Casi un año después del cambio normativo que obliga a cerca de 30.000 empresas a desarrollar e implementar planes de igualdad el Gobierno todavía no ha llevado a cabo el desarrollo reglamentario de la nueva ley. Pero esta demora no exime a las compañías de responsabilidad. Al contrario, desde el momento en que entró en vigor el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación las empresas se enfrentan a multas que pueden alcanzar el grado de máxima gravedad con sanciones de hasta 187.515 euros.
El próximo día 7 de marzo finaliza el plazo para que las empresas de más de 150 trabajadores hayan incorporado sus planes de igualdad y empieza la cuenta atrás para las que superan los 100 empleados, que tendrán un año para desarrollarlos. Las más pequeñas, por encima de los 50 trabajadores, dispondrán de un año más, hasta marzo de 2022. Se impuso la obligatoriedad de manera escalonada para permitir una mejor adaptación a las empresas a este cambio normativo que no es menor.
El problema es que el real decreto ley que regula esta obligatoriedad está pendiente de todo el desarrollo reglamentario. El Gobierno lo sacó adelante en un Consejo de Ministros de los denominados viernes sociales, coincidiendo con el día de la Mujer, y se comprometió a completarlo en un periodo de seis meses. Pero casi un año después sigue sin haber ni rastro de esas modificaciones.
"La cuestión es que está pendiente de desarrollo reglamentario el contenido que deben tener los planes, que en la ley se prevé de forma muy somera, y la creación de un registro de planes de igualdad para que se pueda tener conocimiento de los mismos", explican fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social que adelantan que ya se está trabajando en la redacción del reglamento.
A falta de unas directrices concretas por parte del Ejecutivo, queda en el aire todo el desarrollo normativo de cuestiones de diagnóstico, contenidos, materias, auditorías salariales, seguimiento y evaluación, y registro –constitución, características y condiciones de inscripción y acceso– de los planes de igualdad. A estas alturas, en definitiva, reina el desconocimiento absoluto en las empresas sobre todos estos asuntos.
"La implementación de los planes de igualdad obligatorios en las empresas se está demorando mucho porque el decreto que lo regula es muy ambiguo en cuestiones como la composición de la comisión negociadora, la evaluación y seguimiento de los planes y las auditorías salariales, no sabemos cómo se debe hacer nada de todo esto", comenta a La Información la vicesecretaria general de UGT Cristina Antoñanzas.
Antoñanzas aclara, no obstante, que "el real decreto ley entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y, por tanto, ya es obligatorio para las empresas, que se exponen a multas por infracciones graves en esta materia". "La Inspección de Trabajo ya está haciendo una labor importante de vigilancia y control, puede perfectamente requerir y multar en última instancia", advierte.
La Inspección, vigilante
Hay que recordar que incumplir las obligaciones en materia de igualdad puede dar lugar a sanciones económicas con multas entre 626 euros y 6.250 euros en caso considerarse graves o de entre 6.251 euros a 187.515 euros en caso de considerarse muy graves. Igualmente, la norma contempla la pérdida automática de ayudas, bonificaciones y, en general, de los beneficios derivados de la aplicación de los programas de empleo.
Desde el sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social su presidenta Ana Ercoreca recuerda que los inspectores están especialmente enfocados en el área de igualdad y la campaña para luchar contra la brecha salarial en las empresas se ha intensificado notablemente. En concreto, en 2019 el número de actuaciones programadas en el marco de la campaña de discriminación salarial por razón de género se incrementó un 34% respecto a 2018.
Además, según consta en el último informe sobre el estado de ejecución del Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020, a través de la herramienta de lucha contra el fraude se han detectado posibles actuaciones de discriminación salarial en las empresas, tanto directas como indirectas, sobre las que ya se están realizando las actuaciones inspectoras correspondientes. Y estas actuaciones han permitido un sustancial incremento en el número de actas de infracción y requerimientos en la materia respecto a años anteriores.
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