La reforma de las pensiones que aprobó en solitario el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2013 tuvo importantes consecuencias para los bolsillos de los jubilados. El expresidente tomó entonces una decisión que pocos –o ninguno, ni siquiera el PP– parece dispuesto a respaldar a día de hoy: la controvertida revalorización del 0,25% anual. Seis años después, cuando todos los partidos apuestan (al menos, así lo hicieron durante la campaña electoral) por subir las pensiones en base a la inflación, sale a la luz un dato revelador: entre 2013 y 2017 el porcentaje de población mayor de 65 años en riesgo de pobreza escaló del 12,9% al 17,6%, hasta superar los 1,5 millones de personas.
Lo recoge la última Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), que mide la población en riesgo de pobreza o exclusión social en base a lo que se conoce como 'tasa Arope' (por sus siglas en inglés, At Risk Of Poverty or social Exclusion). Esta se creó en 2010 a efectos de medir la pobreza relativa en Europa, ampliando el concepto de la tasa de riesgo de pobreza, que solo contempla los ingresos. Así, este indicador más amplio mide cuántos ciudadanos se encuentran en esta situación, incluyendo variables cruciales como la carencia material o la baja intensidad en el empleo.
Ahora que la opción mayoritaria entre los políticos es garantizar el poder adquisitivo a los pensionistas con el IPC, según constató el Pacto de Toledo antes de estallar por los aires y como, de hecho, se ha producido en los últimos dos años (primero con Rajoy en 2018 y después con Pedro Sánchez, en 2019), el INE refleja lo que les sucedió a los jubilados durante todos los años en que las pensiones subieron solo un 0,25% (2014, 2015, 2016 y 2017) como fijó el Índice de Revalorización que introdujo la reforma del PP de 2013. La proporción de los mayores de 65 años en riesgo de pobreza se elevó considerablemente en esos años, mientras al mismo tiempo se reducía en el resto de grupos de edad.
En concreto, la población incluida en al menos uno de los tres criterios del riesgo de pobreza o exclusión social (ingresos anuales inferiores a 7.961 euros en 2013, 8.011 euros en 2014, 8.209 euros en 2015, 8.522 euros en 2016 u 8.871 euros en 2017; carencia material severa o baja intensidad en el empleo en el año anterior a la entrevista) cayó desde el 29,2% de 2013 hasta el 26,1% en 2017. Se redujo especialmente entre los menores de 16 años, del 35,4% al 28,8%, y pasó del 32% al 27,9% en el colectivo de entre 16 y 64 años, en plena época de desarrollar su actividad laboral.
Mientras, no hizo más que subir entre los ya retirados del mercado de trabajo. En 2017, último dato de renta disponible en esta estadística, el 17,6% de los cerca de 8,8 millones de mayores de 65 años que había en España, de acuerdo con el Padrón Continuo del INE, se veían amenazados por la pobreza. Esto equivale a algo más de 1,5 millones de jubilados.
La generosidad de las pensiones
El dato va en la línea de la información que maneja Eurostat. Con guarismos del mismo año, 2017, la agencia estadística europea desmonta la presunta generosidad de las pensiones españolas, un debate abierto en estos momentos en los que las nuevas prestaciones alcanzan máximos. Según su base de datos, el riesgo de pobreza entre los pensionistas de nuestro país se sitúa solo ligeramente por debajo de la media europea, en el 12,7% (aproximadamente 1,2 millones de personas sobre el total de beneficiarios, en su mayoría perceptores de pensiones de jubilación).
De vuelta a los datos del INE, se observa que la proporción de jubilados casi pobres menguó de manera importante durante la crisis (pasó del 24,9% en 2008 al 12,9% en 2013) y a partir de ese momento creció año tras año. Durante la recesión disminuyó sobre todo debido a que la destrucción de empleo en aquellos años hundió los salarios totales, mientras que las pensiones están garantizadas por ley. Cosa distinta es su cuantía, y aquí es donde se abre el debate: ¿tienen razón los pensionistas cuando denuncian en la calle su pérdida de poder adquisitivo?, ¿qué pasó con su capacidad de compra durante aquellos años?
Para analizar lo sucedido hay que cruzar el porcentaje de subida nominal de las pensiones con la tasa media anual del IPC, un trabajo que ya realizó el anterior Ministerio de Empleo. En un intento por defender que las pensiones no han perdido capacidad de compra, la entonces ministra Fátima Báñez señaló públicamente que entre los años 2007 y 2017 las retribuciones subieron un 16,53%, mientras que la evolución acumulada del IPC fue del 16,5%, lo que arroja una ínfima ganancia de poder adquisitivo de 0,03 puntos.
Sin embargo, en los años en los que, bajo el Gobierno del PP, las pensiones solo subieron un 0,25% (de 2014 a 2017) los pensionistas perdieron 0,1 puntos en capacidad de compra, eso sí, la pérdida fue tan escasa porque salieron beneficiados de tres años seguidos de inflación negativa (2014, 2015 y 2016). Con todo, con los datos del INE queda constancia de que este colectivo era en aquella época especialmente vulnerable, pese a mantener, en teoría, su poder adquisitivo.
La nómina, disparada
Este análisis choca con las estadística que se van conociendo mes a mes sobre el sistema de las pensiones. Las nóminas baten récord tras récord y se observa cómo las nuevas prestaciones, sobre todo las de jubilación, son cada vez más altas. En concreto, los últimos datos de junio, cuando la Seguridad Social ha abonado también la paga extraordinaria de verano, muestran cómo los nuevos jubilados, que se retiran con mejores condiciones que los anteriores, cobran ya de media casi 1.300 euros.
El debate está en la calle. Allí demandaron miles de pensionistas que sus prestaciones quedasen blindadas con la actualización al IPC garantizada de por vida. Esta postura, que llevaban tanto el PSOE de Pedro Sánchez como Unidas Podemos en sus programas electorales, y que compartieron durante la campaña políticos de todos los partidos, estaba prácticamente consensuada en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo antes de que se precipitase la anterior legislatura por la convocatoria electoral.
Y ello pese a las innumerables advertencias de organismos nacionales e internacionales que han avisado de que subir las pensiones con la inflación pone en grave riesgo la sostenibilidad financiera del sistema. Lo contrario, como ha quedado demostrado, empuja a los jubilados a la pobreza. La clave está, como han insistido tanto FMI como OCDE, Banco de España o Airef, en consensuar medidas adicionales que garanticen más ingresos y, por ende, el equilibrio presupuestario. Pero para ello tiene que empezar a andar una nueva legislatura y retomarse los trabajos en el seno del Pacto de Toledo, cerrarse las recomendaciones y empezar a trabajar en una reforma integral del sistema... Queda mucho por hacer.
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