Las pequeñas comercializadoras de gas recelan de las garantías de la CNMC

La crisis del precio del gas no solo tiene como consecuencia el alto coste del mismo para los consumidores finales, sino también para las compañías que comercializan este servicio, que denuncian su expulsión del mercado a manos de las grandes eléctricas. Después de que la Comisión Europea asumiera la necesidad de reformar el sistema marginalista de fijación de precios de la electricidad, su reto ahora pasa por tratar de preservar la libre competencia en el sector energético. 

El trasvase continuo de consumidores a los mercados regulados de luz y gas, que ofrecen mejores tarifas al estar bonificados por el Gobierno, choca con la liberalización del mercado que regulan los organismos de Competencia. La presencia casi exclusiva de las grandes compañías del sector en los mercados regulados y la actitud de los consumidores está ahogando a las pequeñas comercializadoras, muy afectadas por las altas garantías que se les exigen para operar en el mercado. 

Denuncian que las grandes les expulsan del mercado

Agrupadas en la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), denuncian que las grandes eléctricas están expulsándolas del mercado al estar negociando contratos bilaterales con sus filiales reguladas. Esto afecta directamente a las compañías pequeñas, que adquieren su energía en el mercado y tienen que depositar una serie de garantías financieras ante los operadores del mercado y del sistema (OMIE y Redeia) para hacer frente a sus obligaciones de pago. 

Para tratar de aliviar la tensión financiera derivada de esta nueva situación del mercado, la CNMC lanzó en septiembre una reforma del sistema de garantías que las reduce y simplifica sus trámites. Entrará en vigor en 2023 y trata de garantizar la solvencia de estas pequeñas compañías. Sin embargo, y según han hecho llegar al organismo, este alivio no será suficiente para hacer frente a sus problemas financieros, algo que deriva de facto en su exclusión del mercado al no poder competir en precios.

La rebaja de garantías de la CNMC no ha sido suficiente para aliviar sus problemas financieros, agravados por la dificultad de ser financiadas por los bancos

Desde ACIE apuntan a que la crisis energética está teniendo "graves consecuencias" en el entramado empresarial del sector y dejado a las comercializadoras en una posición muy delicada: atadas por los contratos de compra firmados con las productoras y las tarifas fijas de sus clientes, han visto cómo se reducían los márgenes al mismo tiempo que los bancos han cerrado el grifo a la hora de financiar los avales que requieren para garantizar su actividad. 

A su juicio, la situación de fuerza de las grandes empresas del "oligopolio eléctrico" puede derivar en que haya consumidores "de primera y de segunda", con distintos precios. ACIE apunta al incumplimiento de la Ley que fija que un 25% de la energía obtenida por las tecnologías baratas -renovables y nuclear- sea ofrecida de forma obligatoria en el mercado mayorista, y que en su opinión no se está aplicando pese a que su entrada en vigor estaba prevista para el 1 de enero de 2022. 

Contratos bilaterales con sus propias filiales

Según ACIE, que integra a compañías como Acciona, Repsol, TotalEnergies, Engie, Factorenergía o Fenie Energía, las grandes eléctricas están firmando contratos bilaterales con sus comercializadoras reguladas para suministrarles la energía barata que ellas mismas producen. "Reservar la energía barata únicamente para un sector de clientes supone que para el resto de los consumidores, habitualmente los domésticos y más pequeños, solo queda disponible la energía más cara, creando así clientes de primera y de segunda", declararon a Europa Press. 

También se han mostrado en contra del anuncio del Gobierno de aumentar la bonificación sobre la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas, cuyo precio estará muy por debajo del precio de mercado, algo que hará "imposible competir con ella" al tener un precio "anticompetitivo y discriminatorio". Por esta razón, proponen rebajar los peajes y cargos, algo que beneficia a todos los consumidores, o aplicar subvenciones como el bono social térmico, algo que "beneficia a unos consumidores específicos", los más vulnerables, y evita "dilapidar la libre comercialización".