El ministro de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, Luis Planas, ha sostenido este martes en la rueda posterior al Consejo de Ministros que la iniciativa registrada por el Partido Popular y Vox en el Parlamento Andaluz es "ilegal" e "irreal" y que desde el Gobierno se va a hacer "todo lo que sea necesario para que esta iniciativa incomprensible e irracional" no se lleve a cabo. El responsable de la cartera de Agricultura ha llamado a los responsables de registrar la proposición de ley que quiere regular los regadíos del Parque Nacional de Doñana a dar un paso atrás y evitar que se produzca ese daño. El ministro ha destacado el peso que tiene el cultivo de regadío en España, que engloba el 65% de la producción anual, sin embargo, ha llamado a apostar por un regadío sostenible que tenga presente su impacto en el medioambiente, como se refleja en el Plan de Recuperación y Resiliencia.
Planas ha asegurado que la iniciativa sustentada por la Junta de Andalucía pasa por alto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en la que se condenó a España por incumplir dos directivas referidas a la gestión del agua. Además, el responsable del ministerio de Agricultura ha acusado al Gobierno de Moreno Bonilla de atribuirse una competencia que no corresponde a las comunidades autónomas, sino al gobierno central. Asimismo, ha sostenido que se trata de una iniciativa "irreal" por querer distribuir unas reservas de agua con las que no se cuenta. "Es una acción claramente irresponsable que crea expectativas que no se van a ver satisfechas respecto a la decisión adoptada", ha sostenido.
El responsable de Agricultura se ha mostrado especialmente preocupado este martes por el daño reputacional que puede causar esta crisis a nivel internacional, dado que la Unión Europea ya ha advertido que este paso podría conllevar sanciones. Planas estima que el anuncio de regularizar los regadíos puede perjudicar a las exportaciones de frutas y hortalizas españolas, en especial, a los envíos de frutos rojos que ingresaron más de 1.500 millones de euros en el periodo 2018-2022. A criterio del ministro, generar dudas en el entorno europeo podría echar por tierra los esfuerzos llevados a cabo por los productores del sector, ya que Alemania concentra un tercio de esas compras. "El trabajo de la inmensa mayoría se puede ver afectado por una iniciativa irresponsable de los autores de esta proposición de ley", ha denunciado en la rueda de prensa.
El Gobierno se ha mostrado determinado a pararle los pies a Moreno. El ministro ha querido hacer estos comentarios antes de ser cuestionado por los periodistas, una oportunidad que también ha aprovechado para recordar lo ya adelantado por la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, que previa consulta a los servicios jurídicos, se plantearán presentar un recurso de inconstitucionalidad si finalmente sale adelante esta medida, que apenas se encuentra en la fase inicial de su tramitación parlamentaria y que ha reunido el fuerte rechazo de los partidos de la bancada de la oposición, tanto a nivel autonómico como nacional. "Doñana es a la biodiversidad, lo que el Prado es a la pintura, algo que debemos defender" ha defendido.
Planas, quien también ha sido dos veces consejero de Medioambiente de la Junta de Andalucía, ha evitado dar explicaciones sobre el motivo por el que los gobiernos socialistas andaluces han obviado históricamente la existencia de los regadíos que ahora Juanma Moreno busca regularizar. En cambio, ha defendido que la postura del PSOE en esta cuestión pasa por implementar el regadío sostenible a través de la modernización de los sistemas y el recurso a fuentes de agua no convencionales, como el agua reciclada o desalinizada, cuyo coste está disminuyendo en los últimos meses como consecuencia de la caída del precio de la energía empleada en el proceso.
En este sentido, ha resaltado el plan de modernización de regadíos, que asciende a 2.130 millones de euros, lo que supone el doble de la media invertida en los primeros 20 años de este siglo, y que se desarrollará en el periodo 2022-2027. De este monto, 1.255 millones se pondrán en marcha a cargo del fondo de recuperación, mientras que los 835 millones restantes saldrán de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta cantidad suma al dinero destinado al PERTE de digitalización del agua y a los 6.000 millones destinados en alta y baja de regadío y digitalización del mismo. El objetivo es llegar a cubrir 750.00 hectáreas, para implementar mejoras de segundo y tercer orden. "Siempre se puede regar mejor, utilizar mejor cada gota de agua", ha apuntado Planas.
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