Un salvavidas del tamaño de los Presupuestos Generales del Estado. España podría recibir de sus socios europeos hasta 140.000 millones de euros de concretarse la propuesta de megafondo europeo de reconstrucción lanzada este miércoles por la Comisión Europea y que bajo la denominación 'Next Generation' tiene la intención de movilizar 750.000 millones de euros para poner los cimientos de la 'nueva Europa' que saldrá de la era post-Covid-19. Según esa propuesta inicial, España estaría en disposición de recibir hasta 77.000 millones de euros en ayudas directas a fondo perdido - segundo país receptor de estos fondos por detrás de Italia - y además tendría acceso a otros 60.000 millones de euros de financiación en forma de préstamos blandos para afrontar la recomposición de su tejido productivo tras las cicatrices abiertas por el impacto del coronavirus.
La propuesta de la Comisión, que ahora tendrá que ser ratificada por todos los países miembros, es poner esos recursos a disposición del Gobierno de España - uno de los países de la Unión más castigados por la Covid-19 -, pero también que para liberarlos el Ejecutivo de Pedro Sánchez tenga que presentar un plan de reconstrucción, con medidas concretas, un calendario claro para la implantación de las mismas y una condición más: que las reformas estén en línea con las medidas que desde el año 2011 Bruselas ha recomendado a España...y que en la mayoría de los casos o no se han desarrollado o sólo se han puesto en marcha de una manera muy parcial.
La experiencia de Bruselas con España en este sentido está lejos de ser satisfactoria. El último balance publicado por la Comisión Europea a principios de año indica que España sólo ha desarrollado de forma íntegra el 12% de las recomendaciones formuladas por Bruselas y de manera sustancial otro 24%. Es decir, que los avances han sido escasos o nulos en dos de cada tres medidas que la Comisión ha propuesto a España. Una frase de ese informe resume el 'feeling' de las autoridades europeas respecto a lo hecho por España y probablemente condicione lo que va a ocurrir en los próximos meses: "Las reformas llevadas a cabo durante la crisis económica y financiera y en los años posteriores han contribuido hasta ahora al buen comportamiento y la creación de empleo de la economía española. Sin embargo, a partir de 2014 se ralentizaron los
avances de las reformas. Ha habido algunos retrocesos en las reformas de las pensiones, y el nuevo Gobierno ha anunciado una marcha atrás en
la reforma del mercado laboral introducida en 2012". Aviso a navegantes.
El pequeño problema de las pensiones y la reforma laboral
El largo inventario de cosas por hacer que la Comisión Europea tiene identificado en España, que consta de una veintena larga de tareas pendientes, augura fricciones con lo que hasta la fecha ha sido el relato político del Gobierno. Y en primera línea figura la desconfianza que en las autoridades europeas ha generado desde hace unos meses el tono que en los últimos años ha tomado el debate sobre las pensiones en España y que Bruselas no oculta: "Si las desviaciones con respecto a la reforma de las pensiones de 2013 pasan a ser permanentes y no van acompañadas de otras medidas compensatorias, aumentará significativamente el gasto en pensiones y empeorará la equidad intergeneracional".
La Comisión tampoco contempla con agrado los movimientos en España para derogar la reforma laboral de 2012, a la que atribuye los escasos avances que en materia de mercado laboral ha conseguido España desde el año 2011. Este ámbito, al igual que las pensiones, es crítico para Bruselas que sigue observando con estupor como los sucesivos gobiernos de España asumen una tasa de paro que muchas veces se ha calificado desde la Comisión como "intolerable" sin adoptar medida alguna al respecto. Si el Gobierno quiere tener acceso a los fondos habilitados desde Europa va a tener que convencer a Bruselas con medidas para evitar la segmentación del mercado de trabajo entre indefinidos y temporales, para reducir las elevadísimas tasas de temporalidad del mercado laboral patrio y del sector público; y para modernizar los servicios públicos de empleo, mejorando su capacidad de intermediación.
Defensa de la unidad de mercado y de la colaboración con las empresas
Hay otras exigencias de Bruselas que presagian dificultades para el Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de garantizar la digestión parlamentaria de las reformas que se aborden con esos fondos europeos. La Comisión Europea entiende que la falta de desarrollo de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado - como la reforma laboral o la de las pensiones, otra herencia de la etapa en la que los 'hombres de negro' monitorizaban las reformas estructurales que aplicaba España - es también una deficiencia estructural del marco legislativo español y que, al contrario, la dispersión normativa y las diferencias regulatorias entre autonomías e incluso entre municipios son un lastre para la modernización de la economía española y la mejora de su crecimiento potencial - no se olvide, dos de los objetivos del Fondo 'Next Generation'. ¿El problema? Esa ley gusta tanto en Bruselas, como disgusta a los nacionalistas, siempre celosos de preservar su perímetro competencial.
Las principales reformas que Bruselas reclama a España
GOBERNANZA PÚBLICA
> Reforzar el marco presupuesto para no incumplir el déficit
> Garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones
MERCADO LABORAL Y LUCHA CONTRA LA POBREZA
> Limitar la utilización de los contratos temporales en los sectores público y privado
> Modernización Servicios Públicos de Empleo
> Desarrollo de un sistema de Garantía de Ingresos para la población vulnerable
> Abordar la elevada tasa de abandono escolar prematuro.
FOMENTO INNOVACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
> Incrementar la inversión en I+D
> Impulsar interconexión eléctrica con Francia y Portugal
> Mejora red ferroviaria de transporte de mercancías
MEJORA LEGISLACIÓN NACIONAL
> Desarrollo de la Ley de Unidad de Mercado
> Acabar con la fragmentación regulatoria entre autonomías o municipios.
Implicar a las empresas en la financiación de las políticas públicas mediante esquemas de colaboración público-privada, darles voz en la definición del modelo de formación profesional y en el mapa nacional de cualificaciones profesionales o integrar su aportación con la del sector público en el ámbito de la I+D constituyen también objetivos señalados de manera expresa por la Comisión en los últimos años, del mismo modo que son 'tabú' en el planteamiento de los socios de Gobierno del Partido Socialista: Unidas Podemos, que ha sublimado su relato de defensa y fortalecimiento de lo público en estas semanas de pandemia.
Luz verde al Ingreso Mínimo y a la Transición Ecológica
No todo son fricciones. El Gobierno va a encontrar la complicidad de la Comisión en otra serie de asuntos, totalmente alineados con su planteamiento de Gobierno. Bruselas lleva varios años señalando la ausencia de un sistema de garantía de rentas para los más vulnerables como una de las carencias más lamentables del país en términos de lucha contra la pobreza. La inminente puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital será bien recibida sin ninguna duda por las autoridades europeas, que sigue situando a España como uno de los países europeos que menos hace por combatir la pobreza.
Asimismo, la 'apuesta verde' del Ejecutivo también está respaldada. Europa ha aplaudido la puesta en marcha del Plan Nacional de Energía y Clima y las medidas de movilidad sostenible que contiene, si bien tiene dudas respecto al compromiso del Gobierno con los incentivos para conseguir que se movilicen los fondos privados necesarios para su adecuado desarrollo en los próximos años.
Bruselas tampoco pondrá problemas si España destina los millonarios recursos que le lleguen desde Bruselas a impulsar la interconexión eléctrica con Francia y Portugal, a reforzar la red ferroviaria de transporte de mercancías o a activar medidas en el ámbito educativo para reducir la elevada tasa de abandono escolar del país.
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