El plazo para pedir fondos UE amenaza la reforma de las pensiones por decreto

Culminar la segunda parte de la reforma de las pensiones es un requisito imprescindible para recibir el cuarto pago de los fondos Next Generation, que asciende a 10.000 millones de euros. Su desembolso está programado para junio de 2023, según el esquema que maneja el Gobierno desde el inicio, por lo que el calendario apremia al ministro José Luis Escrivá para cerrar sus cambios. El Gobierno debe presentar la solicitud en primavera, idealmente en abril, aunque podría forzar los plazos hasta mayo -como ya hizo con el anterior pago, que solicitó en noviembre. Pero, por el momento, la negociación con los grupos parlamentarios permanece enquistada, lo que ha llevado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a decantarse por la vía del real decreto ley. Sin embargo, esto no evita que el Ejecutivo tenga que reunir los votos afirmativos para su convalidación. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución, cualquier real decreto ley debe ser convalidado o derogado en un plazo máximo de 30 días hábiles desde su promulgación en Consejo de Ministros. Es decir, el texto ha de ser sometido a un debate de totalidad en el Congreso que permita su incorporación al ordenamiento jurídico o, por el contrario, el real decreto ley pierde sus efectos. Para el Gobierno de Pedro Sánchez, está fórmula ha sido un recurso habitual que no ha enfrentado trabas en la mayoría de ocasiones, gracias al respaldo de Unidas Podemos, ERC o EH Bildu. No obstante, la tramitación de la reforma laboral ya sentó un mal precedente al ser aprobada gracias a un voto equivocado de un diputado del PP. 

Y este "fantasma" ha estado presente durante toda la negociación a tres bandas (con partidos políticos, agentes sociales y Comisión Europea), dado que la cartera es consciente de la falta de popularidad de algunas de sus propuestas. La segunda pata de la reforma de las pensiones tiene que ver con el compromiso adquirido con Bruselas para hacerlas sostenibles en el tiempo, que el ministro ha canalizado en tres objetivos: ampliar el periodo de cómputo de las pensiones (de 25 a 30 años), cubrir las lagunas en las carreras profesionales y dar la posibilidad de excluir los peores años. Además de destopar las bases máximas de cotización, único punto en el que cuenta con el respaldo de sus socios de Gobierno. 

En cambio, la voluntad del ministro de elevar el número de años cotizados que son tenidos en cuenta para calcular la pensión ha recibido el rechazo de todos los partidos que acostumbran a apoyar al Ejecutivo en sede parlamentario. De hecho, este punto no se encuentra entre las recomendaciones del Pacto de Toledo -comisión que no se reúne desde octubre dado que su presidencia está vancante- y que los socios de izquierdas interpretan que perjudicará a los trabajadores más vulnerables. Sin embargo, Escrivá parece determinado a no renunciar a este aspecto, pese al cúmulo de opiniones contrarias. 

Los sindicatos, por su parte, habían condicionado su apoyo a lo que reuniera apoyos parlamentarios, por miedo a repetir la escena de la reforma laboral. Aunque en las últimas semanas prácticamente han dado por hecho que la modificación saldrá adelante sin tener su 'okay', ya que tanto CCOO como UGT han recordado que no tienen una posición clara al respecto y tendrán que someterlo a debate interno. El Ministerio había pospuesto la convocatoria de la mesa de diálogo hasta llegar a un acuerdo con los partidos políticos, pero la ausencia de un consenso y el agotamiento de los plazos, pone en cuestión que esta vaya a llegar a materializarse. 

La reforma de las pensiones, requisito para el siguiente envío

Hasta este momento España ha cumplido rigurosamente con el calendario para el envío de las transferencias comunitarias, el listado de hitos alcanzados para el desembolso del tercer paquete de 6.000 millones fue entregado en el mes de noviembre y consolidó al país de nuevo como el primer miembro en presentar la solicitud y recibir el envío. En esa línea, el Gobierno debería recopilar la lista de tareas cumplidas entre finales de abril y comienzos de mayo o de lo contrario, se enfrentaría al primer retraso en la entrega de los fondos europeos, que en este caso ascienden a 11.000 millones de euros. 

"España no tiene un plazo para solicitarlo, pero lógicamente lo va a hacer antes de que llegue el mes junio, porque si nos vamos más allá, el pago se va a retrasar", apunta el director del Departamento de Fondos Europeos de Atrevia, Javier García Vilumbrales. "Presumiblemente, durante estos meses, España va a elaborar un listado de hitos y objetivos cumplidos con este tercer desembolso para poder justificarlo y solicitar unas semanas antes de que llegue la fecha, el cuarto desembolso", señala el consultor de asuntos públicos, que calcula que este movimiento tendrá lugar en el mes de mayo, con el fin de que quede margen de tiempo para que Bruselas lleve a cabo la evaluación. 

La Comisión Europea publicó a finales del mes pasado un documento en el que detallaba la metodologogía que aplicaría en el caso de que alguno de los 27 no cumpliese con uno o más requisitos. La institución explicó que descontaría la cuantía correspondiente al logro de ese hito, España tiene un total de 69.500 millones de euros asignados para 415 objetivos y fallar en una cuestión de este calado podría multiplicar por cinco el recorte, dado que se corresponde con la categoría "compromisos relacionados con la entrada en vigor de una reforma o el paso final para la implementación de una reforma no legislativa". Sin embargo, desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital llaman a la calma y aseguran que "hay tiempo" hasta terminar el primer semestre.