Valerio diseña ya el decreto que dispara el gasto en pensiones 4.000 millones al año

Magdalena Valerio no espera de brazos cruzados a que los partidos independentistas decidan apoyar la subida de las pensiones que incluye el acuerdo presupuestario pactado con Unidos Podemos y enviado a Bruselas. Las hojas del calendario siguen cayendo al margen de las negociaciones políticas, y el Ministerio de Trabajo ya se ha puesto manos a la obra en la elaboración del texto legal que garantizará la mejora en las prestaciones públicas en caso de que no haya nuevas cuentas a 1 de enero de 2019. El texto, que podría ver la luz a finales de año, dispara el gasto en pensiones en casi 4.000 millones de euros, que soportará la Seguridad Social todos los años por el efecto 'bola de nieve' que supone la consolidación estructural de este tipo de desembolsos en el sistema.

"Siempre hay que tener un plan A y un plan B". Así dejaba entrever la titular de Trabajo el lunes lo que varios miembros del Gobierno ya habían adelantado y fuentes del Ministerio confirman a La Información: "Cada departamento está ya trabajando en los reales decretos leyes de su competencia" y "los más urgentes están ya en fase de diseño".

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Especial urgencia merece para el Gobierno garantizar el poder adquisitivo de más de 9,6 millones de pensionistas. Prueba de ello es que este acuerdo ocupa el capítulo 1 del documento rubricado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que viene a subsanar la ausencia de reflejo contable que dejó en este apartado la anterior administración de Mariano Rajoy y que ha obligado al Ejecutivo actual a tirar de "imaginación contable" para poder subir las pensiones.

Ahora, las cuentas del Gobierno socialista para el año que viene incluyen 1.761 millones de euros por la revalorización del 1,6% de todas las prestaciones pactada entre el PP y el PNV en base a las previsiones de inflación del 1,6%. A esta cantidad hay que sumar los 772 millones de euros que implicará la compensación por la desviación del IPC este año.

Recordemos que, fruto del acuerdo con los nacionalistas vascos, las pensiones subieron este año un 1,6%, proporción que se ha quedado corta ante la escalada de los precios. Por ello, el Gobierno actual ha asegurado que compensará a los pensionistas por esa pérdida de capacidad de compra en una 'paguilla' que se desembolsará, según fuentes de Trabajo, "en torno al mes de febrero de 2019". Esa paga extraordinaria se ha calculado en base a un IPC previsto para diciembre del 1,9% por lo que, a razón de 128,6 millones de euros por décima, supondrá un coste de 386 millones.

Así lo confirmó el lunes el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, quien dejó caer además que esta compensación se consolidará en la nómina de las pensiones, por lo que esos 386 millones se duplicarán y el coste total rondará los mencionados 772 millones. "Lo lógico es que se consolide", comentan en el Ministerio.

Desde el equipo más cercano a Granado explican que se ha elegido el IPC de final de año, en lugar del de noviembre (que era la referencia tradicional en estos casos) "porque no hay presupuesto para abonar la paga en diciembre". Aducen "razones contables" y recuerdan que ya  "hubo que sacar de la manga casi 2.000 millones de euros" para pagar las subidas comprometidas y no presupuestadas por el Gobierno anterior, por lo que difícilmente se puede hacer frente ahora a este gasto extra. 

El desembolso podría ser incluso mayor si se tuviera en cuenta la inflación de noviembre, pues no hay que olvidar que la tasa anual del IPC se situó en octubre en el 2,3%, por lo que parece oportuno darle tiempo al índice para bajar hasta el 1,9% a cierre de ejercicio.

De cualquier manera, entre la revalorización y la compensación suman ya 2.500 millones de euros. En la calculadora hay que añadir la subida de la base reguladora de las prestaciones de viudedad del 56% al 60%, por 704 millones de euros, más el consecuente incremento de las pensiones de las clases pasivas por otros 285 millones. En total, más de 3.500 millones, que escalan hasta rozar los 4.000 cuando se incorporan los 384 millones que va a costar el alza de las pensiones mínimas y no contributivas, si bien este último desembolso se financia con cargo al Presupuesto del Estado, sin perjudicar el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social, ya bastante castigado.

Casi 4.000 millones de euros que no son una cantidad menor ni temporal, habida cuenta de que suponen un aumento del gasto estructural que se consolida en un sistema que presenta un déficit de 19.000 millones. El impacto futuro es difícil de cuantificar, pero un trabajo reciente del responsable de análisis macroeconómico de BBVA Research, Rafael Doménech, cifraba en 40.000 millones de euros el coste acumulado para la próxima década solamente de subir las pensiones el 1,6% en 2018 y en 2019.

A la espera de que la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo remate sus recomendaciones para la reforma que garantice la sostenibilidad del sistema público de pensiones, medidas como la tasa a las transacciones financieras –por la que el Gobierno pretende recaudar 850 millones de euros que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) rebaja a 420 millones– no parecen suficientes a ojos de expertos como los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que han pedido a España "salvaguardar la viabilidad financiera del sistema", advirtiendo de que vincular permanentemente su revalorización a la inflación, sin introducir medidas compensatorias, colocaría el gasto en pensiones en una "pronunciada trayectoria alcista".