El Gobierno afronta la mayor oleada de movilizaciones en las calles desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa. Un punto de inflexión en la paz social marcado por la crisis energética, que ha provocado una escalada de precios sin precedentes e incluso amenaza con la escasez de productos básicos, sobre los que también planea la sombra del desabastecimiento. La guerra en Ucrania ha sido el detonante que ha provocado la paralización de buena parte de la industria patria afectada por el paro del transporte. El campo también se moviliza; y los sindicatos, que han convocado protestas para exigir el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores frente al rally de la inflación. Y en este complejo contexto, el Ejecutivo no está dispuesto a hablar ahora de las pensiones, por lo que ha optado por sacar las prestaciones de nueve millones de ciudadanos del gran pacto de rentas que quiere alcanzar con los agentes sociales. El objetivo es desvincular a este colectivo de la moderación que se quiere imponer en las rentas para evitar que los jubilados se sumen a las protestas y provoquen un estallido social absoluto.
Ni al Gobierno ni a los sindicatos les interesa incorporar ahora las pensiones al pacto de rentas. En un momento en el que se va a imponer la moderación en las subidas salariales para evitar una espiral inflacionista, ni el Ejecutivo ni las organizaciones sindicales están dispuestos a poner en duda la revalorización de las pensiones con el IPC, que está garantizada por ley. Fuentes del diálogo social admiten que el escenario es complejo, porque, de mantenerse los niveles de inflación actuales, la factura de las pensiones se dispararía hasta niveles insostenibles en los próximos años. Si bien en privado reconocen que Sánchez ha optado por "dar una patada hacia adelante" a este asunto para no crispar a nueve millones de beneficiarios del sistema público de las pensiones en un momento especialmente delicado por la preocupación general que existe entre la población ante la inacción del Gobierno para frenar la escalada de los precios de la cesta de la compra.
El Gobierno optó por ligar las pensiones al IPC en el peor momento posible (al menos, desde el punto de vista macroeconómico y presupuestario). Siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, el ministro José Luis Escrivá aprobó a finales del año pasado una reforma que blinda el poder adquisitivo de los pensionistas frente a la evolución de la inflación. El IPC promedio de los doce meses previos a diciembre (así es la nueva fórmula de revalorización) se situó en 2021 en el 2,5%, que es lo que subieron las pensiones en 2022. Pero en estos momentos, la tasa anual del IPC ronda ya el 8% y amenaza con alcanzar el 10% en cuestión de dos o tres meses, mientras las previsiones más prudentes apuntan a que la inflación media cerrará 2023 en torno al 6%, lo que, de aplicarse la ley, en 2023 duplicaría de largo la factura de la revalorización de este año, que ha superado los 6.000 millones de euros. "No es una cuantía que las cuentas de la Seguridad Social se puedan permitir en estos momentos", advierten desde el diálogo social.
No abrir ahora 'el melón'
Por eso el Gobierno prefiere no abrir ahora ese melón y pasar la patata caliente al último trimestre del año, cuando tocará aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2023. Ahí el Ejecutivo tendría margen de actuación, tanto limitando la subida como aplicando algún tipo de cláusula que compense en varios pagos posteriores las pérdidas de poder adquisitivo acumuladas como consecuencia de la crisis energética. El propio Escrivá abrió la puerta a esta opción al apuntar que "todavía hay tiempo para valorar" cómo afectará la inflación a las distintas partidas presupuestarias e incidir en la idea de que el Gobierno ha demostrado ser "ágil" en la toma de decisiones. "El Ministerio de Hacienda contempla todos los diferentes escenarios", sentenciaba el máximo responsable de la Seguridad Social, que en cualquier caso pedía "máxima tranquilidad", aludiendo a la buena marcha de los ingresos que nutren el sistema público de las pensiones.
Escrivá contestaba así al gobernador del Banco de España, que 24 horas antes advirtió al Gobierno de que, en el pacto de rentas que busca con la patronal y los sindicatos, debe evitar el uso generalizado de cláusulas de indexación automática en las partidas de gasto que pudieran alimentar adicionalmente el actual proceso inflacionista. Incidiendo en esta línea, Pablo Hernández de Cos aconsejó que la desindexación formase parte de ese pacto de rentas, descartando la aplicación de cláusulas de revisión salarial ligadas al IPC general sino, en todo caso, teniendo en cuenta la inflación subyacente, que se sitúa en un nivel mucho más bajo. Pero el ministro de Seguridad Social defendió que la revalorización de las pensiones con el IPC "no es discutible", porque está respaldada por la ley y por las medidas de refuerzo de la sostenibilidad del sistema. Dejó la puerta abierta, eso sí, a valorar todos los escenarios en los meses venideros.
El próximo lunes, 21 de marzo, el Gobierno vuelve a reunirse con los agentes sociales para debatir sobre el pacto de rentas. Mientras la patronal y los sindicatos discuten en la mesa bilateral sobre una subida salarial en el entorno del 3% anual durante los próximos tres años (hasta un máximo del 9% en el periodo 2022-2024), las vicepresidentas Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se sentarán a negociar con los primeros espadas de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT sobre todo un paquete de medidas adicionales al pacto salarial. En ese plan de rentas no estarán, como decimos, las pensiones, ya que a ninguna de las partes le interesa poner sobre la mesa ese asuntos en estos momentos. "No se ha planteado en ningún caso", zanjan desde el Ministerio de Seguridad Social. "Se acaba de aprobar una ley que blinda la vinculación al IPC, como pidió casi todo el Parlamento en el Pacto de Toledo", insisten.
Así las cosas, las medidas que va a plantear la delegación gubernamental enviada por Sánchez a la mesa de negociación (el presidente, que sí participó en la primera reunión, no estará presente en esta ocasión) que tendrá lugar en el Ministerio de Economía irán dirigidas no tanto al aspecto salarial, ya que ese es un asunto que debaten de forma bipartita patronal y sindicatos, ni a la contención de rentas en general, sino a desplegar un escudo que garantice el mantenimiento del poder adquisitivo, especialmente de los más vulnerables. Previsiblemente, patronal y sindicatos chocarán en las medidas de ámbito laboral, ya que la intención de los segundos (respaldada por Díaz) es incorporar algunos elementos que rechazó la CEOE durante la negociación de la reforma. Si bien está previsto que haya más consenso en torno al paquete para rebajar los costes de la factura de la luz y para paliar el impacto del shock energético en general sobre los sectores más afectados.
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