La segunda reforma de las pensiones, liderada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, trae consigo luces y sombras. Lo cierto que se agotan los plazos para su inminente arranque, puesto que el Gobierno de España se comprometió con Bruselas a aprobarla antes de que acabase el año, con la firme intención de ponerla en marcha, a partir de enero de 2023, aunque parece que no las trae todas consigo. Hasta el momento, no las trae todas consigo, ni con la patronal ni con los sindicatos. Sin embargo, el dato que sí se conoce hasta ahora es la revalorización de las pensiones el año que viene, tanto las contributivas, gestionadas por la Seguridad Social, como las no contributivas; esto es, las del Imserso y las comunidades autónomas.
Por un parte, las pensiones contributivas mejorarán en un 8,5% a partir del 1 de enero, lo que supondrá en torno a unos 93 euros de media más al mes. Sin embargo, las no contributivas, es decir, las más bajas, lo harán en un 15%. El objetivo del Ejecutivo de Pedro Sánchez no es otro que todos los pensionistas, ya sean jubilados, viudos/as, por incapacidad permanente u orfandad, puedan hacer frente a la elevada tasa de inflación que, según la cifra adelantada por el INE para el IPC de noviembre, alcanzó el 6,8%, el porcentaje más bajo desde enero. Y es que, hay que recordar, que en agosto llegó a superar la barrera de las dos cifras, hasta sumar un 10,4%.
El escenario a largo plazo, más incierto
El escenario a medio y largo plazo, sin embargo, apunta que las reformas, más allá de las actualizaciones del IPC tenderán a reducirse. De acuerdo con el Grupo de Investigación Pensiones y Protección Social, formado por investigadores de la Universidad de Extremadura y de Valencia con respecto a este asunto, que participaron este miércoles en un nuevo desayuno de La Información-Ibercaja, la propuesta de ampliación del periodo de cómputo a 30 años considerando los 28 mejores, generará prestaciones más reducidas de cara al futuro. Algo que ayudaría a la sostenibilidad del sistema, pero que también abre la puerta a que los jubilados necesiten compensar en mayor medida la pensión con su ahorro individual.
Según sus análisis, los pensionistas que más poder económico perderían serían las carreras de corta duración. Para ser más exactos, con la aplicación de la propuesta del ministro Escrivá, las prestaciones se reducirán un 3,1%. Respecto a las jubilaciones en "edad ordinaria"; esto es, quienes dejen de trabajar a los 65 años, las pensiones se reducirían en un 1,1%. Los menos afectados serían los trabajadores de larga duración, donde los importes a percibir serían un 0,4% inferiores si ya estuviera en vigor la propuesta planteada esta semana por el Ministerio de Seguridad Social. La ampliación del periodo de cálculo también incidiría sobre las pensiones de las mujeres, que se reducirían un 0,9% (todavía no se ha hecho público el ajuste para amortiguar los efectos de la maternidad).
Pensiones de más de 3.000 euros
La revalorización de las pensiones con la inflación de este año, colocará las prestaciones máximas por encima de los 3.000 euros por primera vez. No cabe duda que esta cantidad supone una gran diferencia o, dicho de otro modo, una brecha sin precedentes con las pensiones más bajas, puesto que el Gobierno garantiza una cuantía mínima para las pensiones no contributivas, que pasará de los actuales 421,40 mensuales a los 484,61 euros al mes. Por lo tanto, con la revalorización estimada, en un 15%, se sumarán 63,21 euros más al mes.
En cualquier caso, no hay que olvidar que la última palabra, con respecto al alza de las pensiones previstas de cara a los próximos doce meses, se conocerá con exactitud el próximo 14 de diciembre, día en el que el INE publicará el dato del IPC de noviembre definitivo. Un día, sin lugar a dudas, importante para los pensionistas, puesto que desde diciembre del año pasado, el incremento de estas prestaciones sociales se calcula en función del IPC del último año, lo que sustituyó al MEI, que por sus siglas responde al Mecanismo de Equidad Intergeneracional, puesto en marcha en el año 2013 durante el mandado de Mariano Rajoy.
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