Los equipos de negociadores del Ministerio de Hacienda y del grupo parlamentario que aglutina a Podemos, IU y las confluencias se reunirán este miércoles para acercar posturas sobre las medidas fiscales a incluir en el proyecto de Presupuestos de 2019. Sobre la mesa, la reforma del Impuesto de Sociedades, la posibilidad o no de introducir un nuevo impuesto sobre la banca - el Gobierno no lo incluyó en su primer documento de negociación -, la exigencia del bloque de las izquierdas de subir la fiscalidad a los grandes contribuyentes... y otro asunto que puede acabar generando un terremoto político: la intención de Podemos de introducir un cambio en la financiación autonómica para penalizar a las comunidades autónomas que eliminen el Impuesto de Patrimonio.
El bloque de izquierdas pretende recuperar una idea que ya defendieron algunos de los expertos reunidos por el Gobierno de Rajoy para marcar la hoja de ruta de la futura financiación autonómica: que los ingresos del Impuesto de Patrimonio se tengan en cuenta a la hora de valorar la capacidad económica de las comunidades autónomas, la base sobre la que luego actúan los fondos complementarios del sistema para garantizar una similar financiación por habitante y también una cierta redistribución de la riqueza entre autonomías.
"Lo que no se puede permitir es que haya gobiernos de comunidades autónomas ricas que renuncien a esos ingresos y luego reciban fondos de otras comunidades autónomas con menos recursos", protestan fuentes del equipo negociador del bloque de izquierdas en clara referencia a la Comunidad de Madrid, que tiene bonificado al 100% el pago del Impuesto de Patrimonio de sus contribuyentes. "Lo que defendemos es que si hay comunidades que renuncian a esos ingresos, se les detraigan en la financiación autonómica".
En la actualidad eso no ocurre. El actual modelo de financiación autonómica se aprobó un puñado de meses después de que el Gobierno de Zapatero decidiera fulminar el Impuesto de Patrimonio y un par de años antes de que la crisis obligara al Ejecutivo a reactivarlo en los estertores de su mandato. Es decir, que a la hora de calcular los recursos con que contarían las comunidades autónomas en la nueva financiación autonómica el Impuesto de Patrimonio no se tuvo en cuenta.
La consecuencia es que el Impuesto de Patrimonio tiene 'de facto' la misma consideración que los impuestos propios para el sistema: son potestad de cada región y no se tienen en cuenta a la hora de calcular la capacidad económica de cada una de ellas. Su efecto es inocuo.
Malas noticias para la Comunidad de Madrid y La Rioja
La propuesta del bloque de izquierdas es que eso deje de ser así. Que el Impuesto de Patrimonio se tenga en cuenta a la hora de ponderar la capacidad económica de cada territorio y, por tanto, que sus ingresos se detraigan a la hora de recibir otros fondos complementarios, y así se le ha transmitido a Hacienda.
El cómo hacerlo es lo que Podemos negociará con Hacienda a partir de este miércoles. El informe de los expertos en financiación autonómica identificaba dos posibles vías: tener en cuenta la recaudación potencial que se obtendría a partir de la configuración estatal del impuesto o establecer un rango mínimo de ingresos, coherente con la fijación de un suelo obligatorio para todas las comunidades autónomas.
Ésta última opción ha sido, precisamente, la que ha defendido históricamente la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su etapa como consejera de Hacienda: fijar una horquilla de tributación mínima y máxima para todas las comunidades autónomas para evitar los efectos perniciosos de una batalla fiscal entre territorios.
Las principales perjudicadas de un acuerdo a este respecto en los Presupuestos de 2019 serían la Comunidad de Madrid, sobre todo, y La Rioja. La Comunidad de Madrid bonificó al 100% el Impuesto de Patrimonio, evitando que sus contribuyentes tuvieran que pagarlo, nada más aprobar el Gobierno de Zapatero su reimplantación y no se puede decir que su estrategia no haya resultado: ha conseguido atraerse a cientos de contribuyentes de rentas elevadas. La Rioja lo tiene bonificado al 75% y su intención es eliminarlo por completo en 2019.
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