Tras el recorte del trasvase Tajo-Segura

El plan hidrológico de Ribera desata la guerra del agua que será clave electoral

La decisión de la ministra de Transición Ecológica favorece las expectativas electorales del PP en Murcia y Valencia y a García Page, uno de los barones socialistas más críticos con Sánchez, frente al ‘leal’ Ximo Puig.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (i), y la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera (i), y la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Europa Press

Sociólogos, expertos demográficos, del clima, políticos o economistas llevan advirtiendo desde hace años de que las grandes migraciones y las guerras que se producirán, ya lo están haciendo, principalmente en África, serán debidas al agua. Mejor dicho, a su escasez. Ahora, en la España de 2022, principalmente en su cuadrante sureste, el más proclive a la desertización y el más azotado por la escasez hídrica, la decisión del ejecutivo central y de Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, de recortar el trasvase Tajo-Segura, ha hecho estallar la guerra del agua. Incruenta, pero que amenaza con marcar las próximas elecciones autonómicas y locales del próximo 28 de mayo. 

El Consejo de Ministros aprobó este martes los planes hidrológicos para todas las cuencas españolas, incluido el Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura y del Tajo, que supone un recorte del trasvase del Tajo al Segura, en el que se establece, y esta es la gran novedad, un caudal ecológico en la cabecera del Tajo -bien es cierto que ‘obligado’ por la sentencia del Tribunal Supremo y por directivas de la UE-, lo que implica una reducción del agua trasvasada que el Gobierno, en el peor escenario, cifra entre 70 y 110 hectómetros cúbicos y que los regantes sitúan en un fijo de 78 hectómetros cúbicos al año. Una decisión que, según el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) supondrá la muerte de 12.000 hectáreas de regadío en Alicante, Murcia y Almería y el paro para 15.000 agricultores. Eso sí, la ministra, a la vez que anunciaba el recorte del trasvase, ponía sobre la mesa miles de millones de euros para impulsar el uso del agua desalada en la agricultura levantina.

La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido recibida con "alborozo" por la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, que la valora "muy positivamente", sobre todo, que el Gobierno y "especialmente la Ministra Ribera" se hayan mostrado firmes "pese a la presión mediática de la agroindustria". 

Igualmente, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, uno de los barones socialistas más críticos con Sánchez por sus pactos con los independentistas, considera un gran triunfo, la "decisión histórica" del Consejo de Ministros. "Han sido muchísimos años, muchas ocasiones y muchas oportunidades las que se han ido perdiendo o quedado por el camino" y "empieza a cambiar de color y de tendencia la humillación histórica que ha sufrido el Tajo, sus tierras y su población". Un colaborador cercano a Page reconocía este viernes a La Información que, "si no estaba ya claro antes, con esta decisión el triunfo en las elecciones del 28 de mayo está más cerca". Y es que en la España autonómica y local todo se mira, a día de hoy, en clave electoral.

Y a 370 kilómetros de Toledo, en Valencia, también. Hasta el punto de que desde el PP valenciano no dudan en asegurar que "la campaña la tenemos hecha y hoy estamos más cerca de ganar las elecciones autonómicas que ayer". El gran perdedor de esta guerra del agua ha sido, sin duda, Ximo Puig. Curiosamente, y a diferencia de García-Page, uno de los barones territoriales más 'leales' a Pedro Sánchez. "El trasvase del Tajo al Segura es irrenunciable porque el Tajo es irrenunciable y tenemos derecho", se apresuró a decir al presidente de la Generalitat valenciana al conocer el recorte, al mismo tiempo que anunciaba una ayuda para rebajar en 10 céntimos el precio del agua procedente de las desaladoras, con lo que el agua para los regantes se situaría en 0,24 céntimos el metro cúbico sumando también la rebaja anunciada por el ejecutivo central. Lejos todavía de los 18-19 céntimos que pagan los agricultores del levante por el agua procedente del trasvase.

Ximo Puig ha anunciado, igualmente, que los servicios jurídicos de la Generalitat analizarán la decisión y recurrirán los aspectos que sean "lesivos" para los agricultores de la Vega Baja de Alicante. Así las cosas, desde sectores del propio PSOE valenciano se considera que "con esta decisión y si no logra revertir las cosas, y queda muy poco tiempo de aquí a las elecciones, Ximo Puig está perdido". Tal es la situación que este viernes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, acudió a Valencia a reunirse con el propio Puig, 'templar gaitas' y asegurar que "los agricultores van a poder continuar llevando a cabo sus tareas" gracias a "los caudales de agua y con la modernización del regadío". Y pese a ello, incidía el ministro, "al cambio climático al que estamos enfrentándonos", que ha provocado que desde el año 1980 del siglo XX se haya reducido un 12% la pluviometría del país, que puede llegar a disminuir un 15% en 2050.

Mientras, en Murcia, el presidente de la región, Fernando López Miras (PP), ya avanzó que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo para revertir la decisión "arbitraria, política y sectaria" tomada por el Gobierno central respecto al trasvase Tajo-Segura. Para López Miras la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo y del Segura es "el mayor ataque político perpetrado a nuestra comunidad en las últimas décadas". Igualmente, la Diputación de Alicante también ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión del Gobierno central sobre el trasvase.

Andalucía, por su parte, interpondrá un recurso ante el Supremo según ha anunciado la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del gobierno que preside Juan Manuel Moreno, Carmen Crespo, para la que "la decisión de Teresa Ribera es injusta a sabiendas", "un atropello del Estado que no tiene precedentes" y un "ataque a los trasvases y la solidaridad del agua".

La guerra del agua en el sureste español ya es una guerra política y más cuando los embalses de Entrepeñas y Buendía, en la provincia de Guadalajara, en el alto Tajo, y de los que se nutre el trasvase Tajo-Segura se encuentran al 27% de su capacidad. En estos momentos hay embalsados 697 hectómetros cúbicos de una capacidad total de 2.518 entre los dos embalses.

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