Hacienda pierde 1.000 millones de euros al año por el contrabando de tabaco

300.000 cajetillas de tabaco, 6 millones de cigarrillos y aproximadamente 2,5 millones de euros en impuestos. Ese ha sido el resultado de la última operación de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria contra el contrabando. Y es solo la punta del iceberg.

Hacienda dejó de recaudar a principios de los años 80 alrededor de 60 millones de euros por culpa del contrabando, según datos de la propia Administración. El principal puerto de entrada de esta mercancía era Galicia a través de barcos y se registraban una media de tres navíos al mes. Era uno de los momentos más duros para el sector.

37 años más tarde, la situación se repite y la CEOE estima que el comercio ilícito de tabaco supone un golpe a la recaudación de impuestos del 10% para la Hacienda española. No es una broma, la suma llega a los 1.000 millones de euros.

Y es una tendencia al alza: en el año 2010 se vendieron en España unos 24 millones de cajetillas de contrabando, lo que equivale alrededor del 1% de las ventas totales de cigarrillos rubios. En estos momentos, según un estudio de Altadis, un 16% de los fumadores españoles declara comprar tabaco en algún canal ilegal, alcanzando al 29% en el sur de España.

En este sentido, los principales puntos de entrada se encuentran en Gibraltar y Canarias. La Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla se incautó el pasado año de 5,2 millones de cajetillas de tabaco de contrabando y en el último lustro se han intervenido unos 32 millones de cajetillas en España. 

No obstante, según fuentes policiales se estima que cada año se consumen en España 3.800 millones de cigarrillos ilícitos, es decir, aproximadamente el 9,2% del total de cajetillas de tabaco consumidas. Además, las tabaqueras han empezado a apreciar un comercio ilegal creciente de la venta fuera de los canales legales de la picadura o tabaco de liar. Altadis ha cifrado la pérdida de ventas de este producto desde 2013 en 800 toneladas, o lo que es lo mismo, el 12% del mercado.Ducal y Marlboro, 'reinas' del contrabando

Según un informe de Ipsos, por fabricante, las mayores cuotas de cajetillas ilícitas las presentó Heintz Van Landewyck (27,3%), seguido de PMI (25,4%), JTI (15%), Imperial Tobacco (8,7%), Karelia Tobacco (7,4%) y BAT (4,8%). Por su parte, el 5% correspondió a fabricante desconocido y el 6,4% a otros fabricantes. 

En cuanto a las marcas, el 18,2% de las cajetillas ilícitas recogidas eran de Ducal, el 14,3% Marlboro, el 10,7% Winston, el 8% Chesterfield, el 7,4% American Legend, el 5,9% Fortuna, el 5,9% Austin, el 4% Camel, el 3,2% Elixyr, el 2,8% L&M, el 2,5% Lucky Strike, el 2,2% Numer One y el 14,9% eran de marca desconocida.

La encuesta también recoge datos por comunidades, donde destaca Andalucía con un 29,9% de tabaco ilícito dentro del total de cajetillas consumidas en la región. Esto supone que uno de cada tres cigarrillos es ilícito. Por detrás se encuentran Cataluña (7,1%), Madrid (5,7%), Extremadura y Navarra (5,3% cada una), País Vasco (5,1%), Murcia (5%), Galicia (4,5%), Comunidad Valenciana (4%) y La Rioja (3,1%). Los que presentan proporciones menores son Asturias (1,2%), Castilla y León (1,7%), Aragón y Castilla-La Mancha (2% cada una) y Cantabria (2,6%).

Por otro lado, según la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, el tráfico ilícito de tabaco puede suponer la pérdida de más de 100.000 puestos de trabajo, ha costado a los contribuyentes europeos en torno a 10 billones de euros y sus efectos son imposibles de revertir porque sólo se recupera un 0,6 por ciento de los impuestos no pagados. Además, el informe asegura que los principales beneficiarios son mafias internacionales dedicadas al contrabando de tabaco, pero también de drogas y a la explotación sexual de mujeres.

Pese a lo que pueda parecer, el 37% del tabaco de contrabando que se introduce en el mercado proviene de los propios fabricantes, según fuentes aduaneras. Son las denominadas 'ilicit whites', marcas que fabrican los cigarrillos legalmente en un país y que los comercializan ilegalmente en otros. Ante este fenómeno, lo que las compañías tabacaleras reclaman es, además de un marco fiscal estable, un mejor comportamiento ético por parte de aquellos fabricantes para que acaben con las malas prácticas que ensombrecen la imagen del sector.