Granada, tres años sin tren. Extremadura, tren digno ya. Cortes y desprendimientos en Canarias por el mal estado de sus carreteras. Teruel existe. La Y vasca. El AVE a Asturias, el corredor de la Costa del Sol, la obra hidráulica en el Júcar… La partida presupuestaria peor parada en la crisis lleva el epígrafe 'Infraestructuras'. En esta década de recorrido tras la debacle económica, la obra pública ha pasado de ser la quinta política más importante a bajar a decimocuarta (de un total de 26). Con los 8.478 millones de euros presupuestados este año, Fomento solo cubrirá el 7,4% del capital necesario para acometer las cerca de 900 infraestructuras pendientes, valoradas en 114.000 millones de euros, identificadas por Seopan, la patronal de empresas constructoras, y beneficiarias de las licitaciones.
Tras ocho años de recortes y un tijeretazo final del 21% en 2017, el aumento del 12,55 % de la inversión en infraestructuras previsto en el Proyecto de cuentas públicas de 2018 parece todavía insuficiente para resarcir la caída de la obra pública en España. El Estado invertirá este año en infraestructuras 1,5 de cada cien euros de los Presupuestos; en 2007, esta partida contenía cinco de cada cien. Para más inri, los datos de Ejecución Presupuestaria revelan que el 9% del presupuesto destinado a infraestructuras en 2017 no se utilizó.
Distintas actuaciones quieren poner mercromina sobre la herida. Entre ellas, el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras, dotado con 5.000 millones de euros. Pero sobre el programa estrella de Fomento también pesa la maldición de los retrasos: se encuentra varado en el Ministerio de Hacienda por diferencias en cuanto al riesgo del coste de expropiación del suelo que deben asumir las empresas.
Pese a que los PGE 2018 han envuelto en papel de regalo la partida de este Ministerio -la que más crece de todos los departamentos del Gobierno en las cuentas públicas para 2018-, alcanzar los niveles de inversión por habitante de los países de referencia exigiría llegar a los 40.000 millones de euros anuales, en cálculos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) y de BBVA.
Por comunidades autónomas, el ministro del ramo y exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, ha barrido para casa. Cantabria contará este año con 235 millones, la más alta cantidad por habitante de toda España, todavía deficitarios frente a los 577 millones necesarios según los cálculos de Seopan. Es prioritario un tercer carril en la A8 Solares-Vizcaya (175 millones de euros), que comenzará a levantarse este año.
En Andalucía, además del tren a Granada, también está pendiente la extensión del metro de la ciudad a localidades próximas y las líneas 2 y 3 del subterráneo de Sevilla. Además, el alto coste del Corredor de la Costa del Sol (5.000 millones), proyecto comprometido desde los noventa pero paralizado por falta de financiación y desavenencias entre el Gobierno y la Junta, auguran un desarrollo impreciso. También urge tirar de gravilla para la Autovía del Olivar, que une Úbeda (Jaén) con Estepa (Sevilla), 160 kilómetros a 700 millones de euros, proyectada desde hace una década pero sin que una sola apisonadora haya pasado por la provincia de Sevilla.
Desde la coordinadora ciudadana Teruel existe, reprochan al Gobierno que en ocho años de mandato "tan solo haya realizado 22,1 kilómetros de carretera nacional y ni un solo metro de autovía". Tampoco se ha acometido ninguna actuación para incorporar a la provincia de Teruel a la alta velocidad. Y los 335 millones anunciados por Adif para invertir en la línea Zaragoza-Teruel-Valencia en los próximos años "son todas dirigidas a reparar y mantener un ferrocarril del siglo XIX”, critican.
El codiciado voto de Pedro Quevedo en la votación de los PGE 2017 arrancó al Gobierno 240 millones de euros relativos al convenio de carreteras para infraestructuras viarias en Canarias. Otro ejercicio más, el diputado canario tiene la sartén por el mango. El tren de Gran Canaria (1.800 millones) y el ferrocarril sur Tenerife (3.000 millones), que sus Cabildos se proponen iniciar este año siguen sin comenzarse.
Con una inversión de 5.089 millones de euros, que incluirá la compra de 172 trenes de gran capacidad y la construcción de una línea y siete nuevas estaciones, Fomento pretende hacer frente a los numerosos problemas en el servicio de Cercanías de Madrid. Renfe y Adif estiman que las obras para la nueva línea transversal para conectar el corredor del Henares con las localidades del suroeste de la región estén finalizadas en 2027. Asimismo, están pendientes las ampliaciones de la A5 hasta Navalcarnero y de la A1 en el embotellamiento de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes... hasta las 72 necesidades identificadas por Seopan, para las que la patronal calcula 15.473 millones de euros de inversión.
Para serenar los ánimos independentistas, el Gobierno ha echado el resto en Cataluña, donde este año invertirá un 16,7% más, hasta los 1.244 millones de euros. Alta velocidad y aeropuertos quedan como los sectores más consentidos. El EVA, el AVE ‘low cost’ que unirá Madrid y Barcelona a partir de 2019, los aeropuertos y la red de cercanías recibirán un chorro de inversiones y un buen lavado de cara para garantizar el tirón de uno de los bastiones de turismo internacional. Esta higiene llega con menos intensidad a las carreteras catalanas. La N-II en Girona, la A-27 en Montblanc, las carreteras N-240 y 340, la autovía de la Vall d'Aran o la B-40, el Cuarto Cinturón, llevan años estancados.
Los vecinos de Vallirana llevan 30 años esperando la variante de la N-340. Tampoco en Montblanc están conformes con los siete millones de euros presupuestados para la A27 y su alcalde organizará protestas para denunciar la inversión de Fomento que, valga la paradoja, aumenta su presupuesto hasta los 1.244 millones. El Gobierno echa así el resto para contrarrestar el llamado déficit de inversión crónica: solo un 0,4% de los recursos ha ido a obra pública, según un informe de Convivencia cívica.
Entre los tira y afloja protagonizados por Gobierno central y Generalitat catalana, uno de los que ocupa un lugar más destacado es el que se centra en la construcción del Corredor del Mediterráneo. Este proyecto debería unir el puerto de Algeciras con Barcelona usando para ello una vía de ancho internacional que pasaría por toda la costa este de España. Fomento ha comprometido la línea par 2023. El siguiente objetivo es la doble plataforma para viajeros y mercancías, en 2025.
Dotada con 334 millones de euros, la Comunidad Valencia no llega ni a la media de inversiones, “apenas 20 millones para el plan de mejora de cercanías cuando el ministro anunció 150 millones”, se ha quejado el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, cuando la solución ferroviaria para Valencia lleva bloqueada desde que se modificara el convenio en 2003. En su región, también quedan pendientes la plataforma Valencia- Castellón, el túnel pasante de Valencia y la línea Sagunto-Teruel.
El Gobierno se ha dejado en el bolsillo de los Presupuestos 2.300 millones de euros para negociar con el PNV su apoyo a las cuentas de 2018, un aval que deberá obtener antes de finales de la votación de las enmiendas parciales a finales de junio. Con todo, el presupuesto del Grupo Fomento en el País Vasco es ya un 92,7% mayor que en 2017, hasta los 718,2 millones de euros, 622,97 millones son inversión. Pese a los acuerdos derivados del Cupo vasco y el manguerazo presupuestario de 2018, la alta velocidad no llegará a Bilbao hasta 2023. La llamada Y vasca, la línea Vitoria-Bilbao-San Sebastián-Frontera francesa, es el tren de alta velocidad más lento jamás construido en España. Lleva 17 años de demora y acumula unos 2.000 millones en sobrecostes.
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