El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya tiene diseñado el mecanismo y el funcionamiento del macrofondo de pensiones de promoción pública. Con él pretende captar a cerca de 13 millones de trabajadores y las aportaciones de estos, que rondarían los 100.000 millones de euros en 2030, como adelantó La Información. La ambiciosa iniciativa, plenamente asentada en el resto de Europa, intentaría complementar, gracias a los ahorros de los trabajadores y aportaciones empresariales, que funcionarían a modo de retribución complementaria y diferida para sus empleados, las pensiones públicas, que sufrirán el impacto del envejecimiento de la población, el desembarco en el sistema de los 'baby boom' y la mayor cuantía de las prestaciones.
Con la vista puesta en sistemas similares europeos que funcionan eficientemente, como el del Reino Unido, Países Bajos o Suecia, el Ministerio ya tiene claro como será el organigrama del mecanismo. El control y supervisión recaerán en el sector público, pero la gestión será externalizada y estará en manos privadas. Estas serán las entidades financieras más relevantes, con experiencia, y con un 'colchón' de activos considerable. El Ejecutivo contempla una Comisión Promotora y de Seguimiento, en la que participarán cinco altos funcionarios con una enorme responsabilidad, pero que no percibirán dinero por esa labor; y un Consejo, conformado por 17 personas, cuatro en representación de los sindicatos, el mismo número para los empresarios y otros nueve elegidos por el Ministerio. El cargo se mantendrá durante seis años, con renovaciones parciales a los tres.
Por tanto, el control del Gobierno está garantizado y los cinco funcionarios de la Comisión Promotora tendrán la capacidad de elegir nuevos fondos, guiarán la inversión, pero sobre todo podrán frenar decisiones que consideren equivocadas del Consejo y de los gestores privados del fondo. Mientras, el Consejo, tendrá una retribución fija que se determinará reglamentariamente, pero también habrá un componente variable en función de la valoración externa de calidad del servicio y de los resultados de rentabilidad a largo plazo. Con este plus vinculado a la efectividad y el riego asumido, supervisarán el fondo y el dinero aportado, que si se cumplen las previsiones del Ejecutivo supondrá una cantidad equivalente al 10% del Producto Interior Bruto (PIB) español en menos de una década.
Los requisitos limitan el acceso al concurso público para gestionar el fondo a un puñado de entidades privadas. El patrimonio se concentra en unas pocas
La otra pata del mecanismo de ahorro diseñada por Escrivá es el sector privado. Un concurso público determinará las entidades adecuadas para formar parte del macrofondo, pero no todas podrán acceder a éste debido a los estrictos requisitos. No más de cinco cumplen las condiciones como depositarias privadas, que deben presentar 10.000 millones en activos. Solo Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell y Unicaja-Liberbank pueden justificar claramente esa cifra, mientras Bankinter no estaría lejos. Una veintena de entidades, incluidas aseguradoras, podrían gestionar el fondo. Es necesario acreditar un patrimonio gestionado de más de 1.000 millones.
El patrimonio actual de los planes de pensiones de empleo apenas supera los 37.100 millones, según la última estadística de Inverco, que recoge los datos al cierre de septiembre. El número de partícipes no llega a dos millones y estos productos apenas representan tres de cada diez euros de lo destinado a los planes de pensiones, con los individuales a la cabeza, con más 86.500 millones y más de 7,4 millones de partícipes. El 16,5% de la población española tiene un plan individual, con cuatro comunidades -Navarra, País Vasco, Madrid y Aragón- a la cabeza en patrimonio medio, que de media es de 11.600 euros. Mientras, el de los de empleo supera los 19.000 euros y su rentabilidad media a 25 años es 1,2 puntos porcentuales mayor -2,7% frente a 3,89%-.
En septiembre de este año había 1.247 planes de empleo para efectivos públicos, trabajadores en grandes empresas -también algunas pequeñas- y colectivos profesionales. Los cinco fondos más importantes suponen el 50% del patrimonio total y en el podio está el de CaixaBank AM -para los trabajadores de la entidad bancaria-, el de Ibercaja, en el que se gestionan los ahorros de los empleados de Endesa; y el de los trabajadores de Telefónica, en manos de Fonditel. En total, 1.190 millones de patrimonio y más de 82.000 partícipes. Mientras, el de la Administración General del Estado tiene 500.000 participes, aunque todavía la mitad de las comunidades no cuentan con un mecanismo de ahorro de estas características.
El 90% de los trabajadores suecos, británicos y holandeses participan en un plan de empleo. Son muy generosos, pero la aportación ronda el 20% del sueldo
El Gobierno ha tomado nota de cómo funcionan en Europa determinados fondos de empleo público y los desarrollados en Países Bajos -el más generoso, llega al 90% de los trabajadores y supone un desembolso cercano al 20% del sueldo-; Suecia -también extraordinariamente generoso, eficiente y transparente; pero sobre todo el del Reino Unido , suponen un buen punto de partida. El 'automatic enrolment' británico obliga a las aportaciones empresariales, pero pueden renunciar de forma voluntaria los empleados, aunque solo lo han hecho el 9% desde que puso en marcha.
El plan de pensiones de empleo del Reino Unido está vigente desde 2012 y el ahorro de los trabajadores británicos se ha disparado en los apenas nueve años que lleva en marcha. Supone una garantía para el cobro de las prestaciones futuras, en un contexto en que la esperanza de vida y el tiempo en el que se cobrará las pensiones no para de crecer. En España podría ser un alternativa razonable para que el nómina de la pensión generada por las cotizaciones se aplazase unos años después de la jubilación y durante ese periodo inmediato al retiro se empezase a cobrar de lo 'recaudado' del plan de empleo.
Nueve de cada diez trabajadores del Reino Unido están adscritos por defecto a este mecanismo, un total de 18,7 millones de empleados, según los datos de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa). Las aportaciones superaban en 2017 los 105.000 millones de euros, una cantidad que podría haber aumentado -según estimaciones- en 22.000 millones, gracias al incremento del porcentaje del salario a ingresar, que ha pasado de 5% al 8% en 2019. En total, trabajadores británicos, sus empleadores y el Estado -este mediante deducciones- aportan en la actualidad el equivalente al 8% del sueldo del empleado. Éste cede el 4%, mientras la empresa añade un 3%. El resto le concierne al Gobierno.
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