El Gobierno se ha puesto como objetivo que la tasa de temporalidad en las Administraciones Públicas no pase del 8% en 2024. Han tenido que pasar un puñado de lustros y un par de sentencias con amenaza de sanción por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que un gobierno de España se haya puesto manos a la obra a tratar de corregir los abusos que durante años han cometido las Administraciones Públicas con la contratación temporal. El Real Decreto Ley que ha concretado esta ofensiva obliga a todas las administraciones públicas a completar en un plazo de tres años el drenaje de sus excesos de temporalidad...pero no dice nada de las empresas públicas.
Y la situación a este respecto en algunas de ellas es más que llamativa. Según los datos recabados por el sindicato CSIF, el podium de la temporalidad en las empresas públicas lo encabeza el Grupo Tragsa, la empresas de servicios del Estado, con una tasa de temporalidad media en su plantilla del 52%; seguida de Paradores, con un 37%; y Correos, con un 31%. Todas ellas tienen argumentos para tratar de justificar sus tasas de temporalidad. En el caso del Grupo Tragsa, buena parte de su actividad se basa en encargos y encomiendas de gestión puntuales de las Administraciones Públicas, que hacen que buena parte de su plantilla sea flotante y se vincule con contratos de obra y servicio asociados a cada encargo concreto.
En los casos de Correos y Paradores su operativa tiene un fuerte componente estacional, que acostumbran a resolver con la contratación temporal de personal en las fases del año que tienen mayores picos de actividad. El sindicato CSIF, no obstante, considera que la cifra es lo suficientemente "exagerada" como para extender a las empresas públicas la obligación de limitar al 8% la tasa de temporalidad de la plantilla de aquí a 2024, en línea con lo que exigen las directivas europeas y lo que ha regulado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública en su plan de choque contra la temporalidad en la Administración.
El sindicato entiende, además, que se trata de empresas que prestan servicios esenciales y que en algunos casos incluso tienen beneficios por lo que considera que mantener un contexto laboral de precariedad no tiene sentido, lo que hace más urgente aún su corrección.
Las empresas públicas, con escaso margen de maniobra
Las empresas públicas no están de brazos cruzados. El Grupo Tragsa prevé estabilizar este año más de un millar de plazas (1.039, en concreto) correspondientes a las convocatorias no realizadas en 2018 y 2019; en Paradores esa cifra será de 143; y Correos pactó en 2018 un plan de estabilización de 11.200 plazas entre convocatorias de plazas nuevas y consolidación como fijos de trabajadores temporales. En julio de 2020 se incorporaron 4.005 nuevos empleados y en la actualidad hay abierto un proceso para la incorporación de 3.381 trabajadores como personal laboral indefinido y planificado otro para incorporar a 3.254 empleados fijos más.
Con los volúmenes de temporales en los que se mueven estas empresas, el esfuerzo se ve como insuficiente desde el sindicato. Pero fuentes de estas empresas públicas advierten de que su margen de maniobra también es limitado porque no pueden promover procesos de estabilización por su cuenta y riesgo sino que necesitan el visto bueno del Ministerio de Hacienda, poco inclinado a autorizar medidas de gestión laboral que consoliden gastos fijos a medio y largo plazo. En los últimos meses, Hacienda ha paralizado más de un acuerdo laboral de grandes empresas públicas porque amenazaban con incrementar la masa salarial de las mismas por encima de lo que el Ministerio considera razonable.
Para José Manuel García Fernández, responsable de CSIF de Paradores, ese argumento no puede servir para coartada para situaciones como las que se viven en la empresa de establecimientos hoteleros singulares propiedad del Estado en la que, según denuncia, proliferan los contratos de 15 o menos días, con jornadas irregulares y unos niveles de precariedad salarial elevados. Desde Paradores se asegura que la tasa de temporalidad es inferior a la que denuncian desde los sindicatos y que por su parte exprimen la tasa de estabilización de personal que se les permite desde el Estado.
La amenaza de la reforma laboral
La principal amenaza para la política de gestión laboral en estas empresas públicas no viene de la norma aprobada esta misma semana por el Consejo de Ministros para reducir la temporalidad en la Administración por debajo del 8% sino por el flanco de la reforma laboral que la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está negociando - no sin problemas- con los agentes sociales.
La propuesta planteada por Díaz reduce a un año la duración máximo de los contratos temporales, a dos las causas para utilizar este contrato y liquida directamente el contrato de obra y servicio, clave en empresas como Tragsa que básicamente se dedican a realizar obras y prestar servicios. Tampoco admite la contratación temporal para cubrir repuntes estacionales de la actividad, como pueda ocurrir en Paradores y Correos, ya que señala expresamente que el contrato temporal sólo podrá celebrarse por un "incremento ocasional e imprevisible de la actividad empresarial que no pueda ser atendido con la plantilla habitual de la empresa".
Pese a que la idea del Ministerio de Trabajo es introducir estos cambios de forma urgente por la vía del Real Decreto Ley las empresas públicas no han dispuesto todavía ningún plan de contingencia para adaptarse a un cambio legal que de concretarse bajo esos parámetros dinamitaría su actual política de personal.
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