El pasado 19 de noviembre el Congreso de los Diputados ratificó por amplísima mayoría (262 votos a favor, 2 en contra y 78 abstenciones) el 'Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo', en el que se vuelcan las 22 recomendaciones que tras muchos meses de negociación a lo largo de tres legislaturas distintas los grupos parlamentarios fueron capaces de consensuar para apuntalar la sostenibilidad a futuro del sistema público de pensiones. El documento se aprobó con 19 votos particulares y una tercera parte de los mismos hacía referencia a una misma cuestión: la necesidad de compensar a los trabajadores con largas carreras de cotización de más de 40 años, que en su día fueron forzados a jubilarse antes de tiempo por las necesidades de ajuste laboral de sus empresas y que por este motivo vieron recortada su prestación de manera significativa por el efecto de los coeficientes correctores sobre la jubilación anticipada.
Tras un animado debate interno en el seno de la Comisión, el consenso se construyó en torno a una redacción que no reconocía expresamente el derecho a una reparación económica a los más de 500.000 afectados por esta situación - como exigían un puñado de fuerzas políticas, el sindicato UGT y las asociaciones representativas del colectivo, como APRI, Fevaas o Asjuvi40 -pero sí comprometía un análisis en profundidad de las diferentes situaciones dentro del colectivo y una evaluación de los costes financieros que tendría para el sistema abordar algún tipo de indemnización a aquellos que hubieran sido objeto de un trato más inequitativo. Para ello se fijó un plazo de tres meses...que vencería este 19 de febrero.
Hasta la fecha los diputados de la comisión de seguimiento de los acuerdos del Pacto de Toledo nada saben de ese informe y Unidas Podemos ha tomado la iniciativa para tratar de promover una reunión de la comisión de seguimiento a fin de exigir al Ministerio la presentación de dicho informe en los plazos en que se comprometió, según aseguran fuentes parlamentarias. Los contactos se han producido de manera informal - no puede ser de otro modo ya que el reglamento del Congreso reserva a la presidenta de la Comisión, la exministra de Trabajo y Seguridad Social, Magdalena Valerio, la potestad de convocar dicha comisión - pero según las fuentes consultadas buscan que se reclame de manera formal desde la Comisión al Ministerio de Inclusión y Seguridad Social el informe sobre la situación de los prejubilados con largas carreras de cotización que, por otra parte, el departamento de José Luis Escrivá se comprometió a remitir a la comisión en esos plazos.
El asunto había quedado un tanto apartado del foco en las últimas semanas por la negociación de la prórroga de los ERTE y, sobre todo, por la agria controversia en torno a las medidas a incluir en la propuesta de reforma del sistema público de pensiones remitida a Bruselas y, más en concreto, por la polvareda levantada por la 'propuesta fantasma' de elevar de 25 a 35 años el periodo de cálculo de la pensión, lo que podría derivar en una reducción a medio y largo plazo de las prestaciones futuras para los trabajadores.
Esta semana, sin embargo, ha vuelto a los focos. Este jueves la asociación de jubilados Asjuvi40, una de las plataformas que viene canalizando la reivindicación de una compensación por parte del colectivo, registró un escrito en el Congreso de los Diputados para solicitar una reunión con la presidenta de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, con el fin de que la Comisión haga valer ante el Ministerio la recomendación número 12 que compromete al Gobierno en la búsqueda de una solución para el colectivo, en la misma línea de la solicitud realizada de manera informal por el grupo parlamentario de Unidas Podemos.
Más de medio millón de afectados
Las plataformas de defensa de este colectivo reclaman, en primer lugar, la anulación de la penalización que sufren en su pensión los más de 512.000 pensionistas que en su día tuvieron que jubilarse antes de la edad legal de manera forzosa por los procesos de ajuste de plantilla realizados por las empresas en que trabajaban, y que desde entonces han venido sufriendo reducciones de hasta el 40% en la cuantía de su pensión, por la aplicación rigurosa de la normativa vigente sobre las jubilaciones anticipadas pese a acreditar más de 40 años cotizados en la mayoría de los casos. Y, en caso de que fuera financieramente viable, una reparación por todas las nóminas cobradas de menos de manera injusta en su opinión durante este periodo.
El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social trasladó a los diputados de la Comisión del Pacto de Toledo un informe técnico que desaconsejaba la adopción de medidas de compensación con carácter retroactivo por su elevado coste para las arcas públicas, ya que éste según sus estimaciones no bajaría de 2.300 millones de euros. Dicho informe, elaborado por la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, advertía también sobre las posibles consecuencias jurídicas de desactivar hacia adelante el coeficiente reductor que lastra las pensiones de este colectivo.
En este sentido, aseguraba que "la supresión del coeficiente reductor por anticipo de la edad de jubilación no se puede aplicar solo a un colectivo (como el de los mutualistas) que lo solicite sino a todos aquellos pensionistas o trabajadores que estén en la misma situación". Una premisa que, según señala el documento, situaría en condición de reclamar ese mismo trato y de poder exigir la desactivación de los coeficientes reductores aplicados en su día a 2.143.000 pensionistas, lo que al menos multiplicaría por cuatro el coste presupuestario estimado.
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