Fue una de las grandes reivindicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez, y ha cumplido. Los pensionistas le exigieron en las calles que garantizara el poder adquisitivo de sus prestaciones públicas, y así está sucediendo desde hace ya seis meses. El Ejecutivo socialista aprobó una subida de las pensiones muy por encima de sus previsiones de inflación para este año y la ganancia de poder adquisitivo ya es evidente en este primer tramo del ejercicio. Todo apunta a que lo será definitivamente a cierre de 2019.
"Habrá ganancia de poder adquisitivo frente a años de merma constante por el sistema anterior de cálculo", aseguró Sánchez en último Consejo de Ministros del año pasado en el que se aprobó el real decreto que incluía la revalorización general de las pensiones de un 1,6%. Lo hizo consciente de que en su cuadro macroeconómico se dibujaba un incremento de los precios no superior al 1,2% para este año. Se saltó así, como ya había hecho anteriormente Mariano Rajoy, el decreto de 2013 que limitaba la actualización de las prestaciones al 0,25% mientras la Seguridad Social presentara una situación de déficit.
Esta decisión ya está empezando a dar sus frutos. El Índice de Precios de Consumo (IPC) registra tasas interanuales bastante contenidas desde el pasado mes de diciembre, cuando se situó en el 1,2%. El indicador empezó este año en el 1% y empezó a escalar paulatinamente, hasta alcanzar el 1,5% en abril. Si bien en mayo se ha desplomado al 0,8%, muy por debajo de lo que preveían los analistas y evidenciando así la ganancia de poder de compra. Con este último dato, las pensiones han subido el doble que los precios en el quinto mes del ejercicio. Y todo apunta a que tienen la ganancia garantizada para el conjunto del año, pues los expertos esperan una media anual del IPC por debajo del 1,2%.
En paralelo, la nómina de las pensiones sigue disparada. El gasto mensual bate récord tras récord, al compás de la mayor esperanza de vida y de las mejores condiciones en las que se retiran los nuevos jubilados. En mayo el desembolso de la Seguridad Social alcanzó los 9.610,96 millones de euros, lo que supone un incremento del 7% respecto a hace un año, tasa similar a la que se registró en enero, febrero, marzo y abril. Si bien hay que tener en cuenta que en 2018 la revalorización de las pensiones se aprobó en el mes de julio y se aplicó con carácter retroactivo, por lo que en términos homogéneos el aumento de la nómina es de en torno al 5%.
De cualquier manera, la pensión media del sistema alcanza ya los 990 euros y la de jubilación los 1.138 euros. Si bien el tipo de pensión que más ha subido es la de viudedad, tras la aprobación de la ampliación de la base reguladora hasta el 60%. Las viudas (ellas son mayoría) cobran ahora casi un 9% más que hace un año, hasta 712 euros de media.
El efecto 'bola de nieve'
Sin entrar a valorar si la cuantía de las pensiones es excesiva o insuficiente, lo que es evidente es que su crecimiento es exponencial tras las últimas subidas. Lo cierto es que al subir las pensiones un 1,6% de manera general y un 3% las mínimas, Sánchez se ha limitado a respetar lo que había pactado el Gobierno del PP con el PNV para 2018. Pero la diferencia es que el Ejecutivo socialista dio luz verde, a conciencia, a una revalorización muy por encima del IPC previsto y, además, ha compensado a los pensionistas por la décima de poder adquisitivo que perdieron el año pasado, con una inflación media del 1,7%.
El resultado no solo es un gasto disparado, sino que está empezando a cuajar un efecto 'bola de nieve' que amenaza con poner en grave riesgo la sostenibilidad del sistema de las pensiones públicas. Lo han avisado desde el FMI hasta el Banco de España: vincular permanentemente las prestaciones a la inflación, sin introducir medidas compensatorias, consolida un gasto estructural difícil de soportar para el sistema.
El último en dar la voz de alarma ha sido el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Ángel de la Fuente ha llegado a la conclusión de que, "la indexación generalizada de las pensiones a la inflación es un compromiso potencialmente muy caro, especialmente en las complicadas circunstancias demográficas a las que nos enfrentaremos en las próximas décadas". Según sus cálculos, la actualización de un solo año con un 2% de inflación consolida un gasto de 30.000 millones para el sistema y la vinculación permanente de las pensiones al IPC costaría unos 327.000 millones en los próximos veinte años.
Los cálculos son muchos. El Banco de España, por su parte, estima que la indexación al IPC supondrá un incremento adicional del gasto superior a 3 puntos de PIB en el año 2050. En su último Informe Anual el supervisor pide "consensos amplios, sin demoras injustificadas" para reformar con carácter urgente el sistema de las pensiones. Por lo pronto, durante la campaña electoral todos los partidos se posicionaron a favor de subir las pensiones en base a la inflación prevista. Este punto, de hecho, se llegó a incluir en el acuerdo que tenía prácticamente cerrado el Pacto de Toledo antes de estallar a finales de la pasada legislatura. Ahora hay que esperar a que se forme Gobierno y vuelvan a activarse las mesas de negociación.
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