El mundo está en contra de José Luis Escrivá. Con regularidad periódica, al ministro le toca sufrir un un fuerte zarandeo político, social y mediático por su polémica agenda para el sistema público de las pensiones. El asunto no es baladí. Al contrario, se trata de uno de los temas más delicados del momento presente por su implicación en las generaciones actuales y futuras. El último escándalo le ha salpicado a cuenta de la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de las prestaciones. La medida no es ni mucho menos nueva, sino que lleva cocinándose un año y ya aparecía en el Plan de Recuperación que envió el Gobierno a Bruselas antes de verano. Es más, tiene su esencia en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Pero frente a esta realidad, oposición y sindicatos han enarbolado lo que en el fondo es más una indignación impostada sobre una reforma asumida con cierto consenso.
Es el elefante en la habitación de Escrivá. El fondo de la polémica radica en que la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión supondría un inevitable recorte de las prestaciones, tal y como admitió en sus cálculos iniciales el propio ministro. Sin embargo, todos (oposición y sindicatos) están de acuerdo en adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo, contemplando la posibilidad de elegir los años a integrar en la base reguladora y revisar la integración de lagunas de cotización. Esa sería una fórmula para contrarrestar los efectos negativos, ya que quienes pierdan su empleo al final de su carrera profesional resultarían beneficiados. Pero lo que cala, en definitiva, es que de aprobarse esta medida la cuantía de la pensión se vería mermada, porque también es cierto que los que tengan pocos años cotizados saldrían perjudicados.
Escrivá lleva meses dándole vueltas a este tema. Y el propio asunto lleva los mismos meses volviéndosele en contra cada dos por tres. Todo empezó en diciembre de 2020. El departamento de Escrivá plasmó en uno de los primeros borradores del denominado "componente 30" -así es como se refieren a la ficha sobre la reforma de las pensiones en el argot comunitario- la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión hasta los 35 años y dejó por escrito, negro sobre blanco, que esa medida supondría un recorte medio de las pensiones de jubilación del 6,3%. El rechazo frontal de los sindicatos y de Unidas Podemos obligó al ministro a rectificar, hasta el punto de que los polémicos 35 años desaparecieron de los papeles oficiales.
Pero Escrivá siempre ha mantenido su hoja de ruta para alcanzar la sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones y fuentes de su equipo aseguran que no va a modificarla. Lo único que ha hecho es modularla tras las presiones recibidas, con especial intensidad desde sus propios socios de Gobierno, que mantienen el pulso a día de hoy. Así, en la versión final del 'componente 30' mantiene la reforma para la "adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación". Esto es, precisamente, lo que se ha ratificado en el contrato conocido el miércoles, firmado entre la Comisión Europea y el Gobierno de España, en el que se detalla el modo de evaluar el cumplimiento de los hitos pactados y que tanto revuelo ha causado esta semana. Efectivamente, no hay ninguna novedad al respecto, como ha defendido por activa y por pasiva el ministro, que conserva su agenda intacta tras un año de globos sonda.
Tanto los sindicatos como la oposición conocen bien estos documentos. Pero la realidad no les ha cohibido a la hora de manifestar su oposición a la medida en los últimos días. CCOO y UGT llegaron a afirmar en un comunicado conjunto que "la capacidad del Gobierno para complicar los procesos de negociación no parece tener límites". Las centrales defienden que la reforma del método por el que se computa el periodo para calcular la pensión no figura actualmente en la agenda del diálogo social, pero lo cierto es que la conocen y saben que tendrán que abordarla en una nueva fase de negociaciones para la segunda parte de la gran reforma del sistema, pues su aprobación está prevista antes de que acabe 2022 para su aplicación progresiva a partir del año 2023. Así está comprometido con Bruselas.
Ahora mismo las conversaciones se centran en el nuevo 'Mecanismo de Equidad Intergeneracional' que tiene que estar pactado este mismo lunes, 15 de noviembre, que es la fecha que fijó el Gobierno para alcanzar un acuerdo con las organizaciones empresariales y sindicales o, de lo contrario, aplicar su fórmula de manera unilateral. Por el momento, el Ministerio de Seguridad Social ha propuesto elevar las cotizaciones sociales un 0,6% durante diez años para rellenar el Fondo de Reserva, la conocida como 'hucha de las pensiones'. De ese alza, un 0,4% correspondería a la empresa y el monto restante, un 0,2%, al trabajador. Pero la CEOE ha rechazado este planteamiento porque consideran que no es el momento más adecuado para elevar los costes a las empresas. Los sindicatos la valoran positivamente.
Y a partir de ahí, ¿qué? El Congreso de los Diputados votará en un par de semanas el primer bloque de la reforma de las pensiones. Pero hay otros dos asuntos sobre los que ya se ha empezado a trabajar en las mesas de diálogo social y que tienen que estar cerrados en el primer semestre del año que viene: el nuevo sistema para que los trabajadores autónomos coticen por sus ingresos reales y la revisión de los sistemas complementarios de pensiones para impulsar los planes de empresa en detrimento de los individuales. A parte de eso, están pendientes dos de los temas más conflictivos: el incremento de las bases máximas de cotización y la adecuación de las pensiones máximas o el propio aumento del periodo de cómputo para el cálculo de las prestaciones.
La sombra del recorte va a seguir siendo el elefante en la habitación de Escrivá durante los próximos meses, pero el ministro no tiene intención alguna de alterar sus planes, incluso a pesar de la oposición que algunas medidas generan entre los socios de Unidas Podemos. "Las maquillará o buscará una redacción imaginativa para plasmarlas en los documentos oficiales, pero la esencia de la reforma que considera que necesita el sistema de la Seguridad Social no la va a alterar", aseguran fuentes de su entorno. Sucedió, recuerdan estas fuentes, con el endurecimiento de las jubilaciones anticipadas y los incentivos al retiro demorado, que los agentes sociales acabaron aceptando tras haber rechazado inicialmente el modelo por considerar que recortaba las pensiones de manera injusta.
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