Miércoles, 19.02.2020 - 23:13 h
El Estado pagó 15.711 millones en 2019

Escrivá toma las riendas de las pensiones de funcionarios tras batir récord de gasto

El ministro asume la gestión de las clases pasivas, que pertenecía a Hacienda, para ampliar el control sobre el sistema de cara a la futura reforma.

El antes presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y ahora ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se ha estrenado en el cargo con una ambiciosa promesa: acabar de forma "rápida y efectiva" con el déficit del sistema público de pensiones. Para ello ha tomado una decisión histórica. Se ha hecho con las competencias del régimen de clases pasivas, en el que se encajan las pensiones de exfuncionarios y exmilitares, que hasta ahora gestionaba el Ministerio de Hacienda y que es sumamente deficitario. El movimiento no es baladí, pues garantiza a Escrivá una visión de conjunto de todo el sistema, necesaria de cara a una futura reforma.

Este régimen especial –compuesto por funcionarios de carrera de la Administración Civil y Militar del Estado, de la Administración de Justicia, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Cortes Generales, incluidos altos cargos políticos, como expresidentes o exministros– presenta un déficit creciente porque cada año cuenta con menos aportaciones de trabajadores en activo y más beneficiarios. Es un saco roto condenado a desaparecer. José Luis Rodríguez Zapatero lo anuló en 2011 y a partir de ese momento los nuevos funcionarios y militares pasaron al régimen general de la Seguridad Social, de manera que las clases pasivas dejarán de existir definitivamente dentro de varias décadas. Y mientras tanto, este sistema seguirá en números rojos.

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Son pocos beneficiarios en comparación con los perceptores de pensiones del régimen general (655.315 a diciembre de 2019, frente a 9,8 millones) pero no es un gasto menor. De hecho, va creciendo año tras año y superando récord tras récord. En 2019 el Estado destinó más dinero que nunca a pagar las pensiones de las clases pasivas: 15.711 millones de euros, por encima de los 14.590 millones habilitados para esta partida en los Presupuestos prorrogados (de 2018) e incluso superando en 200 millones la cantidad que preveía destinar el Gobierno de Pedro Sánchez a este desembolso en su proyecto presupuestario fallido (el de 2019).

Son casi 16.000 millones de euros de dinero público que se destinan a pensiones pero que no se incluyen en la nómina habitual que emite la Seguridad Social y que supera los 120.000 millones de euros anuales. No cuentan, por tanto, como gasto en pensiones. Por el contrario, se enmarcan en los presupuestos del Ministerio de Hacienda, el departamento en el que se ha encajado el régimen de las clases pasivas desde su creación, hace ya más de 50 años.

Ahora Escrivá se ha hecho con su gestión para tener este régimen bajo control e incluirlo en el análisis y diagnóstico de situación, tal y como ya sugirió desde la Airef en algunos de sus informes. "Perseguiremos tener una visión de todo el conjunto del sistema de pensiones, porque nuestro objetivo es reforzar la solvencia y suficiencia del sistema de pensiones y dar certidumbre a los pensionistas a corto, medio y largo plazo", remarcó durante su primer discurso como ministro esta misma semana.

El objetivo, según fuentes del actual equipo de Seguridad Social, es que las pensiones del régimen general y las abonadas por clases pasivas dependan de un mismo organismo y se encuadren en el mismo Ministerio. "Otra cosa es que se mezclen", matizan, para aclarar después que "la idea es que la dirección sea única, no que se sumen las nóminas". En otras palabras: el dinero para pagar las pensiones de los funcionarios y militares incluidos en el régimen de clases pasivas va a seguir saliendo del presupuesto del Estado, no de las arcas de la Seguridad Social, donde estos trabajadores nunca cotizaron.

Un régimen con importantes beneficios

El personal incluido en el régimen de clases pasivas del Estado cuenta con importantes beneficios gracias a su singular marco regulatorio. Para empezar, al contrario de lo que sucede en el régimen general, sus pensiones de jubilación no dependen de su base de cotización sino del haber regulador, vinculado de forma directa a sus salarios, que generalmente eran elevados por su cualificación profesional. De este modo, sus pensiones son de media bastante más elevadas que las del régimen general: superan los 1.700 euros, frente a 996 euros (1.143 euros en el caso de los jubilados).

Además, sus condiciones de acceso a la jubilación son más favorables: pueden jubilarse anticipadamente a los 60 años si cuentan con una trayectoria laboral de 30 años a sus espaldas. Y pueden retirarse sin penalización económica, es decir, cobrando el 100% de la pensión. Este aspecto es clave para Escrivá, de acuerdo con las recomendaciones que ha venido lanzando desde la AIReF. Hay que recordar que la opinión emitida recientemente sobre la sostenibilidad de la Seguridad Social apostaba por elevar un año la edad efectiva de jubilación, que actualmente asciende a 62,4 años y está muy por debajo de la edad legal 65,5 años (alcanzará los 67 años en 2027).

Este informe fue recibido con media sonrisa por el Gobierno de Pedro Sánchez, que agradeció el tono optimista sobre la sostenibilidad de las pensiones. El anterior secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, valoró precisamente la idea de retrasar la edad real de jubilación e hizo referencia al régimen de clases pasivas. Según sus cálculos, solo equiparando la cotización de estos trabajadores al régimen general de la Seguridad Social la edad efectiva de jubilación en España crecería ese año adicional que pide incrementar la Airef en su informe.

Situar el régimen de clases pasivas bajo el mismo paraguas que el régimen general es un primer paso para el diagnóstico de situación y la toma de decisiones. El acuerdo programático alcanzado entre el PSOE y Unidas Podemos ya avanzaba que el Gobierno de coalición iba a empezar a reorganizar la Seguridad Social para "dotar de mayor eficacia la gestión con menores costes". El objetivo último es avanzar, en el marco del diálogo social y el Pacto de Toledo, hacia una reforma que apuntale las cuentas y garantice la viabilidad del sistema a largo plazo.

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