La positiva evaluación que ha hecho la Comisión Europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español no está exenta de farolillos rojos, especialmente en materia de pensiones, donde Bruselas ha instado al Gobierno a que el resultado de las negociaciones abiertas con la patronal y los sindicatos debe ser compatible con la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio y largo plazo. Sin embargo, el preacuerdo alcanzado entre el Ministerio de Inclusión y los interlocutores sociales para la primera parte de la reforma de las pensiones va en el sentido contrario, asumiendo un ensanchamiento del déficit en los próximos años, según admiten fuentes del departamento que dirige José Luis Escrivá que, sin embargo, niegan tensiones con Bruselas por este asunto.
Escrivá ha resuelto los escollos en las negociaciones a golpe de talonario. Primero, accediendo a vincular las prestaciones al IPC y después, a derogar el Factor de Sostenibilidad, ambas exigencias sindicales para dar el sí al texto final. Y ello a pesar de que las autoridades europeas han advertido a España en numerosas ocasiones de que vincular de manera permanente las pensiones a la inflación y disociarlas de la esperanza de vida comprometería la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo y empeoraría la equidad intergeneracional, siempre que no se adopten medidas compensatorias.
Y aquí es donde se tensa aún más la cuerda con la UE. Dentro del menú de medidas compensatorias que Escrivá tenía sobre la mesa en el inicio de la negociación, las más potentes han sido aparcadas para una segunda fase de negociaciones. Si bien es cierto que el preacuerdo fija una transferencia anual de los Presupuestos a la Seguridad Social para cubrir los más de 20.000 millones de euros de gastos considerados impropios, en esta primera parte de la reforma se ha dado una patada hacia adelante a medidas más traumáticas para los pensionistas pero más efectivas para la contención del gasto, mientras la revalorización con el IPC se aplicará de forma inmediata. Si bien desde el Ministerio defienden que la medida compensatoria más relevante es el acercamiento de la edad efectiva de jubilación a la ordinaria.
Estamos hablando, por ejemplo, del endurecimiento de los coeficientes reductores en las jubilaciones anticipadas. El Ministerio ha optado finalmente por una vía en la que serán más bajos que los actualmente vigentes, con el fin de incentivar pequeñas demoras en la salida del mercado laboral, y además ha retrasado la entrada en vigor a 2024, fijando un plazo de despliegue de la reforma de hasta diez años. Así, tras el rechazo a la propuesta inicial, Escrivá ha conseguido que los sindicatos apoyen una reforma que entienden que no supondrá un recorte generalizado de las prestaciones, al menos en el corto plazo.
El ministro tampoco ha alcanzado un consenso con los agentes sociales sobre el diseño del nuevo mecanismo de "equidad intergeneracional" que sustituya al Factor de Sostenibilidad. Eso sí, ha accedido a derogarlo, tal y como reclamaban las organizaciones sindicales, y a abrir un nuevo proceso de negociación para definir la nueva herramienta en los próximos cinco meses. Y tampoco ha conseguido convencer a las organizaciones de trabajadores autónomos de los nuevos tramos de cotización por ingresos reales, otra de las medidas pensadas para apuntalar los ingresos del sistema que se ha decidido posponer en aras de cerrar ahora un primer acuerdo y aplicar a partir de 2023 progresivamente durante los siguientes nueve años.
Pero hay más. Escrivá también ha accedido a retirar, en esta ocasión a petición de la CEOE, la reforma que buscaba incrementar las bases máximas de cotización a la Seguridad Social. Se barajó un calendario para el incremento de la base máxima de 20 puntos porcentuales en 30 años y un proceso de adecuación de la pensión máxima del sistema. Los empresarios han logrado convencer al ministro de que no es el momento de elevar los costes laborales, con un tejido productivo todavía muy tocado por la crisis de la Covid. Por el momento, queda aparcada esta otra vía para apuntalar los ingresos del sistema y el asunto se abordará en futuras negociaciones.
Pero no son los únicos asuntos en los que Escrivá ha tirado de chequera. En el preacuerdo alcanzado con la patronal y los sindicatos hay, al menos, otras tres medidas que apuntan en la dirección contraria a la contención del gasto. Por un lado, en los incentivos a la jubilación demorada se establece la exoneración de cotizar por contingencias comunes, excepto por incapacidad temporal, y se introduce además el pago de cantidades a tanto alzado que beneficiarán especialmente a las carreras de cotización más largas. Y también se fija una reducción del 75% de las cuotas empresariales por contingencias comunes durante la situación de incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años.
Descuentos en las cotizaciones
Y no son esas todas las cesiones que ha logrado la CEOE en el transcurso de las negociaciones. También con el objetivo de reducir el impacto de las medidas sobre los costes empresariales, la patronal ha arrancado una exoneración del 75% en las cotizaciones de los becarios, que en un plazo de tres meses estarán incluidos en el sistema de Seguridad Social aunque no tengan remuneración. Y en la misma línea de incremento del gasto, se ha acordado abordar, en el marco del diálogo social y en un plazo de seis meses, una revisión del marco regulador de las pensiones de viudedad de las parejas de hecho para equiparar sus condiciones de acceso a la de los matrimonios.
Así, mientras las medidas que agrandarán la cuenta de gastos del sistema se van a aplicar de forma inmediata, las que están pensadas para contenerla se han retrasado en el transcurso de las negociaciones. El asunto es peliagudo porque la Comisión Europea ya advirtió al Gobierno sobre los costes extra que podrían generar las negociaciones abiertas con los agentes sociales en materia de pensiones, porque en Bruselas no gusta que se vaya a desmontar la reforma de 2013 y porque estamos en medio de un proceso en que la llegada de fondos depende del cumplimiento de las recomendaciones. El enfoque del Gobierno es que su reforma busca el reequilibrio del sistema a medio y largo plazo y que los posibles desequilibrios financieros que se generen a corto deben ser asumidos con impuestos.
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