Lunes, 06.04.2020 - 17:15 h
Amenaza a las rentas más altas

Escrivá castiga la jubilación anticipada de funcionarios y los grandes ERE del Ibex

Supone un golpe adicional a la generación del 'baby boom', que empieza a prejubilarse ahora tras una una larga vida laboral para sostener el sistema.

José Luis Escrivá junto a Magdalena Valerio
Escrivá castiga la jubilación anticipada de funcionarios y los grandes ERE del Ibex. / EFE

El recorte que José Luis Escrivá quiere aplicar a las jubilaciones anticipadas va a suponer un duro golpe para los altos funcionarios y el personal de las grandes corporaciones (banca, telecos, etc…) que tienen salarios elevados y se acercan ahora a la edad de retirada de su vida laboral, incluidos los prejubilados de grandes Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que pueden optar por este modelo dos años antes de llegar a los 65 años. Fuentes técnicas conocedoras de esta iniciativa que se prepara en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguran que el colectivo más perjudicado será la generación a la que le toca jubilarse en la próxima década, la del ‘baby boom’, que al final de su vida laboral y con más de 35 años cotizados tienen ahora una renta superior a los 2.800 euros brutos al mes.

Con el sistema actual, se aplica un coeficiente reductor del 8% anual por cada año de adelanto de su retirada, que puede ser menor a medida que aumentan los años de cotización, en una escala para que parte de un mínimo de 35 años cotizados y puede llegar hasta más de 44. Lo que ocurre en la práctica es que al aplicar esa reducción sobre casos de bases reguladoras y sueldos altos, la pensión resultante queda en el entorno de los 2.659,4 euros mensuales (37.231,7 euros al año), que es la pensión máxima fijada por el Gobierno para este año, de forma que a muchos ejecutivos y funcionarios de alto nivel (más del 28) con todos los años legales de cotización cumplidos antes de llegar a los 65 años, les da igual irse a casa de forma anticipada dos años antes que quedarse trabajando, porque van a cobrar casi lo mismo.

La medida afectará además a todos los prejubilados a partir de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de grandes empresas, que salen de las compañías con una edad muy inferior a la estipulada para el retiro, pero que pueden acogerse a la jubilación anticipada voluntaria con 63 años, cuando les quedan dos para llegar a la edad legal de finalización de la vida laboral. Ese recurso evita a las empresas que aplican los expedientes afrontar el coste de esos empelados en esos dos últimos años, sin que ellos pierdan poder adquisitivo, dado que el cálculo les deja el pago más o menos en el mismo nivel que venían gozando tras el ERE. Según técnicos en recursos humanos consultados, de llevarse a cabo el cambio legislativo que ha anunciado Escrivá, miles de esos prejubilados  que pactaron ese sistema, muchos de ellos de compañías del Ibex, van a ver ahora reducida su jubilación, no solo esos dos años hasta los 65, sino a lo largo de toda su etapa de pensionistas. 

La utilización de ese sistema, que se había llegado a llamar en algunos entornos como “el chollo” de las jubilaciones para los funcionarios y las grandes empresas, se ha disparado en los últimos años ante la incertidumbre política y económica en la que quedó España tras la crisis y la falta de un Gobierno estable. De hecho, el propio Escrivá admitía ayer en su comparecencia en el Congreso para explicar las líneas de su Ministerio, el fuerte incremento del 66% en las jubilaciones anticipadas voluntarias de los últimos seis años, hasta acaparar un 16% de media en el total de jubilados del país cada año.

Fuentes empresariales cercanas a este proceso aseguran que el recorte previsto para las jubilaciones anticipadas lleva varios años gestándose en los gobiernos de turno, sin que se haya logrado encontrar hasta el momento la fórmula concreta para aplicarlo sin vulnerar las bases de la legislación sobre pensiones. Escrivá ha anunciado que tendrá un proyecto listo para final de este año, si bien se desconoce si va a centrarse en un recorte directo de la pensión para las rentas altas o una limitación de las bases reguladoras. En cualquier caso, va a suponer una reforma de la Ley de la Seguridad Social, que se debe consensuar entre los socios de Gobierno. 

Desde las grandes empresas se advierte que se trata de un golpe a un colectivo muy amplio -los ‘baby boomers’, nacidos en España entre 1958 y 1977-, con largos historiales de cotización y que han sido la base del sistema durante toda su vida, a los que ahora se les amenaza con un esfuerzo adicional, a la vista de que su prejubilación (que empieza el año que viene) va a suponer un aumento importante del gasto en pensiones en las próximas dos décadas, sin que por el momento se haya llegado a la fórmula para garantizar su pago en el seno del Pacto de Toledo.

Las fuentes técnicas consultadas advierten, además, que aunque se trate de un ahorro importante sobre un capítulo puntual del gasto en pensiones, sería una parte poco significativa para las necesidades de financiación del conjunto del sistema, que está pendiente de que se encuentre una fórmula de reparto nueva. Desde el punto de vista político, hay que tener en cuenta, además, que este golpe a las jubilaciones anticipadas y a las pensiones futuras de la generación del 'baby boom' no está contemplado en ninguna parte del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, si bien las fuentes consultadas en ese ámbito aseguran que sí puede considerarse como una medida contra las rentas medias y altas, acorde con los planteamientos económicos que la coalición de Gobierno ha hecho. 

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