Apenas una semana después de escenificar el primer gran acuerdo con los agentes sociales en materia de pensiones en los solemnes jardines del Palacio de la Moncloa, el Gobierno se ha dado de bruces con la realidad del Congreso de los Diputados. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, pudo palpar el hostil ambiente este miércoles en la Comisión del Pacto de Toledo. La oposición en bloque cargó contra la reforma pactada con la patronal y los sindicatos, en un tono de rechazo generalizado que augura un proceso de tramitación parlamentaria harto complejo, en particular en lo que se refiere al nuevo mecanismo de 'equidad intergeneracional' que vendrá a sustituir al Factor de Sostenibilidad introducido en 2013 para ajustar la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida y apuntalar la sostenibilidad financiera del sistema.
El Gobierno planea introducir el nuevo mecanismo de ajuste a través de una enmienda a su propio proyecto de ley, que pretende llevar al Congreso a principios del mes de septiembre. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre este punto concreto en la mesa de diálogo social, Escrivá accedió a derogar el Factor de Sostenibilidad -como demandaban los sindicatos- fijando un plazo de cinco meses para definir el nuevo mecanismo. Se ha dado hasta el 15 de noviembre para convencer a los interlocutores de una 'fórmula mágica' o, de lo contrario, tomará una decisión unilateral. Pero no lo va a tener nada fácil en la cámara baja, según le hicieron saber este miércoles los representantes de los distintos grupos de la oposición en el Pacto de Toledo, donde quedó patente la desconfianza generalizada hacia medidas que amenacen con recortar las pensiones.
"El tráiler edulcorado de lo que está por venir". Así definía la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, el primer paquete de la reforma, que a su juicio pasa por "pensiones más bajas". "No nos vale esta reforma de brocha gorda", abundaba Jordi Salvador (ERC), quien advertía de un "recorte encubierto" del que Esquerra "no va a ser cómplice". Los ataques llegaban también desde dentro de la propia coalición: "No se nos desvíe, no vamos a aceptar recortes ni fórmulas raras", advertía a Escrivá la diputada de Unidas Podemos Aina Vidal. Y más avisos de los socios de la investidura: "Hay aspectos negativos que no nos gustan y que no vamos a apoyar", decía Oskar Matute, de EH-Bildu, que adelantaba que su grupo no va a participar "en ninguna lectura que suponga un ataque a los derechos de los pensionistas de ningún tipo, ni ahora ni antes ni en noviembre". El portavoz del PNV en el Pacto de Toledo, Íñigo Barandiaran, amenazaba incluso con no apoyar los próximos Presupuestos si Escrivá no recupera la senda de diálogo.
El ambiente estuvo caldeado durante toda la comparecencia de Escrivá, hasta el punto de que el ministro protagonizó un fuerte encontronazo con la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, quien acusó al ministro de haber pospuesto los aspectos más conflictivos de una reforma que calificó de "parche". ¿No estarán pensando traerlos como una enmienda a la tramitación?", preguntó en un tono tan desconfiado como amenazante, sabedora de que el Gobierno tiene en mente introducir el nuevo mecanismo de equidad en el trámite de enmiendas, con o sin consenso social, porque está obligado a aplicar esta modificación normativa en la Ley de Seguridad Social antes de que finalice el año, tal y como se ha comprometido con las autoridades europeas en el marco del Plan de Recuperación.
En la práctica, este movimiento implicaría que el Gobierno estaría eludiendo su responsabilidad en lo que se refiere al mecanismo de ajuste del sistema de las pensiones, al maniobrar para que formalmente sean terceros (grupos parlamentarios) quienes propongan la medida a través de una enmienda al proyecto de ley. Dicho de otro modo: de cara a la galería, el Ejecutivo sería responsable directo de las medidas que suponen un incremento del gasto, como la revalorización con el IPC, que pretenden ser levemente compensadas por el retraso en la edad efectiva de jubilación que impulsarán las nuevas penalizaciones a la anticipada e incentivos a la demorada, pero estaría dejando en manos de los grupos parlamentarios la fórmula para garantizar la equidad intergeneracional ante la jubilación de la generación del baby boom y el aumento de la esperanza de vida.
Durante su tensa comparecencia, Escrivá aseguró que las medidas contempladas en el acuerdo alcanzado con la patronal y los sindicatos cumplen con las recomendaciones del Pacto de Toledo y cargó contra los grupos que, habiendo respaldado esas recomendaciones en octubre del año pasado (como el PP o Coalición Canaria) rechazan ahora avalar un pacto que parte de ellas. Y sobre las sospechas expresadas por las distintas formaciones sobre un eventual recorte de las pensiones -tras sus polémicas declaraciones en las que sostuvo que la generación del baby boom tendría que elegir entre un ajuste de pensión o trabajar más tiempo- volvió a matizar sus palabras al asegurar que puso el foco en ello "innecesariamente" pese a ser un tema "no muy importante que está por cerrar y aquilatar".
El 'Anteproyecto de ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones' fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado martes y se dio el visto bueno a su tramitación urgente para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas. En estos momentos se encuentra en trámite de audiencia e información pública durante 7 días hábiles y se están recabando los informes la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y de la Secretaría General Técnica de los ministerios de Inclusión, Hacienda, Trabajo, Economía y Función Pública, además del dictamen del Consejo Económico y Social (CES). Se espera que el proyecto de ley llegue al Congreso de los Diputados a finales del verano.
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