Viernes, 06.12.2019 - 20:33 h
La revalorización, en el aire

Límite 27-D: Sánchez tiene un mes para ligar las pensiones al IPC y evitar el 0,25

El plazo para actualizar las pagas desde el 1 de enero finaliza con el último Consejo de Ministros del año. La investidura es una incógnita.

Calendario investidura pensiones
 

Cuatro semanas. Es el plazo que tiene el Gobierno para encontrar la fórmula que permita actualizar las pensiones en base al IPC en 2020. De lo contrario, las pagas de los pensionistas estarán condenadas a subir solo un 0,25% a partir del 1 de enero. En estos momentos, Pedro Sánchez centra todos sus esfuerzos en conseguir los votos necesarios para sacar adelante su investidura, con la mirada puesta en la tercera semana de diciembre. Si fracasa en el intento, el Ejecutivo seguirá en funciones hasta que acabe el año, lo que le ata de pies y manos para aprobar una medida que active una subida distinta a lo que establece la ley. Mientras tanto, la incertidumbre tiene en vilo a nueve millones de pensionistas.

El límite es el último Consejo de Ministros de 2019, que tendrá lugar el viernes, 27 de diciembre. Antes de esa fecha habrá otras tres ocasiones para aprobar un real decreto ley: el día 5 (el Consejo de Ministros se traslada al jueves al ser el viernes festivo), el 13 y el 20. De encontrar la vía que le habilite para saltarse la ley del PP que establece que las pensiones públicas subirán solo un 0,25% siempre que la Seguridad Social esté en números rojos –como es el caso– el Gobierno tendrá que darle el visto bueno en alguna de esas fechas. 

Hay otro día marcado en rojo en La Moncloa: el 19 de diciembre. El calendario que ha diseñado el equipo de Sánchez es el siguiente. El día 3 se constituyen las Cortes y, por tanto, las Mesas de Congreso y Senado. Dar entrada a ERC supondría ya un primer gesto con los independentistas. En paralelo, se seguiría negociando entre partidos. La semana siguiente quedaría para una ronda de consultas con el Rey. Y la siguiente para la investidura. El 16, lunes por la tarde, Sánchez expondría ante el Congreso su programa de Gobierno. El 17 llegaría el turno de la oposición y de la votación, que fracasaría en primera ronda (es necesaria la mayoría absoluta para que triunfe). El 19 sería el gran día. Una abstención de ERC sería suficiente y Sánchez lograría ser investido.

En ese caso, en 24 o 48 horas el Rey nombraría el Gobierno a propuesta del Presidente, por lo que el lunes 23 o el martes 24 de diciembre se anunciarían las carteras de los ministros y ministras del nuevo Ejecutivo, ya en plenas funciones. Si todo sale según lo planeado por Sánchez, ese gobierno sería el de coalición con Unidas Podemos. Y su primera medida a tomar tendría que ser la subida de las pensiones para 2020, ese mismo viernes, 27 de diciembre. Si no lo fuera, se enfrentarían a las movilizaciones de los pensionistas en las calles, que exigen desde hace meses la revalorización con el IPC y la sepultura definitiva al 0,25%. 

¿Cuánto subiría las pensiones la coalición PSOE-UP? Fuentes cercanas a las negociaciones que se están llevando a cabo estos días entre ambas formaciones explican que ahora de lo que se está hablando es del reparto de las carteras y de la configuración general de la estructura del ejecutivo. Por tanto, no se ha tocado el tema de la revalorización. En cualquier caso, el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha trasladado a Bruselas su intención de subir las pensiones un 0,9% en 2020, en línea con el crecimiento esperado de los precios. Y de abonar una paguilla extraordinaria a los pensionistas en caso de que la inflación quede finalmente por encima. Esto, en principio, cubriría las exigencias de los de Pablo Iglesias, que apuestan por la actualización con el "IPC real".

pensiones 2020 subida 0,9 grafico
 

¿Y si fracasa la investidura? En ese caso, el margen que tiene el Gobierno en funciones para subir las pensiones más del 0,25% desde el 1 de enero es prácticamente nulo. El artículo 21 de la ley del Gobierno establece que el Ejecutivo en funciones "limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas".

Aunque este apartado admite distintas interpretaciones. En el Ministerio de Trabajo consideran que están en plenas facultades para aprobar un real decreto ley, porque entienden que la subida de las pensiones podría encajar en ese enunciado como decisión de "urgente necesidad" que obedece al "interés general". Los sindicatos, por su parte, creen que no tienen capacidad para hacerlo. Mientras, Hacienda plantea otra posible vía: en el peor de los casos, se forma gobierno ya entrado el año y se aprueba un incremento con carácter retroactivo, como sucedió en 2018, cuando el alza se aplicó con la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado en julio, con carácter retroactivo desde enero.

Los funcionarios... y el SMI

A los nueve millones de pensionistas se suman 2,5 millones de funcionarios que esperan que el Gobierno apruebe su subida salarial del 2% pactada para 2020 en lo que queda de año, para que sea efectiva desde el 1 de enero. Esta medida también tendría que adoptarse por la vía del real decreto ley, por lo que plantea los mismos problemas. De hecho, el propio ministro de Política Territorial y Función Pública en funciones, Luis Planas, ya lo ha descartado. "Desde el punto de vista legal, un Gobierno en funciones no puede llevar a cabo ese aumento, que en todo caso será devengado con fecha 1 de enero", ha dicho. 

Otra de las medidas que deben tomarse en la recta final del año es la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el próximo ejercicio. El Gobierno en funciones todavía no ha contactado con los agentes sociales para esta cuestión. Su intención, y la de sus socios de Podemos, es alcanzar el 60% del salario medio (unos 1.200 euros) al final de la legislatura. Pero ninguno ha concretado el primer paso que se dará en 2020. Los empresarios ya dan por descontado que haya o no investidura, Sánchez situará el salario mínimo en 1.000 euros, 100 más que ahora. No en vano, esta norma no exige un real decreto ley, sino que tiene rango de real decreto, y este encajaría más fácilmente en el margen de actuación del Gobierno en funciones.

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