"Me alegra anunciarles que hemos llegado un acuerdo y tenemos el compromiso de nuestro socio de gobierno para llevar un texto conjunto en septiembre al Consejo de Ministros". Con estas palabras, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, anunciaba esta semana un pacto con el PSOE para aprobar la Ley de Familias después del verano. Pero lo cierto es que, a estas alturas, Unidas Podemos solo ha podido arrastrar al socio mayoritario de la coalición a consensuar un calendario para la puesta en marcha de una de las leyes estrella promovida por los morados, ya que los socialistas siguen frenando el grueso de las medidas que irían incluidas en ese paquete familiar. Quedan tres meses de intensas negociaciones.
Según ha podido saber La Información, Belarra ha conseguido arrancar este compromiso al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, después de meses intentando sacar adelante la ley más importante de su cartera. Ahora bien, el PSOE solo se ha comprometido a aprobarla en septiembre, no a incluir todas las medidas que plantea Unidas Podemos. Sin embargo, los morados se conforman con esa cesión porque solo el hecho de establecer un plazo y fijar un deadline ya obliga al socio de Gobierno a sentarse a negociar. "No nos han dado el visto bueno a las propuestas, solo hemos logrado convencerles para poner un plazo, pero en ese plazo el acuerdo tiene que salir", afirman fuentes del equipo de la ministra de Derechos Sociales.
Una de las medidas estrella de la Ley de Familias es una prestación universal por crianza de 100 euros al mes para todas las madres españolas, que se elevaría hasta los 125 euros en el caso de las familias monoparentales. Esta renta vendría a complementar a la ayuda por maternidad que ya contempla la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para madres trabajadoras y que supone una cuantía de 1.200 euros anuales por cada hijo menor de 3 años que puede hacerse efectiva de manera anticipada o aplicando la deducción en la declaración anual del IRPF. Unidas Podemos lleva intentando convencer al PSOE de la necesidad de aprobar esta suerte de 'cheque bebé' de 1.200 euros anuales desde septiembre de 2021, pero Hacienda la ha venido tumbando por motivos presupuestarios y por ahora la ministra María Jesús Montero se mantiene en el 'no'.
Hacienda rechaza esta medida a pesar de que el Gobierno plasmó este planteamiento en el documento 'España 2050', donde se propone reformar las prestaciones familiares, bajo el argumento de que las políticas de soporte económico de los hogares con hijos a cargo se concentran en el tratamiento que hace el IRPF de la institución familiar y "estas no tienen efecto sobre los hogares con menores y rentas más bajas, que son protegidos de manera claramente insuficiente". "En concreto, aquellas personas y familias que no presentan declaración del IRPF porque no obtienen rentas no pueden beneficiarse del ahorro fiscal correspondiente a las cargas por descendientes", apunta el documento, que plantea cambiar el tratamiento fiscal para que, como ocurre con la deducción por maternidad, pudieran ser devueltas a los hogares que no tienen obligación de tributar, pero cuyos ingresos están por encima del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
En paralelo, el Ejecutivo planteaba en esa hoja de ruta para los próximos 30 años crear una nueva prestación por crianza de hijos, en este caso menores de 18 años. "En un primer momento, esta prestación deberá dirigirse a todas aquellas familias que se encuentran en situación de riesgo de pobreza, pero no cumplen los requisitos para acceder al IMV. Posteriormente, deberá ampliarse al resto de familias del país, tal y como ya se hace en la mayoría de los estados europeos", defiende el documento que presentó en un gran acto hace ahora un año el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que fue elaborado por un centenar de expertos convocados por el que fuera responsable de la Oficina de Prospectiva de Moncloa, Iván Redondo.
Ampliación de los permisos
El 'cheque bebé' forma parte de un 'paquete familiar' más amplio que está peleando UP y que incluye la ampliación de la duración de los permisos de maternidad y paternidad hasta los 6 meses. Hacienda también se negó a a incluir esta medida en los Presupuestos de 2022 alegando que el Gobierno ya ha hecho un esfuerzo muy importante con la ampliación progresiva de los permisos de maternidad y paternidad hasta las 16 semanas. Pero los morados no se rinden y desde el departamento que dirige Ione Belarra insisten en que en los próximos tres meses van a centrar todos sus esfuerzos en convencer a los socios del PSOE de que es necesario prolongar las bajas de maternidad y paternidad, así como facilitar que las familias de un solo progenitor puedan cogerse ambos permisos o que uno de ellos pueda disfrutarlo un conviviente que se responsabilice de la crianza o familiar de segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Todas estas medidas se van a seguir negociando en el seno del Gobierno a lo largo del verano para poder llegar a septiembre con un planteamiento definido. Mientras tanto, el Consejo de Ministros va a dar luz verde el próximo martes a la reforma de la ley del aborto, donde el Ministerio de Igualdad está intentando introducir medidas como la aprobación de una baja laboral específica por menstruación incapacitante o de un permiso retribuido para el último mes de embarazo. Por su parte, el Ministerio de Trabajo está elaborando una nueva normativa para ahondar en las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar para trabajadores con hijos y cuidadores, preparando una ley de trabajo flexible para padres que incluye más ayudas económicas y que verá la luz, como tarde, en agosto, según figura en el Plan Anual Normativo de 2022.
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