Correos recibirá este año 2020 de los Presupuestos del Estado apenas 60 millones de euros en concepto de compensación por los servicios que presta en muchos casos a pérdidas para garantizar el cumplimiento de los mínimos establecidos en la ley postal, en virtud de los cuales el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos el derecho a recibir en determinadas condiciones de calidad y a un precio asequible tanto las cartas y tarjetas postales que no superen los dos kilógramos de peso como los paquetes que no superen los 20 kilos. Es lo que se denomina la retribución del Servicio Postal Universal (SPU). El monto se queda lejos de lo que la Comisión Europea ha considerado tras un prolongado tira y afloja con las autoridades españolas como razonable para retribuir estos servicios - unos 128 millones de euros anuales -, pero al Gobierno no le ha quedado más remedio que realizar este ajuste en 2020 para no exceder el límite máximo de retribución del SPU para el periodo 2011-2020 establecido por Bruselas para no considerar el asunto como una ayuda de estado encubierta al operador postal público.
El asunto de la compensación por parte del Estado de ese segmento del SPU a Correos -el operador que tiene asignada en exclusiva la responsabilidad de prestar ese servicio al menos hasta el año 2026- ha sido una constante fuente de conflictividad. Hace un par de años Bruselas obligó al Estado a exigir a Correos la devolución a las arcas públicas de 167 millones de euros por la financiación supuestamente recibida de más por esos servicios durante el periodo 2004-2010, ya en 2019 la Comisión Europea también forzó al Estado a liquidar una provisión de cerca de 500 millones de euros que tenía constituida en la Cuenta General del Estado en reconocimiento de una presunta infrafinanciación a Correos por el SPU -justo lo contrario de lo que observaba Bruselas-, los competidores de Correos en el sector postal y de distribución de paquetería no han dejado de denunciar las supuestas ventajas que el operador postal público obtiene por esa asignación presupuestaria e incluso la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) puso esas compensaciones en el punto de mira en el informe de evaluación que realizó sobre las aportaciones estatales al operador postal público, y en el que concluía entre otras cosas que el sistema establecido sobrefinanciaba a Correos.
El acuerdo cerrado a finales de 2019 entre Bruselas y las autoridades españolas para cerrar la asignación presupuestaria máxima que podía recibir Correos para el periodo 2011-2020 (esos 128 millones anuales) auguraba el fin de las hostilidades, pero no ha sido así. Una de las partes del acuerdo exigía al Gobierno de España poner fin a la anomalía de que no existiera una metodología estable para determinar la asignación presupuestaria que le corresponde recibir al operador que presta el Servicio Público Universal y de que ésta se determinara de forma más o menos discrecional por parte del Gobierno de turno. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana el departamento anteriormente conocido como Ministerio de Fomento- presentó esta metodología a los actores implicados (Correos, Bruselas, operadores privados y CNMC, como regulador del mercado postal) el pasado junio, pero su formulación no ha convencido a Competencia y mucho menos a los competidores de Correos.
La retribución a Correos, otra vez en el punto de mira
La propuesta de Plan de Prestación del Servicio Postal Universal diseñada por el Ministerio de Fomento tiene mucho de exotismo, ya que se ha construido esencialmente para justificar las asignaciones presupuestarias percibidas por Correos durante el periodo 2011-2020. En otras palabras, para justificar el aprovechamiento íntegro de esos 1.280 millones de euros que Bruselas estableció como techo máximo de la retribución del SPU para ese periodo de referencia y que se han asignado al operador postal en su totalidad.
Según el informe sobre ese documento elaborado por la Comisión Nacional de Competencia, Fomento asegura haber negociado con Bruselas las condiciones de retribución del SPU para el periodo e incluso se incluyen modificaciones planteadas por la Comisión. Sin embargo, las condiciones establecidas en el mismo no convencen a la CNMC, que desacredita algunas de las premisas fijadas por Fomento, ve manifiestamente mejorables otras y concluye que el esquema podría resultar en una 'sobrefinanciación' para el operador postal público.
