La coalición progresista ya tiene preparado su primer golpe de efecto: subir las pensiones "de manera inmediata" para que los pensionistas no lleguen a notar en sus bolsillos la congelación de facto que entró en vigor el 1 de enero, tras la decisión de Pedro Sánchez de anular la revalorización automática del 0,25% que establece la ley vigente. La intención del nuevo Gobierno es poner la maquinaria ejecutiva a pleno rendimiento cuanto antes, con asuntos prioritarios sobre la mesa como la actualización de las rentas de nueve millones de beneficiarios del sistema público de la Seguridad Social para que tenga efecto ya desde enero.
El objetivo es agilizar todos los trámites para incluir las nuevas cuantías en la nómina de este mismo mes y evitar tener que abonar una paga extraordinaria más adelante para cumplir con el compromiso de la retroactividad de la subida. La Seguridad Social ingresará las pensiones en los bancos el día 25, como cada mes, por lo que todavía hay margen para que el sistema informático realice los cambios necesarios, tal y como confirman fuentes conocedoras de este movimiento que aseguran que el Real Decreto Ley ya está en la sala de máquinas de Moncloa.
Las fuentes consultadas avanzan que la medida verá la luz en una de las primeras reuniones de los ministros y ministras del PSOE y Unidas Podemos. Tras descartarse la posibilidad de que el primer Consejo de Ministros conjunto se celebre ya este viernes –fuentes socialistas revelaban ayer por la tarde que Sánchez no dará a conocer la composición de su equipo hasta la semana que viene– en el calendario aparece marcado en rojo el día 17 de enero.
Las mismas fuentes conocedoras de los plazos que se han dado los equipos del nuevo Gobierno de coalición aseguran que incluso en este escenario en el que el decreto se retrasase hasta mediados de mes todavía habría margen para hacer efectiva la actualización en esta nómina. Aunque en el Ministerio de Trabajo guardan silencio respecto a la aprobación de esta medida inminente sí aclaran que de salir adelante antes de que se emita a las entidades bancarias la nómina de enero –es decir, el día 25– la subida sí se incluiría en esta paga. De lo contrario, insisten, "se pagará con carácter retroactivo una vez se apruebe".
La subida, en cualquier caso, será del 0,9%, en base a la inflación prevista, tal y como comunicó el Gobierno de Sánchez a la Comisión Europea el pasado 15 de octubre. Este avance llevará al sistema de la Seguridad Social a rebasar una cota histórica: la pensión media superará por primera vez los 1.000 euros mensuales, tras cerrar el pasado mes de diciembre en 995,76 euros. La pensión media de jubilación, por su parte, pasará este año a 1.154 euros, desde los 1.143,55 de finales de 2019.
El objetivo es garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, y es compartido por Pablo Iglesias, que como se desveló en estas páginas había presionado al líder socialista para retrasar la actualización de las pensiones hasta que lograran sacar adelante su Gobierno de coalición, de manera que ambas formaciones pudieran apuntarse este tanto. Es una medida social de "máxima prioridad" tanto para el PSOE como para Unidas Podemos y los dos socios quieren colgarse la medalla.
Funcionarios... y SMI
Pero no solo eso. La coalición progresista tiene preparado todo un paquete de medidas sociales que son prioritarias y, por tanto, entrarán en vigor en los próximos días. Parte de este 'pack' viene de los deberes pendientes que no pudo aprobar el Ejecutivo socialista en la recta final del año pasado por encontrarse en funciones. A saber: la subida de los sueldos de los empleados públicos y la actualización de la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que también ha empezado el año congelado en 900 euros mensuales.
Así, está previsto que también en el primer mes del año vea la luz la subida salarial acordada para los funcionarios, que en el mejor de los casos podría alcanzar el 2,3% (un 2% más un 0,3% de fondos adicionales) y la equiparación salarial entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Todo ello formará parte de ese gran paquete social que pretende mejorar las retribuciones de 11,5 millones de ciudadanos (9 millones de pensionistas y 2,5 millones de funcionarios) y que ya está diseñado.
Para el salario mínimo los planes del PSOE y UP dibujan una senda ascendente hasta alcanzar el 60% del salario medio (1.200 euros) al final de la legislatura. Para este 2020 han acordado una cifra cercana pero inferior a los 1.000 euros mensuales, si bien los socios de la coalición progresista se han comprometido a esperar a la recomendación los agentes sociales. No obstante, se trata de una consulta meramente preceptiva y es el Gobierno el que tiene la última palabra en este asunto.
El 'viernes social' saldrá caro
Este primer 'viernes social' tendrá un coste importante para las arcas públicas: 4.668 millones de euros. El incremento del 0,9% de las pensiones supondrá 1.404 millones y el alza del 2,3% del salario de los funcionarios junto a la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado costará 3.264 millones, de acuerdo con el Plan Presupuestario elaborado por los socialistas.
Todo ello, sin contar todavía con unos Presupuestos para este año. La intención del nuevo Gobierno es aprobar ahora estos decretos y contemplar después el gasto en las cuentas públicas de 2020, que pretenden sacar adelante durante el primer trimestre. En estos PGE se incluirán también las subidas de impuestos previstas para las rentas altas y las grandes empresas y las nuevas tasas para las transacciones financieras y determinados servicios digitales. Con estas medidas se presente costear el aumento del gasto social.
Desde la agencia de calificación Moody's advirtieron ayer de que los Presupuestos de 2020 serán "la primera indicación clave de la dirección de la política económica del nuevo Gobierno". Los analistas esperan un mayor gasto (incluso a nivel regional) "pero también impuestos más altos y otros nuevos para mantener el déficit presupuestario bajo control". A su juicio, la reforma de las pensiones será "más difícil de acordar" y el principal riesgo se encuentra en la reversión de la reforma laboral que tienen entre manos Sánchez e Iglesias.
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