En el foco de Bruselas

Escrivá, contra todos: impone su ajuste de las pensiones sin consenso a la vista

Los planes del ministro de Seguridad Social para retrasar la edad de jubilación se topan con el rechazo en bloque de la patronal y los sindicatos, de los socios del Gobierno e incluso dentro de la propia coalición.

José Luis Escrivá, Congreso de los Diputados
Escrivá, contra todos: impone su ajuste de las pensiones sin consenso a la vista
Europa Press

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, avanza en el diseño de su reforma del sistema público de las pensiones ante la atónita mirada de los agentes sociales, que critican la ausencia de diálogo en una materia capital. El artífice defiende que los cambios planteados cumplen con las recomendaciones del Pacto de Toledo, pero los socios del Gobierno en el Parlamento recelan de la letra pequeña de las modificaciones previstas, que implican de facto el retraso de la edad de jubilación. Incluso dentro de la propia coalición, en el área de Unidas Podemos, han surgido voces que han cuestionado la reforma propuesta. Otra semana complicada para Escrivá, que tendrá que limitarse a dibujar solo el perímetro de las medidas a adoptar en el Plan de Recuperación que el Ejecutivo enviará a Bruselas en los próximos días. La Comisión Europea, hay que recordar, exige consenso en las reformas. Así las cosas, se antoja complicado.

Un "monólogo social". Es lo que está haciendo Escrivá, a juicio del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. El dirigente empresarial se pronunciaba en estos términos tras la intervención del titular de Seguridad Social el pasado lunes en la Comisión del Pacto de Toledo, donde avanzó algunas propuestas de su departamento para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, entre ellas el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y la puesta en marcha de un cheque anual para incentivar el retraso de la jubilación. "Si vamos a jubilar a la gente a los 68 años que lo digan, que no lo maquillen", sentenciaba tajante el jefe de la patronal.

El comentario no es baladí, pues el rechazo político y social generalizado a la reforma de Escrivá gira en torno al asunto del retraso de la edad efectiva de jubilación, que en estos momentos se sitúa en 64,6 años, frente a la edad legal, que en 2021 está entre los 65 y los 66 años y llegará a una horquilla de entre 65 y 67 años en 2027. Para lograrlo, el ministro lleva meses debatiendo varias medidas con la patronal y los sindicatos, aunque estos le acusan de lanzar anuncios a la opinión pública sobre temas que no se han negociado, ni mucho menos acordado. Sucedió este mismo lunes, cuando Escrivá cifró el pago único por cada año de retraso en la jubilación en un máximo de 12.000 euros; sin embargo, La Información ha comprobado que los agentes sociales ya tenían un borrador sobre la mesa antes del fin de semana y, por tanto, eran conocedores de la propuesta desvelada ante el Pacto de Toledo.

En la comisión parlamentaria tampoco cayeron bien los planes de Escrivá. Especialmente entre las representantes de los socios de coalición. La portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, acusó a Escrivá de "enturbiar" el acuerdo que ya existe sobre la revalorización de las pensiones, a través de una "fórmula extraña, que no acabamos de entender y puede terminar de ser además injusto". En este sentido, le exigió una reforma integral que blinde el poder adquisitivo de los pensionistas. Además, defendió que el cheque de incentivo a la jubilación demorada debería destinarse a contratos de relevo que garanticen la entrada de los jóvenes al mercado laboral.

Pero fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aseguran que Unidas Podemos no ha puesto objeciones a los planes de Escrivá en el seno del Gobierno. Llueve, en cualquier caso, sobre mojado, pues los socios 'morados' ya pusieron pie en pared cuando el ministro planteó -de manera silenciosa- el incremento del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión hasta los 35 años. Una opción que después ha sido difuminada, pero que mantiene la esencia de adecuar la ecuación a las nuevas carreras profesionales, en las que las lagunas de cotización son cada vez menos excepcionales. La medida, de llevarse a cabo, supondría un recorte en la cuantía de la pensión en muchos casos, algo que rechazan de plano tanto Podemos como la patronal y los sindicatos.

Los socios externos del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos también han manifestado su recelo ante la reforma de Escrivá. El portavoz de Más País-Equo, Íñigo Errejón, ha criticado la "obsesión" del Ejecutivo por "intentar que la gente se jubile más tarde". En esas línea, la portavoz de EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, ha cuestionado la penalización a la jubilación anticipada y el diseño de los incentivos a la jubilación demorada por no tener en cuenta la actividad laboral. Desde Compromís han reclamado una evaluación sobre el impacto de estas medidas en el empleo juvenil y han acusado a Escrivá de actuar de manera "unilateral". Mientras el portavoz del PDeCAT, Ferrán Bel, se ha mostrado "a la expectativa" y ha recordado que la orientación de la reforma condiciona la llegada de fondos europeos.

A las organizaciones sindicales tampoco les convence el nuevo índice de revalorización de las pensiones con el IPC que ha diseñado Escrivá y que implica una subida anual con la inflación del año anterior, que se compensaría en caso de ser negativa en los incrementos de los tres ejercicios siguientes, sin afectar a las pensiones mínimas. Tanto CCOO como UGT apuestan por una fórmula más sencilla, que garantice el poder adquisitivo anualmente bajo la fórmula de la paguilla compensatoria. Pero no es el único aspecto que no comparten de la reforma planteada, ya que tampoco están de acuerdo con el esquema de penalización a las jubilaciones anticipadas ni con los incentivos al retraso en la edad de retiro del mercado laboral.

El nuevo índice de revalorización implica una subida con el IPC del año anterior, que se compensará en caso de inflación negativa en los tres años siguientes

En la patronal tampoco gustan las propuestas perfiladas el pasado lunes por el ministro Escrivá. Primero, por las penalizaciones al retiro temprano de las rentas altas -algo que, por cierto, tampoco comparten los sindicatos- y segundo, por el destope previsto de las cotizaciones sociales, especialmente de llevarse a cabo sin repercusión en la pensión máxima. También existen muchas dudas sobre el nuevo sistema de cotización por ingresos reales para los trabajadores autónomos y en cuanto al fondo público de pensiones que prepara el Gobierno. Todo ello es visto como "un castigo a las clases medidas, que desincentiva el ahorro, fomenta la economía sumergida y frena el empleo", afirman desde la organización empresarial.

Con todo, Pedro Sánchez salió a echar un capote a Escrivá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes. Tras las primeras reacciones en contra de la reforma planteada por el titular de Seguridad Social, el presidente del Gobierno aseguró que las medidas son "positivas" y cuentan con consenso dentro del Ejecutivo. Eso sí, enmarcó cualquier modificación legislativa en el marco de la negociación con los agentes sociales. En el Plan de Recuperación, por tanto, no aparecerá la reforma detallada, sino el perímetro de los asuntos a abordar, a saber: además de las medidas para alinear la edad real de jubilación con la edad legal y a mantener el poder adquisitivo de las pensiones; el nuevo sistema de cotización de los autónomos y la adecuación de la base máxima, la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, la sustitución del factor de sostenibilidad por un mecanismo de equidad intergeneracional y el impulso a los sistemas complementarios de pensiones.

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