'Podemos' presenta un programa difuso en materia de corrupción y recorte de las administraciones

Con la lucha contra la corrupción de las instituciones como bandera, las propuestas de Podemos en ese sentido ocupan también un lugar destacado en su programa. Cierto es que con las limitaciones de una propuesta destinada a unas elecciones autonómicas, y que no tiene competencia, por tanto, para cambiar el sistema penal o para recoger muchas de las medidas que sí se podrían contemplar en el programa de unas generales.

Una de las destacadas ayer por el propio secretario general, Pablo Iglesias, fue la que denominan "ley de transparencia autonómica o paredes de cristal". "Creemosque el cambio empieza por cambiar las instituciones, por dotarnos de unas herramientas públicas con paredes de cristal, que estén a la altura de la gente, que sean profesionales y eficaces, donde la soberanía popular se manifieste cada día", defienden en su programa.

En este apartado se incluyen propuestas destinadas, sobre todo, a mejorar el nivel de transparencia de la administración autonómica. Paso imprescindible, coinciden los expertos en esta materia, para que la lucha contra la corrupción institucional resulte efectiva. Así, se obligará a los cargos electos a realizar una declaración anual de bienes-algo que ya practica el partido- siendo la primera "previa a la toma de posesión del cargo". También estarán sujetos a una declaración de gastos mensuales, en la que informen de aquellos relativos a sus funciones de representación, telefonía, etc, y habrán de informar de su agenda pública, "donde se especificará a qué entidades representan las visitas y qué se ha tratado en las reuniones". Una forma de evitar la influencia de los llamados lobbies o grupos de presión.

"Todo lo que tenga que ver con la transparencia tiene que ver también con una posibilidad de hacer que la corrupción baje y evitar las puertas giratorias", razona Miquel Seguró, investigador de la Càtedra Ethos de la Universidad Ramon Llull y editor del libro "Hartos de corrupción", en el que se recogen las opiniones de diferentes expertos. El partido pretende articular en una ley la prohibición de las "puertas giratorias" y de regulación de lobbies en cada comunidad autónoma y su capacidad de influir en la elaboración de normas autonómicas.

"Lo peor de la corrupción es que pone en cuestión la viabilidad y la confianza en el sistema. Todo lo que tenga que ver con la transparencia es bienvenido, pero también tiene que haber un control de calidad de esa transparencia, saber cuánta transparencia se puede exigir, cuál es su límite", dice Seguró.

El eje de Podemos en este ámbito se articula en torno a la cultura del "Open Data", esto es, "datos abiertos". Una filosofía, explican desde el partido, que persigue la libre disponibilidad de los datos de las administraciones para todo el mundo, sin restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control. Por ejemplo, se contará con una "web de transparencia", desde la que se podrá acceder a esa información y se incidirá especialmente en el ámbito de la contratación: en este sentido, se harán públicos todos los contratos con "antelación suficiente para evitar monopolios", de forma que "todas las empresas que quieran participar tengan tiempo suficiente e igualdad de oportunidades", se afirma en el programa. Además, se abrirá una base de datos de contratación y licitaciones y se obligará a las empresas que opten a toda licitación pública a "enviar la documentación relativa a la contratación con la Administración en formatos abiertos, lo cual facilitará su publicación en la red".

Juan Carlos Galindo, una de las voces más acreditadas del país en lucha contra la corrupción y presidente de ASEBLAC, Asociación nacional de sujetos obligados de prevención de blanqueo, llama la atención sobre estas contrataciones como foco esencial para erradicar la corrupción.

Su primera medida es rotunda: "Algo tan sencillo como identificar a los proveedores", responde, "Si lo hacemos, descubriríamos que la mitad de las empresas son de primos, de tíos, de familiares de concejales. Debe identificarse quién está detrás y también verificar que el negocio no cambie de propietarios, de sede social... ". Un ejemplo: Para licitar un contrato de basuras en cualquier ayuntamiento de España "sólo se pide el CIF y que la empresa esté al día en la Seguridad Social y en Hacienda...Es de juzgado de guardia", advierte Galindo.

Un dato más sirve para dibujar un terreno que parece abonado a los corruptos: "Hay ayuntamientos, muchos, que no tienen ni siquiera un certificado de titularidad de la cuenta corriente. Eso significa que no sabemos ni a quién estamos pagando".Funcionarios delatores

En la lucha contra el fraude, Podemos contempla la creación de una Oficina que será un órgano de investigación y prevención para evitar la corrupción política y económica, dentro de las competencias de cada comunidad, "realizará las funciones de análisis de riesgos, de investigación permanente y de denuncia de los hechos susceptibles de constituir su objeto", explican en el programa. Este órgano será independiente y responderá directamente al Parlamento.

En este ámbito se prevé, por ejemplo, crear una "oficina virtual del funcionariado", que permitirá a los funcionarios públicos señalar de forma anónima los expedientes administrativos que juzguen irregulares a las instituciones de control y prevención, que tendrán un acceso ilimitado a ellos.

"Lo valoro de forma positiva, en tanto en cuanto 'al vigilante se le vigila', aunque lo veo peligroso por dos motivos: por el estado de paranoia que puede generar y también por el uso perverso o interesado que pueda ejercer el funcionario público y que puede manchar el nombre de alguien. Pero creo que es un riesgo que creo que hay que asumir", razona Seguró. El partido asegura que dotará de las garantías necesarias para evitar represalias sobre los denunciantes de la corrupción.

"Hay miedo a las represalias, pero también a que la denuncia sea inútil, a exponerse sin obtener ningún tipo de resultado", opina Seguró, "Si se usa bien es una medida perfecta, pero tiene que existir también una corresponsabilidad de todos los ciudadanos, y que se utilice en los términos correctos".

Victoria Anderica, coordinadora de campañas y proyectos de Access Info Europe, coincide en la importancia de la medida. "Lo ideal no es que la administración filtre la información , sino que el ciudadano tenga derecho a acceder a ella. En los casos en los que se nos impida hacerlo, es importante que exista un funcionario que entienda que se está cometiendo un delito y dé el paso para que ese sistema de transparencia sea completo", afirma, matizando, no obstante, que su regulación habría de hacerse a nivel estatal.

Anderica comprende la falta de concreción que suele caracterizar a los programa electorales, y advierte de la necesidad de incidir, no sólo en la información que publican las instituciones, sino en reforzar el derecho de los ciudadanos a demandarla. "Se habla de acceso a información prioritaria, que está muy bien, pero para que una ley de transparencia sea completa habrá que entrar en más detalles. La clave de un sistema de transparencia es el derecho de acceso a la información. El 'Open Data' es positivo, pero haría un refuerzo en ese otro derecho ciudadano, ahí es donde estamos trabajando nosotros". La organización ha publicado precisamente hoy su batería de propuestas a los partidos para que mejoren sus medidas de transparencia.

Para luchar contra la corrupción el partido propone además la creación de un fichero con los nombres de las personas físicas y jurídicas condenadas en casos de corrupción para asegurar el cumplimiento de las prohibiciones en la contratación pública previstas en la ley de contratos del sector público. También se contempla una reestructuración de la administración, con unareducción drástica de los altos cargos en las comunidades autónomas. El personal funcionario debe estar al frente de los equipos. "El ahorro que produzca esta reducción de altos cargos se destinará a la recontratación de los trabajadores de la sanidad y de la educación que han sido despedidos desde el año 2008", aseguran desde la formación.

El programa resulta también difuso en lo relativo a la estructura de la administración que pretende. Sí se señala que se procederá a una "revisión de los servicios prestados en las diputaciones, cabildos y consells para redirigirlos a estructuras mancomunadas o comarcales", de forma que "se ajusten a las realidades socioeconómicas de los territorios y las poblaciones". Según han indicado desde el partido, este documento habrá de entenderse como un documento-marco y tendrá que ser desarrollado después por cada comunidad.

Además, se contempla una "evaluación de la deuda de la Administración Pública y de las empresas con participación pública en capital, consorcios e institutos públicos". "Se analizarán las posibles responsabilidades sancionables tanto económicas como legales de gobiernos anteriores", dice el partido, sin aportar mayores concrecciones.