El asunto tiene su importancia porque la CNMC es el regulador del mercado postal y el garante de la adecuada competencia en el mismo. En el caso de que Fomento no asumiera las recomendaciones realizadas por la CNMC sobre el Plan de Prestación del SPU, y que éste organismo ya trasladó al Gobierno en el año 2016, Competencia podría entender que el esquema diseñado por Fomento consolida una sobrefinanciación del SPU y podría incoar un expediente para exigir a Correos el reintegro a las arcas del Estado de los recursos recibidos de más por el periodo 2011-2020. En otras palabras, reabriría la controversia que tanto el Gobierno como Correos consideraban cerrada con el acuerdo alcanzado con la Comisión Europea...
Eso es precisamente lo que los competidores del operador postal público, agrupados en Asempre, esperan que ocurra a la luz de las discrepancias mostradas por la CNMC en su informe respecto a la metodología planteada por el Ministerio de José Luis Ábalos. Fuentes de la asociación aseguran que es la CNMC a la que le corresponde fijar la cuantía de las subvenciones que le corresponde recibir a Correos por el SPU, no a Bruselas - que ha establecido ese importe máximo de 1.280 millones de euros para el periodo-, ni al Ministerio de Transporte, ni a la empresa pública, lógicamente; que será Competencia también la que tendrá que evaluar si el sistema diseñado por el Gobierno pondera adecuadamente o no la carga financiera injusta soportada por el operador por la prestación de esos servicios, y la que tendrá que actuar si los anticipos a cuenta abonados a Correos exceden lo razonable.
Los puntos de la discrepancia
La metodología en cuestión, de una complejidad técnica considerable, busca determinar el coste extra que soporta Correos por tener que prestar el SPU a partir del ejercicio de estimar que haría una empresa si no tuviera que atender a esos servicios muchas veces deficitarios. El ejercicio teórico realizado por el ministerio de Ábalos descuenta que Correos dejaría de repartir los cinco días a la semana -como le exige la normativa postal actual-, sobre el bien entendido de que esa frecuencia no resulta rentable al menos en el segmento de cartas y postales; y también que cerraría un buen número de oficinas no rentables y que según los supuestos asumidos por el Gobierno sólo permanecen abiertas para dar servicio al SPU. Bajo esas premisas, complementadas por muchas otras que la CNMC no duda en calificar de inconsistentes, el Ministerio entiende que corresponde compensar a Correos por las oficinas deficitarias que debe mantener abiertas y también por el eventual exceso de recursos humanos y materiales que necesita para prestar el SPU en dichas oficinas.
Una de las numerosas críticas que desliza el informe de la CNMC es que para medir esas necesidades para el periodo 2011-2020, el Gobierno toma como referencia estable la infraestructura que tenía Correos en 2010, sin ningún tipo de actualización, por lo que el operador postal sería compensado por los costes de la estructura de 2010 con independencia de que en los años siguientes la hubiera aligerado o no. La CNMC exige calcular la compensación en función de la estructura existente cada año. También considera poco creíble dar por sentado que Correos reduciría su frecuencia de reparto de 5 a 3 días si no tuviera que prestar el SPU o que cerraría todas sus oficinas no rentables en ese caso, supuestos ambos que asume la metodología diseñada por el Ministerio de Transporte.
El informe de Competencia, de 83 páginas, pone de manifiesto lo que señala como "graves incongruencias técnicas", "inconsistencias", "cálculos incorrectos" y "distorsiones", y concluye que de aplicarse el método de compensación del SPU de la forma en que está diseñado "se podría dar la paradoja de que la prestación del SPU supusiera un beneficio para el operador prestador". La Autoridad Fiscal ya advirtió en su informe de que la compensación que recibe Correos por la prestación del SPU podría ser menos gravosa para el Estado con una metodología mejor afinada. El operador postal estatal ha preferido no valorar un asunto que, dice, no le corresponde.
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