"Sobre las pensiones deciden siempre los mayores... que las cobrarán pronto"

No todo son detractores a la hora de plantear la ampliación del periodo de cálculo para las pensiones a 35 años, como plantea el ministro José Luis Escrivá, incluso a toda la vida laboral de las personas, si bien con un modelo más transparente y contributivo, en el que las pensiones mínimas y asistenciales de la gente que no ha cotizado lo suficiente vayan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. De hecho, este año se ha dado el prime paso para tirar del dinero de los impuestos hacia la Seguridad Social, con 14.000 millones de aportación para sufragar los gastos atípicos de un sistema que lleva una década generando déficits y endeudamiento a la Administración.

Uno de los defensores de ese planteamiento es el profesor de Economía del IESE experto en pensiones Javier Díaz-Giménez, para quien elevar los años en el cálculo de la pensión tiene, de entrada, dos efectos claros: por un lado supone que la cuantía baja de forma inevitable con el modelo de reparto actual, pero por otro lado, mejora de forma sustancial la contributividad, es decir, se acerca más lo que la gente cotiza durante toda su vida a lo que realmente cobra cuando se jubila, que es algo que desde Bruselas siempre se le ha reclamado a España a la hora de reformar las pensiones.

Muy básicamente, el profesor Díaz-Giménez siempre ha defendido un modelo para las pensiones en el que se separe de forma clara las que son contributivas y las que no lo son. En el caso de las primeras, los euros pagados a lo largo de la vida laboral darían lugar a los correspondientes derechos pensionables a futuro, acumulables en cuentas nocionales, que el trabajador cobraría cuando dejase su vida activa tras aplicarles un coeficiente corrector. Ese modelo se debería complementar con un sistema de capitalización obligatorio, gestionado desde el sector público.

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Las últimas actualizaciones que ha realizado el profesor del IESE apuntan a que la edad media en España está en casi 50 años (49 años y diez meses), de forma que gana fuerza siempre el “partido de los mayores” e influye de forma importante a la hora de tomar las decisiones sobre las pensiones, pensando en su futuro inmediato y a favor de un sistema de reparto como el que hay, que les garantice lo que van a cobrar. “La sociedad española está políticamente capturada por los mayores, que es a quien más importan las pensiones porque las van a cobrar pronto, aunque se sufraguen con la gente que conforma el ‘partido de los jóvenes’”, señala.

Con ese escenario, la ampliación del periodo de cálculo que estudia el ministro Escrivá es para este experto “un buen primer paso para una transición en la que al final se tenga en cuenta siempre toda la vida laboral de las personas a la hora de cobrar la pensión que les corresponda”. Frente a ello, está la decisión política de ser más o menos generosos con las pensiones no contributivas. A su entender, el sistema de reparto actual en el que se mezclan euros con años a la hora de hacer los cálculos, supone que para mantener el modelo a flote hasta que pase el auge de nacimientos de los sesenta a los que les toca jubilarse en los próximos años, habrá que inyectarle miles de millones cada año a través de los Presupuestos. “Al final todo viene por una pura razón demográfica, de un boom de natalidad seguido de un colapso de natalidad, que hace que todo el problema quede resuelto cuando nos muramos los de los años sesenta”, señala Díaz-Giménez muy gráficamente.

La línea que defiende este experto del IESE es la misma que otros economistas que han alertado desde hace años que el sistema de reparto actual no aguanta con el aumento de la esperanza de vida de los españoles y de las sociedades avanzadas. Si se opta por un modelo solidario con una tasa de contributividad menor, los aumentos de la edad de jubilación al entorno de los 70 años (serán 67 en 2027 con el modelo actual) y la rebaja de las pensiones medias se presenta para este colectivo de economistas liberales como técnicamente inevitable, por más que las 21 recomendaciones aprobadas en la Comisión del Pacto de Toledo apunten a un mantenimiento del sistema. Lo que tanto Díaz-Giménez como el grupo de expertos que alertan de que el modelo no aguanta reconocen es que, pese a la falta de credibilidad que se le achaca al sistema, mientras la decisión política sea la que lo ordene, con la base de población actual, el reparto se va a mantener y habrá pensiones para todos por el momento, aunque habrá que ver de donde sale el dinero para pagarlas.