En la gestión del fondo UE

El PP teme que el Gobierno otorgue los PERTE a dedo para que sean 'a medida'

Los 'populares' estiman que hay mucha opacidad sobre esos proyectos para la recuperación y advierten de que deben ser sometidos a debate. El Ejecutivo asegura que habrá bases y concurrencia pública.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la presentación del Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2021-2022, en la sede del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), a 26 de mayo de 2021, en Madrid (España). El plan está dotado con más de 4.500 millones de euros y sitúa a América Latina, y en particular a Argentina, como región prioritaria para el destino de los proyectos y las inversiones. 26 MAYO 2021;INTERNACIONAL;ARGENTINA;AMÉRICA LATINA J. Hellín. POOL / Europa Press 26/5/2021
El PP teme que el Gobierno otorgue los PERTE a dedo para que sean 'a medida'
Europa Press

Los mecanismos que utilizará el Gobierno para ejecutar el Fondo de Recuperación de la UE no acaban de convencer en distintos ámbitos. E incluso hay quien advierte de que la transparencia y la libre concurrencia pueden no estar garantizadas a la hora de canalizar el rescate. Esa es la sospecha que tiene el PP sobre los PERTE, esos proyectos de recuperación para la economía con los que se pretende impulsar la colaboración público-privada. Los motivos para la desconfianza están en que la información que existe sobre los mismos es escasa. De hecho, hasta el momento solo se conocen detalles de uno sobre la industria del coche eléctrico. Por eso, en Génova temen que esa opacidad pueda acabar con unas bases hechas como un "traje a medida" para que Moncloa tenga más fácil concederlos 'a dedo', como señalan fuentes 'populares' consultadas por La Información

Estas dudas sobre estos 'Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica' están relacionados con la fórmula para concederlos. Esto se explica con que la última palabra la tendrá en todo el Consejo de Ministros, que es el que debe dar el visto bueno a los mismos.  Antes, cada ministerio ofrecerá a las empresas que se sumen a un proceso para ser quienes ayuden al Estado a impulsar determinadas políticas económicas clave. Para ello, se redactarán unas bases en las que se recogerán los requisitos para 'pujar' por estos PERTE. Un proceso que será totalmente abierto y libre para las firmas que estén especializadas en los sectores relacionados con el plan, como destacan fuentes del Ejecutivo. Pero todo lo anterior está sujeto a la decisión de las reuniones semanales de Pedro Sánchez y sus ministros, que pueden optar por un adjudicatario u otro. 

Esas reticencias del PP están muy relacionadas con ese primer PERTE anunciado del coche eléctrico. Como anunció el Ejecutivo, el proyecto para la industria de la automoción verde y conectada estará en manos de Volkswagen e Iberdrola. Esta colaboración entre Estado y firmas se ejecutará a través de un gran consorcio por el que se montará una de las primeras plantas de baterías y el impulso a la estrategia para desarrollar la fabricación de vehículos eléctricos. La queja de Génova se fundamenta en que no hubo un concurso para elegir a ambas compañías. Se anunció directamente a través de un artículo de prensa que firmó Pedro Sánchez. Después, la ministra de Industria, Reyes Maroto, fue quien dio los detalles por estar al frente del departamento que lo impulsará.

Los 'populares' consideran que esta manera de actuar supone que "no se sabe quién los elige" por lo ocurrido con ese impulso al coche eléctrico. "Lo primero que hay que hacer es sacar a concurrencia el proyecto que quieres impulsar. Es ahí cuando se ve quién lo puede ejecutar, no antes. Tememos encontrarnos con trajes hecho a medida", señalan las fuentes consultadas por esta redacción, que sostienen que Moncloa está "ocultando otros que están preparándose". Además, entre los de Pablo Casado estiman que los PERTE deben estar sometidos al escrutinio público. Una labor que se podría ejercer con la creación de una Autoridad Independiente de los fondos europeos. "Tenemos que saber quién va a elegir esos proyectos y a quienes los realicen. No pueden pretender que ni se debatan ni se discutan", insisten estas fuentes.

Fuentes del Gobierno niegan que exista esa opacidad sobre los proyectos de recuperación, que forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este, se establece que el resto de PERTE que se impulsen se centrarán en la generación energética mediante hidrógeno verde; la industria aeroespacial; la agricultura sostenible y eficiente; el uso del español en la inteligencia artificial; o el desarrollo de un sistema nacional de salud puntero. A los que pueden sumarse otros que están siendo estudiados por otros ministerios con los que en principio no se cuenta, según las mismas fuentes. Por lo que en el Ejecutivo consideran que hasta el momento se está cumpliendo con la transparencia prometida. Sobre todo, porque solo ha empezado el de impulso del coche eléctrico.

Lo llamativo es que en el Gobierno aseguran que ese PERTE de automoción verde aún no está adjudicado a las empresas señaladas. A pesar de que el propio Sánchez dio a Iberdrola y Volkswagen como designadas para sacarlo adelante, las fuentes consultadas señalan que el proceso aún están comenzando. Para empezar, señalan que las bases aún se están redactando y que los detalles saldrán a concurrencia pública para que las firmas susceptibles de ejecutarlo puedan ofrecerse para hacerlo. "Lo que han hecho estas empresas es mostrar su disposición para llevar a cabo ese proyecto", explican fuentes gubernamentales a esta redacción sobre las firmas de electricidad y automoción. Una explicación que contrasta con ese anuncio de creación de un consorcio para fabricar baterías de coches eléctricos.

Según fuentes del PP, la poca información con la que se cuenta es la que está poniendo en alerta a las empresas. Incluso aseguran que algunas pueden renunciar a recibir fondos europeos "si a cambio se les pide entrar en su capital". También, aseguran, hay intranquilidad "porque no saben a través de qué mecanismo podrán recibir esas ayudas". Además, denuncian que el Ejecutivo está abocando a un "lío administrativo" por su decisión de que las beneficiarias del rescate sean directamente las comunidades autónomas. Lo que impide que lo sean los particulares o empresas, como ocurría hasta ahora con planes como el MOVES. 

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