavía asume la Seguridad Social.

El Estado ya ha aceptado, y financia, hasta 24 partidas de la Seguridad Social, entre las que destacan la transferencia para financiar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que experimentará el próximo años miles de adhesiones y que asciende a 3.022 millones de euros; la de las pensiones no contributivas que se eleva hasta 2.772 millones de euros; y la de protección familiar, que se dota con 1.414 millones de euros. Mientras, la prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos suponen ya 2.880 millones.

El pilar básico para sustentar la pensiones y la Seguridad Social son las cotizaciones sociales, pero hay múltiples subsidios, además de la pensiones no contributivas, que requieren la aportación del Estado, la segunda fuente para afrontar los compromisos sociales. El Gobierno, según recogen los Presupuestos, prevé  recaudar 136.345 millones de euros vía cotizaciones, el 75,3% del total y el 9% más que en las cuentas anteriores, gracias a la recuperación el crecimiento y al incremento de la bases máximas de Escrivá. Mientras, el Estado asume los 36.ooo millones citados.

Mostrar comentarios