Con las grandes decisiones en torno a los impuestos zanjadas, las negociaciones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y su socio prioritario, el grupo parlamentario de Unidos Podemos, están a punto de adentrarse en un campo en el que ambas formaciones se sienten mucho más a gusto: el tablero de las medidas sociales. Y, en este sentido, la formación morada ha puesto en liza su primera gran baza: la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros de forma tan inmediata como que se recoja ya en los Presupuestos Generales del Estado de 2019.
Todo ello, una vez que ya se ha establecido el perímetro de negociación en el entorno fiscal, según fuentes de Podemos. Que es como decir que ambas partes ya han cerrado el grueso de esta parte de la negociación política. En la parte de los flecos, sí hay un aspecto en el que Podemos no va a ceder de ninguna de las maneras. Se trata de la tributación de las empresas. Tienen que pagar más sí o sí. Delimitado por el mismo presidente del Gobierno el tipo mínimo de Sociedades que se cobrará a las grandes compañías en un 15%, y ya que Podemos quería algo más, la formación de Iglesias propone a cambio limitar en el tiempo las deducciones de las que se benefician estas empresas.
Según informan a EFE desde Podemos, si el tipo mínimo obligatorio del Impuesto de Sociedades se establece en el 15% sobre la base imponible, y no sobre el resultado contable, Hacienda deberá revisar las deducciones de las grandes empresas y limitarlas en el tiempo. "Hay que revisar las bases imponibles negativas porque no puede ser que duren sine die", señalan al tiempo que abogan por que las deducciones se limiten por ejemplo cuatro años. El caso es que se recaude notablemente más por esta vía y no sea una medida con escaso impacto en los ingresos (y en la percepción posterior de los españoles).
Además, a cambio de no crear un nuevo impuesto a la banca Podemos exige que se grave la compra venta de acciones como ocurre en Francia, y las transacciones con derivados con el 0,01%, igual que en Alemania. Es decir, que la formación morada admite que no puede lograr todos sus planteamientos máximos y cede en su presión al Gobierno. Lo importante es que tanto para el caso de las empresas en general como para la banca se tomen decisiones.
Precisamente, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado en relación a los beneficios de las grandes empresas producidos en el extranjero que "las cuestiones que tributan en el extranjero tendrán una parte de tributación en España similar a la que se produce en países como Francia o Alemania", sin precisar si ello se refiere a los dividendos de las grandes compañías internacionalizadas.
Mientras tanto, las mesas negociadoras en torno a la vivienda y a nuevas medidas laborales están abiertas, pese a que no se han reunido formalmente, pero el secretario de Organización del partido, Pablo Echenique, ya ha dejado claro que otra exigencia para apoyar los Presupuestos es subir el SMI a 1.000 euros el próximo año y no en 2020 como contemplaba la Alternativa Presupuestaria del PSOE presentada antes de llegar al Gobierno. La batalla pasa ahora al campo del gasto social, un terreno mucho más agradecido.
En febrero de este año el Pleno del Congreso aprobó el acuerdo alcanzado por sindicatos y patronal para que el SMI subiera el 4% este año, hasta 736,01 euros en 14 pagas; el 5% en 2019, hasta 773 euros y el 10% en 2020, hasta 850 euros, aunque dichas alzas están vinculadas a que la economía crezca más del 2,5% y se creen 450.000 empleos cada año. Podemos urge modificar estos criterios y acelerar en el tiempo la subida del salario mínimo para que se sobrepase los 1.000 euros de manera automática a lo largo del próximo ejercicio.
La formación morada desconfía, toda vez que en el Congreso de los Diputados está paralizada desde hace casi dos años la proposición de Ley que fue aprobada por mayoría para que el SMI subiera de forma escalonada hasta situarse en el 60% del salario medio neto español.
Aquella iniciativa elaborada por Unidos Podemos concretaba un alza del SMI a 800 euros mensuales en 2018 y a 950 euros en 2020, y de momento sigue en plazo de enmiendas sin llegar a su debate en la Comisión de Empleo.
Además del SMI, otra de las cuestiones laborales que el Gobierno analiza con Podemos es la modificación del Estatuto de los Trabajadores para devolver la prevalencia al convenio sectorial frente al de empresa y limitar la subcontratación. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, dijo durante su primera comparecencia en el Congreso que habría que endurecer los "descuelgues" o inaplicaciones de convenio colectivo para que vuelva a ser un mecanismo excepcional y recuperar la ultraactividad de los convenios para que no pierdan su vigencia.
Igualar las condiciones salariales y laborales de los trabajadores de las subcontratas con los contratados por la empresa principal que realizan las mismas funciones es otra apuesta socialista apoyada por Podemos, así como la revisión de todas las prestaciones para simplificar los actuales subsidios. En este punto, Podemos exige que las prestaciones no sean ni temporales ni residuales sino que den garantía a aquellos que las necesitan.
De forma paralela se avanza en las medidas para fomentar la bajada de los precios del alquiler y aunque Hacienda no es partidaria de tocar la fiscalidad de las sociedades de inversión inmobiliaria (Socimi), que actualmente tributan al 0 % en el Impuesto sobre Sociedades, Podemos insiste en subir este impuesto, según informan desde esta formación.
También ha pedido la posibilidad de sancionar a los grandes tenedores de pisos vacíos y dar mayor potestad a los ayuntamientos para "pinchar" la burbuja del alquiler que pueda existir en determinadas áreas metropolitanas.
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