"Es una línea roja. No basta con generar más ingresos, tenemos que avanzar hacia un sistema fiscal más progresivo y eso exige actuar sobre las rentas más altas". El grupo parlamentario de Unidos Podemos ya ha dejado claro al Gobierno que la eventual implantación en España de la Tasa Tobin para gravar las transacciones financieras, el impuesto a las tecnológicas o la reforma del Impuesto de Sociedades no será suficiente para granjearse el apoyo del bloque de izquierdas a los Presupuestos de 2019. Exigen un sistema fiscal más progresivo y ello exige subir los impuestos que pagan los contribuyentes con rentas más altas.
Así lo aclara el portavoz de Economía de IU, concejal del Ayuntamiento de Madrid y miembro del equipo que está negociando con el Ministerio de Hacienda el eventual respaldo del bloque parlamentario de Unidos Podemos a los Presupuestos de 2019, Carlos Sánchez Mato, en declaraciones a La Información. "Hay que aumentar la progresividad del sistema fiscal y ya le hemos dicho al Gobierno que eso no se hace ni con el IVA ni con impuestos indirectos ni con impuestos verdes. Tenemos que elevar los impuestos aquellos que han salido más beneficiados de la crisis, las rentas más altas, y en la respuesta del Ejecutivo a nuestra propuesta no hemos visto nada de subir el IRPF, ni de un impuesto a las grandes fortunas, ni del Impuesto de Patrimonio. Así es difícil que apoyemos nada".
El Gobierno ha tratado de esquivar a toda costa cualquier modificación del IRPF de cara a los Presupuestos de 2019, consciente de que cualquier decisión en este impuesto no sólo es material sensible de cara a los votantes sino que además podría comprometer el apoyo de fuerzas más conservadores como el PdCat o PNV cuyo respaldo parlamentario también es necesario para sacar adelante las cuentas públicas.
Y ello a pesar de que en su 'Proyecto para España' presentado en abril de 2018, apenas dos meses antes de acceder al Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy, el Partido Socialista sí defendía el establecimiento de un tipo incrementado del 26,5% en el IRPF - en la actualidad, el tipo máximo estatal está en el 22,5% - para los contribuyentes con rentas superiores a los 150.000 euros.
Y no se quedaba ahí, sino que también planteaba elevar la fiscalidad del ahorro para los contribuyentes con rentas globales superiores a 150.000 euros, que obtuvieran más de 50.000 euros anuales de sus inversiones o instrumentos financieros - según sus cálculos, los que concentran el 40% de la base liquidable del ahorro del IRPF-, una maniobra con la que pretendían obtener una recaudación extra de 1.500 millones de euros.
Sin embargo, entre las muchas alternativas fiscales puestas encima de la mesa por el Gobierno en los dos últimos meses ninguna de estas dos opciones se ha mencionado en ningún momento y desde Hacienda incluso se ha llegado a deslizar que cualquier actuación en el IRPF se pospondría a una eventual segunda etapa de Gobierno.
Impuesto a grandes fortunas e impuesto mínimo en Patrimonio
Pero el bloque de izquierdas no está dispuesto a esperar. Aseguran que ya han tenido que esperar demasiado durante la etapa del PP y que el Ejecutivo socialista debe demostrar que su compromiso teórico con la progresividad fiscal y la atención de las necesidades de las rentas más bajas no es pura teoría.
Entienden que hay cauces de sobra para hacerlo y que el propio Partido Socialista los ha planteado en algún momento. El equipo negociador de Unidos Podemos exige la adopción de alguna medida en el Impuesto sobre la Renta, plantea que también se podría abordar la creación de un nuevo impuesto específico sobre grandes patrimonios y recalcan que no se puede mantener la actual situación del Impuesto de Patrimonio.
En este sentido, Sánchez Mato aboga por recuperar el potencial recaudatorio del impuesto, reimplantándolo con todas las de la ley - actualmente es un impuesto en el alero que exige de una prórroga específica por parte del Gobierno- y penalizando a las autonomías que resuelvan prescindir de su recaudación, como ocurre en la actualidad con la Comunidad de Madrid y La Rioja.
"Lo que no se puede permitir es que la España pobre compense los impuestos dejados de pagar por los grandes patrimonios de la España más rica. Si un Gobierno regional decide renunciar a los ingresos de Patrimonio, se le tendrán que minorar de lo que percibe por la financiación autonómica", remacha Sánchez Mato.
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