Los anuncios de cambios en el sistema de las pensiones públicas generan incertidumbre y, cuando suenan tambores de recortes, tienden a provocar un 'efecto pánico' entre los que están a las puertas de abandonar el mercado laboral, que en muchos casos optan por precipitar su salida para garantizarse un retiro con mejores condiciones económicas. Sucedió en 2018, por el miedo a la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad, que estaba prevista para el 1 de enero de 2019. Y podría volver a pasar ahora, tras la advertencia lanzada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, a los baby boombers: tendrán que elegir entre cobrar menos pensión o trabajar más tiempo. La generación nacida entre finales de los años 50 y mediados de los 70 del siglo pasado, que ya ha empezado a desembarcar en el sistema de las pensiones en el rango más alto de edad, saca la calculadora.
Apenas 24 horas después del desafortunado aviso al colectivo, el titular de la Seguridad Social matizaba sus declaraciones: "Ayer no tuve mi mejor día y no transmití esa certidumbre sobre algo que todavía está por definir. Probablemente no me expresé bien o se me entendió mal. Eran reflexiones en voz alta", decía el ministro. Pero el globo sonda ya estaba lanzado. Aunque es cierto que Escrivá se estaba refiriendo al diseño del nuevo mecanismo de "equidad intergeneracional" que vendrá a sustituir al Factor de Sostenibilidad y que no entrará en vigor hasta el año 2027, de manera que los que ahora tienen 63 años tendrán entonces 69 y ya estarán a buen recaudo, dentro del sistema de las pensiones, sus palabras generaron ese 'efecto miedo' tan infundado a veces como definitivo a la hora de tomar decisiones en materia de jubilación anticipada.
Ya sucedió con los funcionarios. La decisión de Escrivá de traspasar la gestión de las pensiones de las clases pasivas de Hacienda a la Seguridad Social generó una gran incertidumbre en el colectivo, ante el temor de ver recortados sus derechos de pensión o ver restringida la posibilidad de retirarse a los 60 años, lo que provocó una desbandada sin precedentes. En datos contantes y sonantes: entre los meses de junio y diciembre de 2020 se produjeron 10.387 jubilaciones voluntarias a los 60 años entre los funcionarios de clases pasivas, lo que supone un 26% más que en el mismo periodo del año anterior. Las cifras las reconoció el propio Gobierno recientemente en una respuesta parlamentaria a una pregunta del PP.
Y también pasó en el año 2018, cuando se produjo un 'boom' de salidas del mercado laboral, con un récord histórico de 328.159 retiradas de trabajadores en activo debido a un importante incremento de las jubilaciones antes de los 65 años, que superaron las 141.000, una cifra nunca vista en los registros de la Seguridad Social. En esas prejubilaciones masivas, sobre todo en las anticipadas (más del 40% del total), tuvo mucho que ver el miedo a la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad, que estaba prevista para el 1 de enero de 2019. Este mecanismo, incluido en la reforma de pensiones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011 y desarrollado después por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, se ideó para adaptar los parámetros básicos del sistema, como la edad de jubilación o los años que se tienen en cuenta para calcular la prestación, a la evolución de la esperanza de vida para garantizar el equilibrio del sistema.
Para esquivar ese impacto, miles de trabajadores optaron por adelantar su jubilación para garantizarse un mejor cálculo de la paga. Y ello porque les compensaba a pesar de asumir una penalización, pues la cuantía de la pensión que cobra un jubilado se reduce sensiblemente por cada año que se anticipe la edad de jubilación respecto a la edad legal en ese momento. Pero finalmente nunca llegó a entrar en vigor. La Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 dispuso que "la aplicación del Factor de Sostenibilidad (...) se llevará a cabo una vez que, en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, se alcance un acuerdo acerca de la aplicación de las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema. No obstante, y en todo caso, su entrada en vigor se producirá en una fecha no posterior al 1 de enero de 2023".
Esa prórroga instaló cierta calma entre los trabajadores próximos a la edad de jubilación, tal y como constatan las estadísticas de la Seguridad Social, que reflejan un desplome de las altas de jubilación del 7,5% en 2019. Fue el primer retroceso desde 2015 y el mayor en 13 años, pues hay que remontarse a 2006 para observar un descenso superior en términos proporcionales. Además, las jubilaciones antes de los 65 años cayeron el doble, con un retroceso de hasta el 15%, desde 141.093 en 2018 hasta 120.011 en 2019. En consecuencia, las salidas anticipadas pasaron de suponer el 43% del total al 39%. En 2021 (toda vez que los datos de 2020 están alterados por el impacto de la pandemia) ese porcentaje ha caído al 38%, con 52.263 jubilaciones antes de los 65 sobre un total de 136.522 registradas en lo que va de año. Pero las cifras podrían darse la vuelta tras el anuncio de Escrivá.
Si el colectivo cercano a la edad de jubilación ya estaba inquieto con los tambores de reforma que han venido sonando estos meses al ritmo de mayores penalizaciones en las salidas anticipadas del mercado laboral, el mensaje lanzado por Escrivá a toda una generación -los baby boombers- no hace más que echar leña al fuego. El propio ministro admitía durante su intento de rectificación el viernes, preguntado al respecto por los periodistas en la rueda de prensa de presentación de los datos de paro y afiliación del mes de junio, que sus palabras habían contribuido a crear incertidumbre entre los pensionistas, cuando su objetivo, reconocía, debe ser precisamente el contrario. Lamentó Escrivá que no había tenido su "mejor día" para justificar sus polémicas declaraciones durante una entrevista en TVE en la mañana del jueves, apenas horas antes de rubricar el primer acuerdo en materia de pensiones con la patronal y los sindicatos en los jardines del Palacio de la Moncloa, en un acto presidido por Pedro Sánchez.
Escrivá admitió que sus palabras contribuyeron a crear incertidumbre, cuando su objetivo es el contrario
Fue tal el revuelo que se generó (sindicatos y patronal salieron en tromba contra el ministro, que provocó un incendio incluso dentro del propio Ejecutivo) que el propio presidente del Gobierno tuvo que salir al paso de la polémica el mismo viernes. El primer pacto social en pensiones de la última década había quedado completamente eclipsado por las declaraciones de Escrivá y Sánchez insistió en el mensaje: "No minusvaloremos un acuerdo de gran trascendencia". Preguntado por el diseño del mecanismo de equidad intergeneracional (el quid de la cuestión, que deberá concretarse, como tarde, el 15 de noviembre), se limitaba a indicar que "la fórmula y el método es el diálogo social y vamos a trabajar en los próximos meses en la segunda parte de la reforma". Empresarios y sindicatos ya han advertido de que ese segundo paquete de medidas no será fácil de negociar.
Ese nuevo mecanismo de solidaridad entre generaciones incorporará "indicadores que en conjunto ofrezcan una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población y que, actuando de forma equilibrada sobre el conjunto de parámetros del sistema, sirvan de base para un diseño del nuevo mecanismo que evite hacer recaer en las generaciones más jóvenes el coste derivado de la llegada a la edad de jubilación de cohortes de trabajadores más pobladas, repartiendo de forma equilibrada el esfuerzo entre generaciones y fortaleciendo la sostenibilidad del sistema a largo plazo". Ese es, al menos, el compromiso que han fijado los agentes sociales en el primer paquete de la reforma de las pensiones.
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