Todos los años cuando el Gobierno empieza a gestionar el Presupuesto del ejercicio lo hace bajo la certeza de que más del 80% de los fondos está ya asignado de antemano. El 20% restante encuadra el margen real de que dispone el Gobierno de turno para desarrollar sus prioridades presupuestarias. El nuevo Ejecutivo de coalición sellado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias arrancaba 2020 con un margen aún menor por la singular circunstancia de tener que operar con la segunda prórroga de los Presupuestos del año 2018 -lo que limita su capacidad para gastar- y tras sustanciar en apenas dos semanas los compromisos previos adquiridos con los pensionistas, para subirles la pensión el 0,9% con carácter de urgencia, y con los funcionarios, para aplicarles la subida salarial del 2% que se reflejaba en el acuerdo firmado en 2018, ha terminado por liquidar el escaso margen que le quedaba.
La factura derivada de esas dos medidas -1.406 millones de euros por la subida de las pensiones y 3.212 millones por el aumento del sueldo de los funcionarios, unida al coste extra ya asumido de partida por el Estado por la entrada en vigor de otras dos importantes medidas sociales como la ampliación a 12 semanas del permiso de paternidad (336 millones) y el subsidio de desempleo para mayores de 52 años (400 millones de euros), agota de por sí ese gasto extra de 5.500 millones de euros que el Gobierno comunicó a Bruselas el pasado mes de octubre para todo el año 2020, a la espera de que el futuro proyecto de Presupuestos Generales del Estado y las subidas de impuestos que previsiblemente acarreará otorguen un cierto colchón extra para desarrollar nuevas políticas.
Pero eso no ocurrirá hasta junio o julio como pronto y entre tanto la propia regulación de la prórroga presupuestaria maniatará cualquier iniciativa de gasto que pretenda el Ejecutivo. El Ministerio de Hacienda emitió el pasado jueves una Orden Ministerial que impone una serie de cautelas a todos los departamentos ministeriales para impedir que ejecuten durante el primer semestre más del 50% del gasto que tienen asignado bajo el argumento de garantizar "el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto" y acreditar que "se continúa con el proceso de reducción del déficit público".
Bajo este esquema, que ya se activó también el año pasado tras la primera prórroga de los últimos presupuestos de Montoro –los que han permanecido más tiempo activos en democracia con un recorrido que va por los 20 meses–, todos los ministerios deberán remitir antes del próximo 10 de febrero un inventario de los gastos en que pretenden incurrir a lo largo del primer semestre del año. A partir de ahí, Hacienda centralizará todas las operaciones presupuestarias, de modo que ningún Ministerio podrá incurrir en desembolso alguno por subvenciones, convenios de colaboración, inversiones o cualquier capítulo que vaya más allá de sus gastos de funcionamiento sin disponer de la autorización previa del departamento que dirige María Jesús Montero.
La experiencia de 2019 revela que esta operativa actúa como un inhibidor sobre el gasto de los ministerios. Los datos de ejecución presupuestaria hasta el 30 de junio de 2019 publicados por el Ministerio de Hacienda revelan que el grado de ejecución del presupuesto prorrogado durante los seis primeros meses del año no llegó siquiera al 40% a pesar de la fuerte sobreejecución en partidas como las pensiones, la educación (por la subida de las becas), los gastos de personal o los gastos corrientes del Estado, por las convocatorias electorales.
La absorción del gasto extra derivado de los denominados 'viernes sociales' obligó al Ejecutivo a meter tijera en otras partidas de gasto. Los datos publicados por Hacienda revelan, por ejemplo, que el Gobierno solo gastó en ese periodo el 5% del gasto disponible para cooperación al desarrollo, menos del 3% de los 150 millones disponibles para la modernización de las Fuerzas Armadas, un 2,2% del presupuesto para innovación tecnológica y dejó prácticamente sin tocar toda una serie de partidas como las destinadas al fomento de la investigación científica, la promoción del libro y otras industrias culturales, la protección y mejora del medio natural, el desarrollo industrial o la promoción turística.
Y este año sucederá algo similar. En definitiva, el recién estrenado Gobierno de coalición estará obligado a recortar de ciertas partidas si quiere, al menos, cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria que manda Bruselas. El primer 'pack' social que se ha ejecutado en apenas dos semanas desde la investidura de Pedro Sánchez va a tener importantes consecuencias en las arcas públicas, sobre todo si se tiene en cuenta que ante la previsión de que los Presupuestos de 2020 no verán la luz, como pronto, hasta verano, las estimaciones de ingresos iniciales por recaudación de impuestos se van a ver reducidas a la mitad.
Pendientes de Bruselas
En el proyecto presupuestario que se envió en octubre a la Comisión Europea constaba un incremento de la recaudación de 5.654 millones de euros gracias a las medidas tributarias pactadas en la pasada legislatura con Unidas Podemos y que se incluyeron en el fracasado proyecto presupuestario de 2019, así como las medidas de lucha contra el fraude y las nuevas figuras tributarias (impuesto sobre transacciones financieras e impuesto sobre determinados servicios digitales). Pero ese paquete todavía no es una realidad y cuando lo sea, si Sánchez logra el apoyo a los Presupuestos en junio o julio, su impacto se limitará al segundo semestre.
Ante este panorama los analistas ya han dado la voz de alarma. El consenso coincide en que España volverá a incumplir el objetivo de déficit, es decir, la meta que marcan las autoridades europeas como desfase máximo entre ingresos y gastos. La ministra Montero ya ha adelantado que renegociará la cifra con Bruselas, pero las conversaciones podrían no llegar a buen puerto dada la magnitud de la flexibilidad adicional que pretende el Gobierno español. A saber: hace un año ya se negoció una revisión a la baja del déficit –que este 2020 implicaba pasar del 0,5% al 1,1%– e incluso Economía acabó elevando el dato al 1,7%. Pero los gurús económicos dibujan un déficit de hasta el 2,4%.
La clave para recalcular el ajuste necesario para este año será determinar cuál es el punto de partida, es decir, el cierre de 2019. Y aquí vienen las malas noticias: a la espera de conocer el dato oficial, las previsiones de casas de análisis como Funcas apuntan a un desfase presupuestario de en torno al 2,5% del PIB. Esto implicaría que el techo de déficit del 2% se habría roto holgadamente, que España habría sobrepasado esa barrera en unos 6.200 millones de euros y que el esfuerzo de reducción de los números rojos habría sido prácticamente nulo, dado que el año 2018 terminó con un déficit del 2,5% del PIB, exactamente la misma cifra.
La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, presentó este mismo lunes al Eurogrupo las líneas generales que van a marcar la política económica del nuevo Gobierno de coalición. Aunque por el momento no ha planteado a sus colegas europeos la nueva senda de déficit, hay que recordar que los ministros de Finanzas de la eurozona ya han pedido a España que cumpla con el esfuerzo estructural del 0,65% del PIB para acatar las metas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que representa un ajuste de unos 7.800 millones de euros.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios