Pericia judicial descarta sobreprecios en obras de Skanska en Argentina

Buenos Aires, 19 jul.- El Gobierno argentino afirmó hoy que una pericia judicial realizada por personal de la Corte Suprema de Justicia determinó que no hubo sobreprecios en obras de gasoductos en las que intervino la constructora sueca Skanska, motivo de una investigación por presunto fraude y pago de sobornos.

"El caso Skanska se trata de maniobras ilícitas de evasión impositiva entre privados", afirmó en una rueda de prensa el ministro de Planificación, Julio de Vido, al deslindar responsabilidades del Gobierno en la causa judicial.

Desde fines de 2006, el juez federal bonaerense Norberto Oyarbide investiga denuncias de sobreprecios en obras de ampliación de gasoductos bajo control del ente de regulación del gas (Enargas) en las que intervino Skanska con la financiación de un fideicomiso administrado por el Banco Nación Argentina, el mayor del país.

En diciembre pasado, Oyarbide procesó a Fulvio Madaro, antiguo director del Enargas, y a Néstor Ulloa, responsable del área de fideicomisos del banco estatal, por defraudación a la administración pública y cohecho (cobro de sobornos) en el marco de esta causa.

El magistrado procesó además por los mismos delitos a seis antiguos directivos de Skanska, mientras que a otros tres les consideró responsables de defraudación, aunque en ninguno de los casos dispuso la detención de los imputados.

Según De Vido, el trabajo hecho por dos peritos de la Corte Suprema y otros tantos ingenieros de la Universidad de Buenos Aires fue encargado hace cerca de dos años por el juez y concluyó que los precios pagados por las obras fueron "razonables".

Las diferencias de precios halladas entre lo previsto en la licitación y lo pagado fueron atribuidas a "errores de cálculo" y los valores de "inflación, aumento de mano de obra y de recursos" usados, señaló el ministro de Planificación.

La casa matriz de Skanska ha admitido "irregularidades" en su filial de Argentina y la causa que instruye Oyarbide está vinculada con actuaciones en manos del juez federal Javier López Bizcayart que involucran a la constructora sueca y otras empresas en un fraude al Fisco y evasión de impuestos por medio de empresas "fantasma".

El magistrado subrayó el año pasado que estos actos ilícitos perjudicaron tanto al Fisco como a las firmas que participaron en el fideicomiso que financió las obras, entre ellas la petrolera YPF, del grupo hispano-argentino Repsol YPF, y Ledesma, firma dedicada a la producción azucarera y de papel.